Otro miembro del Tribunal del caso Pruebas PCR es recusado

En el caso Pruebas PCR, el pedido de recusación que interpuso la fiscal provincial de Pichincha, Ruth Amoroso, en contra de la jueza Mónica Bravo, fue aceptado.

El pedido de recusación se sustentaba en el hecho de que Bravo fue parte del Tribunal que conoció el recurso de apelación a la prisión preventiva presentado por tres procesados en esta causa.

Bravo, jueza de la Corte Provincial de Pichincha, fue separada del nuevo tribunal que conocerá la causa por presunto peculado en el caso Pruebas PCR, en el que se investiga a Jorge Yunda, exalcalde de Quito, y a otras 13 personas.

El caso Pruebas PCR se refiere a posibles irregularidades en el contrato de USD 4,2 millones entre el Municipio de Quito, durante la gestión de Yunda, y la empresa Salumed. El objeto del contrato fue la compra de 100.000 pruebas PCR para diagnóstico de Covid-19.

Otra recusación

El juicio del caso Pruebas PCR está detenido desde hace un año y cinco meses. Eso porque Yunda logró ponerlo en suspenso luego de que recusará a Fabián Fabara, uno de los jueces que integraba el Tribunal.

Yunda señaló a Fabara por, supuestamente, estar parcializado a favor de la acusación de la Fiscalía. Casi dos meses después, la audiencia de la demanda contra el juez se instaló y dos magistrados fallaron a favor de Yunda. Desde entonces, el juicio no puede reinstalarse.