La Asamblea gasta USD 127.000 mensuales en la vivienda de los legisladores

Los 137 asambleístas tienen una serie de beneficios que hacen que cada uno cueste al país un promedio de USD 15.000 mensuales. Uno de los rubros más altos que los legisladores reciben es la compensación por vivienda, que se paga a quienes viven fuera de Quito.

113 legisladores cobran un bono mensual de USD 1.125 para radicarse en la capital. Este beneficio solo aplica para quienes tienen su vivienda permanente a más de 60 kilómetros de Quito, donde funciona la sede de la Asamblea Nacional.

Entre estos legisladores, constan todos aquellos que no viven en Pichincha. Las ciudades registradas son tan cercanas como Latacunga (a unas dos horas), o tan lejanas como Zumba (casi a 15 horas de Quito).

Los pagos para vivienda para los asambleístas suman USD 127.125 mensuales.

Otros beneficios de los asambleístas

Además del bono para que vivan en Quito, los miembros de la Asamblea reciben pasajes aéreos y plan de celular. Para su trabajo, tienen derecho a dos asistentes y dos asesores, sin mayores requisitos. Por esta razón, contratan como asesores a personas que tienen títulos como veterinarios o diseñadores de interiores.

El salario mensual de los asambleístas es de USD 4.759 desde 2019, que multiplicado por los 137 asambleístas que conforman el Legislativo significa en egreso para la Asamblea Nacional de USD 651.983 al mes.

Además reciben los beneficios de ley, como decimotercer y decimocuarto sueldos y afiliación a la Seguridad Social.

Cada asambleísta tiene dos asesores y dos asistentes, cuyos salarios suman en total USD 8.347 mensuales.

Estos funcionarios también reciben beneficios de ley. Además, los asesores nivel 1 también tienen compensación por vivienda cuando residen fuera de Quito. 59 asesores reciben este bono, de acuerdo a la información entregada por la Asamblea a PRIMICIAS.

Marcelo Espinel: “La ciudadanía se siente lejana a la Asamblea”

El director del Observatorio Legislativo, Marcelo Espinel, considera que es necesario abrir un debate con la ciudadanía para decidir qué se puede hacer con los recursos que se usan en los 137 asambleístas.

Espinel cree que, más allá de lo que se gaste, la transparencia en el uso del dinero público debería ser una prioridad.