Glas no defendió su habeas corpus, Procuraduría pide nulidad del proceso

El Tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena, analizará el expediente de la sentencia y en ocho días, a partir del 18 de mayo, dará a conocer su decisión sobre la apelación el habeas corpus otorgado a favor del exvicepresidente Jorge Glas, el 9 de abril de 2022, por un juez de Manglaralto.

El Tribunal está conformado por los jueces Silvana Caicedo, ponente y presidenta de la Corte de Santa Elena, Kléber Franco y Juan Camacho.

Glas no acudió a la audiencia y tampoco su abogado, Edison Loaiza. Tampoco estuvo la accionante, Nicole Malavé, quien solicitó el habeas corpus a favor del exvicepresidente y que, antes, intentó diferir la audiencia, porque el abogado Loaiza se reportó enfermo.

Pero como la defensa de Glas tenía registrado un segundo abogado, que no presentó justificación, los jueces decidieron continuar con la audiencia, por omisión propia de la defensa y sin perjuicio de nulidad.

Aunque en un inicio estaban registrados para participar 43 amicus curiae, en la audiencia intervinieron solo 12, entre ellos la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Salud Pública y varios exfuncionarios que trabajaron con Glas.

La audiencia inició a las 09:30 del miércoles 18 de mayo, por una amenaza de bomba que fue desestimada por la Policía que cercó los alrededores de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena.

Los argumentos de los involucrados

La primera intervención estuvo a cargo del Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad (SNAI). “No hubo traslados de Jorge Glas entre centros. Otra cosa es una evacuación que se hace por seguridad”, dijo Lorena Merizalde, abogada del SNAI.

Merizalde fue la primera en solicitar que se deje sin efecto decisión del juez de Manglaralto, Diego Moscoso, quien otorgó el habeas corpus a favor de Glas el 9 de abril de 2022.

El procurador Íñigo Salvador, quien acudió presencialmente a la audiencia en Santa Elena, mantuvo el argumento de que “la Procuraduría debió haber sido citada y notificada con la providencia de la audiencia de habeas corpus y eso no ocurrió (...) lo que acarrea la nulidad del procedimiento”

Según Salvador, la Procuraduría como representante legal del Estado ecuatoriano debía estar presente en la audiencia del 9 de abril porque el SNAI es una entidad estatal que carece de personería jurídica y fue el demandado en la petición de habeas corpus.

Salvador pidió la nulidad del proceso, y el regreso de Jorge Glas al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga y, además, procesar por error inexcusable al juez Moscoso.

La Fiscalia General del Estado participó en la audiencia bajo la figura de "terceros interesados", porque impulsó los procesos por los delitos de asociación ilícita y cohecho, que terminaron en sentencias condenatorias ejecutoriadas contra Glas.

"Debe cumplir la pena impuesta por los jueces competentes”, dijo José Luis Arcos, quien representó a la fiscal Diana Salazar.

Los argumentos de la Fiscalía se centraron en que el sorteo de la audiencia se realizó de manera manual y fuera del horario laboral, "lo que contraviene el procedimiento administrativo".

Además, según Arcos, "la falta de transparencia con la que se llevó adelante a través del sistema, no permitió que las partes procesales presenten en audiencia los argumentos, vulnerando así el derecho al debido proceso".

En las intervenciones de los amicus curiae a favor de Jorge Glas, estuvieron personas que trabajaron con él, como uno de sus conductores: Washington Rojas, quien dijo que veía que el exvicepresidente "tomaba como 30 pastillas al día".

Las demás comparecencias se centraron en las malas condiciones del sistema de privación de libertad y las masacres que han ocurrido en las cárceles. Lo que, dijeron, vulnera el derecho a la vida de Jorge Glas.

Mientras se desarrollaba la audiencia, que duró alrededor de tres horas, un cerco policial resguardaba los exteriores de la Corte Provincial de Santa Elena, ante la llegada de simpatizantes del movimiento Revolución Ciudadana.

Estos grupos se apostaron en los exteriores de la Corte con banderas, carteles, pantallas gigantes y gritaron consignas de apoyo al exmandatario.

De revocarse el habeas corpus, Glas tendrá que volver a la cárcel regional de Cotopaxi a cumplir con sus dos sentencias ejecutoriadas: una de seis años de prisión, por asociación ilícita, en el caso Odebrecht; y la segunda, de ocho años, por cohecho, dentro del caso Sobornos.