María Sol Borja

La democracia no puede ser sacrificada en nombre de una promesa que ofrece finalizar la violencia pero que, hasta ahora, ha entregado resultados limitados.

Estamos ante una nueva confirmación de que en Ecuador existen dos velocidades procesales: una supersónica para el que disiente y una que apenas gatea para el que podría involucrar responsabilidades de funcionarios del gobierno.

La seguridad no se construye castigando el comercio legal ni abriendo frentes innecesarios con los vecinos. Se construye con inteligencia, coordinación internacional y fortalecimiento institucional.

Cuando el aparato público -comunicación, justicia, control político, autoridades de fiscalización y árbitros electorales- converge en proteger, sostener o ampliar el poder de un presidente, el riesgo ya no es para un sector. Es para todos.

El periodismo no existe para cuidar la imagen del Estado. Existe para vigilarlo. Sin rendición de cuentas, y con un puñado de periodistas domesticados y otro de periodistas amenazados y silenciados, no hay posibilidad alguna de democracia.

Cuando el Estado se usa al servicio de un caudillo, nadie está a salvo. Ni siquiera quienes creen estar protegidos por su cercanía al poder, porque el caudillismo no tiene lealtades: solo tiene utilidad.

No hay otra forma de entender la decisión de declarar la sesión reservada más que la voluntad de blindar a Godoy y mantenerlo en el cargo que parece ser funcional al oficialismo.

Cuando un espacio se limita a repetir discursos oficiales, a descalificar sin pruebas o a amplificar versiones sin contrastarlas, podrá llamarse como quiera, pero no está ejerciendo periodismo.

En un país atravesado por la violencia, la corrupción y la desconfianza, el nombramiento del Fiscal General no puede resolverse con prisa, opacidad ni cálculos políticos.

Hay una destreza que varios funcionarios del actual gobierno han aprendido a dominar con notable eficacia: la de no responder. El silencio, el desvío y el lugar común se han convertido en una forma de gobierno.