La Prefecta Pabón deberá dividir su tiempo para atender tres frentes

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, convocó el martes 7 de enero a un largo conversatorio a una docena de medios de comunicación nacionales, comunitarios e hiperlocales.

El objetivo, dijo, era atender a todos los medios en una misma convocatoria, pues no dará más entrevistas porque se enfocará en "recuperar los 71 días de retraso que implicó estar en la cárcel".

Afirmó que su prioridad será la gestión de la Prefectura de Pichincha, pero conforme avanzó el diálogo admitió que tendrá que dividir su tiempo en tres frentes: su papel como Prefecta, su defensa jurídica y su rol como dirigente política de Fuerza Compromiso Social.

Y fue este último punto fue en el que más tiempo se detuvo y al que más énfasis dio. Admitió que la prioridad de su movimiento serán las elecciones de 2021.

Pabón descartó una candidatura suya y afirmó que culminará su período como Prefecta de Pichincha hasta 2023, aunque aseguró que su grupo está organizado y tiene los cuadros suficientes para encarar esas elecciones.

A pesar de eso, hizo un guiño a los grupos de izquierda: "la tendencia progresista debe dejar de lado las diferencias y la violencia de los últimos años, y unir fuerzas. El país necesita una política diferente, que deje de lado el odio, que no ponga a la venganza por encima de los intereses del Ecuador".

La invitación al diálogo que plantea la revolución ciudadana tiene una condición implícita:

Con la elecciones de 2021 en la mira, Pabón admitió que cada lunes los integrantes del buró político de Fuerza Compromiso Social se reúnen en el edificio de la Prefectura de Pichincha. La última reunión se celebró el lunes 6 de enero de 2020.

La cita transcurrió en el piso 21 del edificio de la Prefectura, en el centro de Quito. El mismo lugar que la Fiscalía allanó bajo la sospecha de que allí se planificaban supuestas acciones del delito de rebelión por el que Pabón, Virigilio Hernández y otros de sus colaboradores son investigados.

"Nos quieren proscribir de la política", dijo y afirmó que "hubo enormes presiones para separarnos de la Prefectura", aunque finalmente "se logró crear la imagen de que se cometía una injusticia (al encarcelarla sin sentencia)".

A su criterio, así lo entendió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por eso otorgó medidas cautelares a favor de ella, de Virgilio Hernández y de Cristian González.

Su defensa será el tercer frente que deberá enfrentar la Prefecta, quien hoy porta un grillete electrónico en el tobillo y espera expectante al 12 de febrero, cuando culmina la instrucción fiscal en su contra y cuyo desenlace será clave para su futuro.

"No hay elementos para comprobar lo que nos acusan, y con la reformulación de cargos que hizo la Fiscalía dejó en evidencia que no tienen nada contra nosotros", aseguró.

Dedicará dos días a la semana (al final de su jornada laboral como Prefecta) para analizar la situación legal y la estrategia de su defensa, "estamos preparados para cualquier escenario".

¿Incluso a una nueva orden de prisión preventiva? "Aunque no habría argumentos para una medida así, nos hemos preparado para todo", asegura.