María Sol Borja

La Ley Inteligencia es un riesgo inmediato para varios derechos fundamentales y abre la puerta a que un gobierno autoritario la utilice como un instrumento para consolidar el control absoluto.

En silencio, miles de familias abandonan sus hogares y la violencia sigue tomando territorios, mientras el estado y la sociedad se enteran poco o nada de estos casos que parecen aislados.

En un país atravesado por crisis profundas y una ciudadanía cada vez más escéptica, el desafío no es menor: sin una oposición crítica, vigilante y propositiva, el equilibrio democrático se debilita.

Si, de a poco, se empieza a entregar todo el poder a un solo partido, a una sola institución, a un solo gobierno, el resultado es predecible: abusos y violaciones de derechos.

¿Qué tan dispuesto está el oficialismo en la Asamblea a fiscalizar a sus coidearios y a ser contrapeso del poder Ejecutivo y qué tanto apoyará la oposición las propuestas de ADN?

La prensa valiente denuncia, cuestiona, revela, se arriesga. No sin una dosis de romanticismo e idealismo, aceptando costos personales, profesionales y familiares muy altos.

Llegó la hora de hacerse cargo. Si votaste por Luisa González o por Daniel Noboa; si anulaste el voto o no fuiste a votar, tienes —tenemos— que tomar esa responsabilidad.

Parece que para algunos, la democracia es un bonito poema; lindo para recitarlo pero indigno de ser aplicado en el ejercicio de su poder.

Con una alta carga de machismo —en el debate y postdebate—, Noboa quiso mostrar a González como incapaz de controlarse: “cálmate”, “histérica”, “ofuscada”, le dijo.

La emergencia ambiental en Esmeraldas es un síntoma más de una enfermedad crónica: el olvido sistemático de una provincia sumergida en la violencia y la falta de presencia estatal.