Ramiro González se suma a la lista de exfuncionarios correístas que logran evadir a la justicia

Sobre el también exministro de Industrias del régimen de Rafael Correa la justicia abrió procesos por fraude tributario, peculado y tráfico de influencias. En agosto de 2017 la Policía allanó su domicilio en Quito, pero no lo encontró. Desde entonces se convirtió en prófugo de la justicia. 

El 9 de abril de 2019 fue detenido en Lima y tres días después la presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Paulina Aguirre, envió a Perú el pedido de extradición. 

Meses antes, en enero de este año, González había presentado una solicitud de refugio al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano. Esta “movida” ha posibilitado a su defensa frenar el trámite de extradición, como se desprende del fallo de los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú.

Ellos resolvieron “suspender el trámite de extradición pasiva de Ramiro González” hasta que la Cancillería del vecino país emita un pronunciamiento sobre el pedido de refugio.

La Corte Nacional de Justicia indicó que González fue liberado la noche del 15 de julio. PRIMICIAS también confirmó con el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE).

De la Cancillería peruana depende si la justicia podrá o no traer de vuelta al expresidente del Directorio del IESS. De otorgar el estatus de refugiado, el proceso de extradición se suspenderá indefinidamente.

PRIMICIAS repasa los casos de algunos connotados exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa que han logrado evadir a la justicia:

• Carlos Pólit, ex contralor general del Estado, acusado de haber recibido más de USD 6 millones de la constructora Odebrecht, se encuentra en Miami, Estados Unidos.
• Pedro Delgado, primo de Rafael Correa, era presidente del Banco Central del Ecuador. En 2012 admitió haber falsificado su título y huyó a Estados Unidos.
• Walter Solís, ex ministro de Transporte y Obras Públicas y exsecretario del agua. En 2017 fue acusado de peculado.
• Pedro Merizalde, exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, se encuentra prófugo desde 2017. Actualmente se sabe que recibió pagos de Odebrecht.
• Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, tiene orden de prisión por el caso Balda. Vive en España donde ha pedido refugio.
  Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, acusado de peculado, se despojó del grillete electrónico impuesto por la jueza Silvia Sánchez y huyó a Venezuela.
  Carlos Ochoa, exsuperintendente de Comunicación, acusado de presunta falsificación y uso irregular de documento público, se encuentra en Bolivia donde ha pedido refugio.
• Sofía Espín, exasambleísta, acusada de tratar de influir en una testigo del caso Balda. Huyó a Bolivia, donde ha solicitado refugio.

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