El Gobierno español decreta el estado de alarma en Madrid

El Gobierno de España decretó el estado de alarma en la región de Madrid por 15 días para poder restringir el movimiento de los ciudadanos frente al incremento de contagios de Covid-19, informó el viernes 9 de octubre el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

"Proteger la salud de los madrileños es indiscutible y que hay transmisión comunitaria (de Covid-19) en Madrid también lo es", sostuvo Illa en la rueda de prensa posterior a un consejo de ministros extraordinarios para aprobar la orden.

La región de Madrid tiene una incidencia del coronavirus de 723 casos por cada 100.000 habitantes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el periodo de dos semanas hasta el 8 de octubre, lo que le convierte en el segundo peor foco de Europa después de Andorra.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que se desplegará de inmediato un dispositivo de 7.000 policías y guardias civiles que controlarán los accesos y salidas de las localidades afectadas, así como las infraestructuras de transporte colectivo.

La declaración del estado de alarma para la Comunidad de Madrid sube un grado más la tensión entre el Gobierno central de coalición de izquierda y el Ejecutivo conservador de la región.

"Me siento mal porque no sé ni cómo actuar, ni qué hacer, si hago bien, si hago mal, y me veo totalmente 'ingobernado' por nuestros propios políticos, que me parece que no están dando la talla", dijo a Reuters Jesús Doria, un jubilado de 64 años en la madrileña Puerta del Sol.

Siguiendo una orden del Ministerio de Sanidad para frenar la propagación del Covid-19 en uno de los peores focos del virus en toda Europa, las autoridades madrileñas prohibieron el viernes 2 de octubre todos los viajes no esenciales dentro y fuera de la ciudad y otras nueve poblaciones con casi 4 millones de personas.

Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió no ratificar las restricciones de movimiento el pasado jueves, señalando que iban en contra de derechos y libertades fundamentales y recordando que la Constitución tenía otros instrumentos jurídicos que sí las amparaban.