El nombre de Mario Godoy acapara los pedidos de información de la Asamblea entre finales de 2025 e inicios de 2026
Las bancadas de ADN y Revolución Ciudadana escrutan la gestión de Mario Godoy a raíz de la denuncia de un juez anticorrupción. Sus allegados, así como su llegada al Consejo de la Judicatura, concitan la atención política.
Mario Godoy acudió el 5 de enero de 2026 a la Asamblea dentro de la fiscalización por las supuestas presiones a un juez anticorrupción.
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Fernando Sandoval/ Asamblea Nacional
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La denuncia de una supuesta presión desde el Consejo de la Judicatura (CJ) a un juez anticorrupción, para beneficiar a un traficante de drogas serbio, desató una inusual cantidad de pedidos de información desde la Asamblea Nacional sobre su presidente, Mario Godoy.
Desde que se difundió la noticia, a través de una columna firmada por Felipe Rodríguez en PRIMICIAS, el 17 de diciembre de 2025, los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN), Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik, han ingresado 15 solicitudes a diferentes entidades del Estado en torno al tema.
El juez Carlos Serrano aseguró que recibió presiones del entonces director de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, cercano a Godoy, quien lo habría contactado con insistencia para que le "prestara especial atención" a la defensa del serbio Jezdimir Srdan, previo a emitir una sentencia.
El primero en reaccionar fue el asambleísta oficialista Andrés Castillo que, según el sistema de datos legislativos, solicitó el 18 de diciembre de 2025 información para conocer, entre otras cosas, "¿Qué medidas concretas ha adoptado el Consejo de la Judicatura para garantizar la independencia de los jueces anticorrupción frente a presiones internas o externas?".
La Judicatura ya respondió el pedido. La entidad explicó que ha implementado varios mecanismos y canales de denuncias para los servidores judiciales que sientan que han sido presionados.
Además, informó que hasta el 26 de diciembre de 2025, la Dirección Nacional de Transparencia de ese organismo no encontró registro de denuncias presentadas por alguno de los integrantes de la Unidad Anticorrupción.
Otros asambleístas de ADN que han solicitado información son Esteban Torres, en línea similar a la de Castillo, y la presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres, que pidió una cronología de las acciones de tipo administrativo que fueron solicitadas por el juez para proteger su integridad.
Pedidos se extienden a otras entidades
Las solicitudes de información no se limitan al Consejo de la Judicatura, que es donde Mario Godoy ha ejercido funciones desde julio de 2024, temporalmente, y desde septiembre de 2025, de manera definitiva.
El legislador por Pachakutik, Alex Toapanta, ingresó dos oficios dirigidos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Uno, pidiendo información sobre las impugnaciones que se presentaron contra la postulación de Godoy y que fueron desechadas.
El otro documento, para que el Cpccs remita el expediente completo del proceso de designación, incluyendo las actuaciones y resoluciones administrativas que concluyeron con la actual conformación del CJ.
Incluso, la correísta Janeth Bustos está interesada en saber qué era de la vida profesional de Mario Godoy antes de que saltara al mediático cargo de presidente del ente que administra el sistema de Justicia en Ecuador.
Por eso, el 29 de diciembre de 2025, pidió a la petrolera estatal que le indique "fechas exactas de ingreso y salida, así como los cargos desempeñados, por el ciudadano Mario Godoy Naranjo en Petroecuador, indicando el tipo de nombramiento o vínculo contractual que haya mantenido con la institución".
La onda investigativa alcanza a otros actores
El afán fiscalizador que surgió entre los asambleístas, desde mediados de diciembre de 2025, en torno al presidente del CJ no se limita únicamente a su llegada y gestión personal al frente de ese organismo.
Más que un pedido de información, el 6 de enero de 2026 el legislador de RC, Luis Molina, solicitó a la Contraloría General del Estado que inicie un examen especial a la conformación de la comisión técnica de selección del concurso para conformar la Judicatura.
La sospecha es que hubo irregularidades en el Cpccs en la integración de esa instancia, en la que habrían participado personas cercanas a Mario Godoy, lo que pudo producir un conflicto de intereses.
En tanto que Mariana Yumbay de Pachakutik, ha pedido al CJ información de los registros de los abogados que patrocinaron en cada etapa al narcotraficante serbio Srdan.
Esto, porque la abogada Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, ha reconocido que actúo como defensora en una primera fase, pero que renunció precisamente por su vínculo con Mario Godoy, pese a lo cual continuó recibiendo notificaciones del proceso.
El mayor número de pedidos de información, hasta el 9 de enero, salieron de la bancada correísta, que impulsa el juicio político contra el titular de la Judicatura.
A los ya mencionados, se suman solicitudes de Ronal González, Xavier Lasso y Franklin Samaniego que el 1 de enero de 2026 envió un oficio al CJ requiriendo la lista de sus funcionarios en Pichincha para establecer posibles relaciones de parentesco con legisladores de esa provincia.
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