Gissela Garzón pidió seguimiento al juicio político contra fiscal Diana Salazar

Gissela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) y proponente del juicio político contra la fiscal General del Estado, Diana Salazar, requirió al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) que se realice un seguimiento a esta causa, a casi dos meses de que fuera suspendida.

Garzón explicó este jueves, 11 de julio de 2024, que el objetivo es que este proceso no quede en el aire, una vez que el 17 de mayo pasado una mayoría en este organismo suspendió el trámite, en virtud de un "embarazo de alto riesgo" de Salazar y que contó con un pronunciamiento del Procurador.

"¿Cuál es el tiempo de riesgo o cómo se mide el tiempo de riesgo? Porque la capacidad de fiscalización que tenemos nosotros, como asambleístas, es hasta un año después que la autoridad deje el cargo, entonces, si el riesgo dura tres años, ¿cómo lo vamos a medir?¿De qué forma lo vamos a establecer, entiéndase en este caso o en cualquier otro?", señaló.

Pero, este 12 de julio se conoció que el CAL desestimó el pedido de Garzón, por considerarlo sin fundamentos.

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Los argumentos de Garzón

A criterio de Garzón, la suspensión del juicio político quedó abierta, pues el estatus de riesgo no especifica si eso se aplicará durante los nueve meses que dura un embarazo o más. Por lo que requirió que el CAL se pronuncie, algo que se trató en una sesión reservada esta semana y cuya resolución no ha sido divulgada.

"Yo no puedo, ni es mi competencia, ni me corresponde, interpretar un criterio del Procurador, que es vinculante, me corresponde acatarlo; pero sí puedo hacer preguntas alrededor de cómo esto afecta al proceso de fiscalización de este tema o cualquier otro, porque se sienta un precedente", sostuvo.

Garzón presentó la solicitud de juicio político en noviembre de 2023 contra Salazar, a quien acusa de incumplimiento de funciones en 13 causales relacionadas con los casos Sinohidro, INA Papers, Encuentro, las protestas de octubre de 2019, entre otros.

La legisladora reconoció que, si este pedido de juicio político no es tramitado en el actual periodo legislativo que concluye en mayo de 2025, podría ser retomado en la nueva Asamblea.

La asambleísta aseguró que ningún documento ventilado por ella alude a cuestiones de la vida personal o íntima de la Fiscal General. De allí que no se dio por aludida frente a la advertencia de Salazar a quienes exponen sus exámenes clínicos.