En lugar de explicar las presiones de su asesor a un juez anticorrupción, Mario Godoy apuntó a 16 personas

La comparecencia de Mario Godoy en la Asamblea Nacional, el 5 de enero de 2026, estuvo marcada por la tensión y el cálculo político. Con un traje negro y una corbata morada, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), ingresó a una Asamblea que parecía tener otras prioridades.

La comparecencia, prevista para las 10:00, pero empezó al mediodía con más de dos horas de retraso debido a que la bancada oficialista de ADN forzó un debate imprevisto sobre la crisis diplomática entre Estados Unidos y Venezuela.

Cuando finalmente llegó el momento, Godoy optó por la cautela: ingresó por una puerta reservada, evitó cualquier contacto con los periodistas y se rompió el habitual protocolo de las comparecencias, al no entrar por el costado derecho del Salón Plenario, omitiendo incluso el saludo formal a Niels Olsen, presidente del Legislativo.

Godoy subió al estrado con un tono desafiante, asegurando que su presencia buscaba "dar la cara ante tanta infamia" y exponer una supuesta trama de persecución en su contra. 

El punto central debía ser el audio filtrado que sugiere una red de tráfico de influencias: la presunta presión de Henry Gaibor, entonces director de la Judicatura en Pichincha y pieza clave de su confianza, sobre el juez anticorrupción Carlos Serrano. 

El objetivo, según las denuncias, era beneficiar a Jezdimir Srdan, un narcotraficante serbio condenado por lavado de activos, cuya defensa técnica en etapas previas estuvo vinculada a Dolores Vintimilla (esposa de Godoy) y a su exsocio, Christian Rosero.

Frente a este episodio, el discurso de Godoy fue marcadamente rápido y técnico. En lugar de profundizar en el contenido de las presiones denunciadas en los audios, se limitó a calificarlos como "presuntas interacciones" y cuestionó su validez legal alegando que no se ha respetado la "cadena de custodia" ni se han presentado denuncias formales ante la Fiscalía. 

Además, Godoy intentó desmarcarse de la actuación de Gaibor señalando que, bajo su administración, se pidió la renuncia del exdirector provincial de Pichincha el 22 de diciembre de 2025 y se abrió un proceso disciplinario, pero evitó explicar la cercanía de este funcionario con su despacho.

Sobre el polémico vínculo de su esposa con el caso Srdan, Godoy sostuvo una defensa también corta. Afirmó que Dolores Vintimilla "nunca ejerció la defensa técnica dentro del proceso penal" y que su participación se limitó a una etapa "pre-procesal" por el delito de lavado de activos, antes de que él asumiera la presidencia del CJ. 

Con un tono que oscilaba entre la victimización y el ataque, el titular de la Judicatura insistió en que el CJ no dicta sentencias ni condiciona fallos judiciales, calificando la narrativa del conflicto de intereses como una "farsa" montada para generar un "linchamiento mediático".

Los dardos de Godoy contra 16 personas

Para Godoy, el foco no debía estar en las presiones de Gaibor a Serrano, sino en lo que él llamó un intento de los grupos políticos de "tomarse la justicia para repartir impunidad". 

Bajo esta premisa, el titular de la Judicatura destinó la mayor parte de su intervención a señalar a 16 personas y grupos, desplazando el meollo del caso Gaibor-Serrano a un plano secundario y técnico. Y más bien armando un mapa mental de supuestas conexiones políticas de un complot para sacarlo de la Judicatura.

Godoy inició sus ataques señalando directamente al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a quien acusó de enviar un "mensajero" el 20 de diciembre de 2025 para solicitar que su audiencia en el caso 'Triple A' se postergara hasta mayo de 2026 a cambio de "bajar el tema político".

Según el funcionario, Álvarez busca a toda costa eludir la justicia para "gozar de fuero", aunque no explicó de dónde provendría ese fuero. En este entramado, Godoy vinculó a la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), afirmando que su jefe de bancada, Juan Andrés González, actúa bajo las órdenes del alcalde guayaquileño. 

Al referirse al expresidente Guillermo Lasso, sostuvo que el "mensajero" tiene nexos con exfuncionarios de su gobierno y que Lasso debe explicar los vínculos en el caso de la general Varela, donde aparecen Danilo Carrera y la "mafia albanesa". 

La arremetida continuó contra figuras del Legislativo y exfuncionarios, mencionando que bajo la presidencia de Viviana Veloz en la Asamblea "se generó impunidad para ministros del expresidente Guillermo Lasso a través de la Comisión de Fiscalización".

