Casi 7.000 procesos por extorsión se abrieron en el país desde 2021

Mencionar la palabra extorsión estremece a los habitantes de Guayaquil, principalmente en la parroquia Pascuales. Allí, el propietario de un negocio fue asesinado, la tarde del 6 de agosto de 2022, presuntamente por extorsionadores que operan en el sector.

Se llamaba César Cutuan Muñoz, oriundo de Chimborazo, quien tenía un asadero de pollos en la avenida principal del sector de Paquisha, perteneciente a esta parroquia del noroeste de Guayaquil.

En lo que va de 2022, en Guayaquil, Durán y Samborondón se registran 830 asesinatos, 97 de ellos en Pascuales. César fue asesinado dentro de su local. Pero este crimen tiene una particularidad, pues Cutuan fue víctima de extorsión, según testigos de la zona.

La Policía maneja esa hipótesis desde que la madrugada del 8 de julio de 2022, el negocio de César fue atacado con explosivos.

Henry Herrera, jefe de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased) de la zona 8, manifestó que el comerciante había sido extorsionado dos veces, y tras el último hecho se produjo su deceso.

“El motivo de la muerte del señor fue el robo, no podemos asegurar que fue la misma persona que colocó la dinamita. Estamos verificando si esto tendría vinculación con su fallecimiento”, explicó horas después del crimen.

Mientras, la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) confirmó 10 extorsionadores detenidos en estos siete meses de 2022 solo en la parroquia Pascuales.

La jefatura de la Unase en la zona 8 afirmó que César fue víctima de robo y en ese contexto, se produjo su muerte. "Dentro de las investigaciones, no hay ninguna denuncia, y los familiares no confirmaron que haya sido víctima de extorsión", indicó.

Aunque no descartó que manejen esta información por temor a represalias. De hecho, el resto de comerciantes del sector cerraron sus negocios por varios días, tras este asesinato.

Según la Unase, la extorsión es un delito que opera desde hace unos 10 años, pero la falta de denuncias de las presuntas víctimas impide tener datos más certeros.

"Hay un detonante. Al principio, exigían a los locales montos bajos, USD 1 semanal o USD 5 mensuales, ahora piden USD 5 diarios o USD 100 semanales", manifestó.

La entidad policial explicó que hay varias modalidades de extorsión: de delincuencia común, carcelaria (proviene desde el interior de las prisiones), virtuales y la denominada 'vacuna'. Sobre esta última, afirmó no tener denuncias.

Fiscalía abrió 6.693 procesos por extorsión, entre tentativa y consumada, a escala nacional desde 2021. De estas, 3.896 iniciaron en enero de 2022 y la mayoría se encuentra en investigación previa.

Si hablamos por ciudades, solo en Quito hay 1.310 investigaciones previas por este delito, frente a las 952 en Guayaquil. Solo dos de las denuncias llegaron a juicio en la capital, pero aún sin sentencia. En el puerto principal se registran cuatro sentencias condenatorias.

La pena por este delito va de tres a cinco años de prisión, y puede llegar hasta siete si hay agravantes.

¿Dónde operan los extorsionadores y qué protección tienen los denunciantes?

Las extorsionadores en Guayaquil operan en el llamado corredor comercial, que incluye Pascuales, la entrada de la 8, Florida Norte, Nueva Prosperina y algunos barrios del sur.

"Van por los pequeños negocios como tiendas, bazares, los comercios más grandes tienen guardianía y son más difíciles para su operación", agregó la Unase.

Con lo que recaudan, los delincuentes financian sus actividades ilícitas como tráfico de drogas, delincuencia organizada, entre otras.

El problema es que las víctimas prefieren no denunciar la extorsión.

Pero, ¿Qué protección hay para los denunciantes? Desde la Policía, hablan del programa 'Local seguro'. La institución designa a personal de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) para que realice rondas permanentes en los locales.

Por su parte, Fiscalía ingresa a los denunciantes al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (Spavt), previo a un análisis de riesgo y de vulnerabilidades. Así lo explicó a PRIMICIAS el fiscal César Peña.

El fiscal ha actuado en varios casos y hay un factor que se repite: la mayoría de las víctimas de extorsión publicó en redes sociales sus actividades, desde dónde comen, cuando se van de viaje, la apertura de un negocio y otras actividades en tiempo real.

Esto, según Peña, los convierte en blanco fácil de los delincuentes. "Tuve un caso en el cantón El Triunfo de dos jóvenes detenidos en flagrancia que estaban extorsionando al dueño de una funeraria", recordó.

En esa investigación, las alertas salieron de la sobrina del dueño del negocio, a quien él sumó a su personal de trabajo para apoyarla económicamente porque estaba embarazada. "Ella le pasaba la información en tiempo real a dos primos", dijo Peña.

Como en otros delitos, los procesados por extorsión se pueden acoger a una pena abreviada, con una sentencia de un año y medio de prisión.

A esto se suma lo engorroso que es el proceso. Algunos casos pueden tardar hasta dos años de investigaciones y llegar a este tipo de sentencias, o peor aún al archivo. Así lo reconoció también el abogado penalista Kléber Siguencia.

Tanto el jurista como el fiscal detallaron que una vez que se denuncia la extorsión, Fiscalía y la Unase conforman un equipo de investigación que analiza varios elementos. Estos son: origen y ruta de las llamadas telefónicas, sospechosos, allanamientos, entre otras evidencias.

Ambos coincidieron en que la extorsión se debe excluir del procedimiento abreviado, para que a los extorsionadores se les imponga la pena máxima.

Carlos Loaiza, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, señaló con preocupación que estos casos, que proliferan especialmente en la Costa, comienzan a aparecer en la Sierra.

"Como federación, tuvimos y mantenemos acercamientos con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para generar un plan de prevención y combatir así la inseguridad y el tema de las extorsiones", dijo a PRIMICIAS.

Según el gremio, empezaron un plan piloto en Quito que irán replicando en otras ciudades.

A pesar de las alternativas legales y anuncios, muchas de las víctimas de extorsión prefieren guardar silencio y seguir pagando a los extorsionadores, para precautelar sus vidas.