El 72% de casos por crímenes violentos está en investigación previa

Desde 2019, el sistema de la Fiscalía registra 9.874 causas por asesinato, homicidio y sicariato en Ecuador, de los cuales solo 5 de cada 100 procesos tienen una sentencia. El sicariato no es la figura legal recurrente para procesar los crímenes que ocurren en el país.

“La categoría de sicariato es lo que comenta la gente al momento de hablar del delito y la que le da la prensa, pero otra es la calificación jurídica”, explica el abogado penalista Julio César Cueva.

“Para poder condenar a alguien por sicariato se debe probar que recibió un pago, y eso no se hace por transferencia, ni cheques certificados, ni con factura'', dice Cueva. 

En los últimos dos años, en la Fiscalía se procesan 52 casos por sicariato, de los cuales 38 están en investigación previa y solo hay una sentencia condenatoria. “Como casi nunca se puede probar el pago, los procesan por asesinato”, explica Cueva. 

Por eso, de las 9.874 causas abiertas, en 6.528 se usa el artículo 140 del Código Penal, que es asesinato.

En las estadísticas de la Fiscalía reposan 25 variables del estado procesal por este delito, de las cuales 4 de cada 100 han obtenido una sentencia condenatoria. La mayoría permanece en investigación previa -4.905- y 159 ya están llamados a juicio.

A 84 personas procesadas por asesinato se las ha declarado inocentes, 125 han sido sobreseídas y 120 casos se han archivado. 

Cuando no existen los elementos agravantes que constituyen un asesinato, como la planificación, los crímenes son procesados como homicidio. Por este delito existen 3.294 causas abiertas.

Según Cueva, hay factores ajenos a la Fiscalía por las bajas estadísticas de las investigaciones abiertas y la sentencias, como tener la materialidad de la infracción, es decir “el cuerpo y el arma, pero no se sabe quién disparó, por lo tanto no puede ir a juicio y obviamente no habrá una condena”.

Los tiempos de los procesos judiciales están establecidos según el tipo del delito.

Si se trata de una pena menor de cinco años, la investigación previa no puede durar más de 12 meses, si supera los cinco años, la investigación de la causa no debe durar más de dos años, antes de archivarse.

“Pero la Fiscalía nunca hace eso, esos plazos no los cumple nunca”, dice Cueva.

El país también un déficit de fiscales que se requieren para una mejor respuesta. Según la Fiscalía, en 2020 se necesitaban por lo menos 573 funcionarios más.

Sin embargo, hay otras aristas, explica el experto penalista. “El problema no es la corrupción, es el exceso de impunidad, esta gente sabe cómo manipular el sistema”, sostiene Cueva.

El miedo instaurado en la sociedad impide que las denuncias continúen o que los testigos comparezcan a los juicios, y si lo hacen, suelen retractarse porque reciben amenazas.

En lo legal, el que las penas superiores a los 40 años no se acumulen, establece un escenario para el cometimiento de más crímenes y que queden en la impunidad.