También arremetió contra María Paula Romo, exasambleísta del correísmo y exministra de Lenín Moreno, a quien acusó de tener nexos con Solanda Goyes, exvocal de la Judicatura que se opuso a Godoy en su primer período, y de haberla salvado de un juicio político junto a la bancada de la RC. 

Sobre Goyes específicamente, Godoy afirmó que sobre ella pesa una investigación penal por "malversación de fondos de la cooperación extranjera" y nepotismo al contratar a familiares de su esposo, Fausto Camacho.

Al exsecretario de Seguridad de Lasso, Diego Ordóñez, lo señaló por tener chats con el narcotraficante Leandro Norero en el caso Metástasis, lo cual se desprende del caso Metástasis.

En el ámbito judicial y comunicacional, Godoy calificó de "show" las acciones del abogado Felipe Rodríguez y el periodista Anderson Boscán, sosteniendo que Rodríguez entregó audios a Boscán para iniciar una narrativa de "linchamiento mediático" en lugar de presentar denuncias formales. 

También cuestionó al abogado Pablo Encalada, recordándole que defendió a procesados en los casos Sobornos, Petroecuador y al expresidente Lasso en el caso León de Troya.  Incluyó en sus críticas a Ramiro García por atacar su ejercicio profesional y a Washington Andrade, a quien tildó de "memoria corta" por defender en el caso Metástasis a personas que "recibían dinero de Norero". 

Del exjuez Walter Macías, en cambio, Godoy aseguró que, tras ser mencionado en el caso Metástasis por recibir coimas, ahora es abogado de un procesado en el caso Narcofiesta vinculado a grupos de delincuencia organizada.

Respecto a su antecesor, Wilman Terán, alias 'El Diablo', lo acusó de establecer prácticas de impunidad al aceptar renuncias de jueces sin verificar cargas laborales, lo que permitió que miembros de bandas criminales quedaran en libertad. 

Finalmente, Godoy señaló a las comunicadoras Catrina Tala y Gabriela Panchana de trabajar en una estrategia para manipular información a favor de Aquiles Álvarez, mientras que del juez Carlos Serrano cuestionó su conducta al renunciar el mismo día que otro magistrado fue suspendido y por mantener "varios meses de retraso" en la emisión de sentencias escritas.

No hay pruebas ni denuncia

Durante su intervención, Mario Godoy intentó blindar su discurso exhibiendo lo que denominó "evidencia contundente" y "trazabilidad documental". 

Desde el estrado, el funcionario mostró diapositivas y agitó papeles asegurando que se trataba del acta de sorteo del caso 'Triple A', que involucra a Alvarez, el oficio remitido a la Fiscalía, la renuncia del juez Serrano, informes de Contraloría sobre Yolanda Goyes y capturas de pantalla de los chats con el supuesto "mensajero" de Aquiles Álvarez. 

Sin embargo, estas supuestas pruebas no han sido entregadas por escrito ni en formato digital.

Pese a que Godoy aseguró en repetidas ocasiones que los hechos expuestos ya constan en una "denuncia penal" y que solicitó "actos urgentes" a la Fiscalía General del Estado, la realidad en los registros oficiales cuenta otra historia. 

Hasta las 17:00 del 6 de enero de 2026, el sistema de la Fiscalía no reflejaba ninguna denuncia interpuesta por el presidente de la Judicatura relacionada con esta supuesta trama de impunidad. De igual manera, PRIMICIAS solicitó formalmente al Consejo de la Judicatura una confirmación de dicha denuncia, pero, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta alguna por parte del organismo.

En el cierre de su comparecencia, Godoy se refirió a la postura del Ejecutivo. Aunque el presidente Daniel Noboa sugirió públicamente su renuncia, el titular de la Judicatura evitó convertir al primer mandatario en otro blanco de sus ataques. 

Por el contrario, manifestó que evaluará la recomendación de Noboa, pero antes solicitó que se le permita acudir ante la Comisión de Fiscalización en el marco del juicio político impulsado por el correísmo -el cual aún no ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL)- para "defender su honor" y exponer quiénes estarían tras la toma de la justicia.

Mientras ese proceso avanza, Godoy se mantiene firme en su cargo. De hecho, el 6 de enero de 2026, la Judicatura anunció que la Dirección Nacional de Talento Humano realizará mesas técnicas hasta el 31 de enero de 2026 para regular los procedimientos de designación de jueces temporales a escala nacional.