María Sol Borja

Cuando se considera que el Estado de derecho entorpece, la tentación de saltárselo deja de ser una amenaza y se convierte en política pública.

Someter a los jueces constitucionales al control de la Asamblea sería abrir la puerta a un escenario peligrosísimo: convertir el máximo tribunal de control constitucional en un órgano político

Varios ministerios no han ejecutado ni el 10% del presupuesto que se les asignó. ¿Dónde está la eficiencia que tanto exigen? ¿También habrá despidos para los ministros que no cumplen su trabajo?

Al elevar a Salcedo a figura de un “debate” nacional, los legisladores lo han convertido en una voz autorizada, minimizando sus crímenes y otorgándole un poder que la justicia le había quitado.

La mayor fortaleza del correísmo —Rafael Correa— es también su mayor límite. La RC no puede soltarlo, pero tampoco puede avanzar con él como único eje. Está atrapada en su propia trampa.

El TCE está midiendo con una vara distinta a los actores políticos. La indulgencia hacia quienes están cerca del partido gobernante contrasta con la severidad aplicada contra quienes no lo están.

Una reforma al Código de la Democracia, aprobada de forma tramposa por la Asamblea Nacional, golpea nuevamente el derecho de participación política de las mujeres.

Las instituciones no son entes etéreos ni engranajes inertes; están compuestas por personas con responsabilidades que hoy se esquivan con una ligereza alarmante.

Ecuador no tiene tiempo para novatadas. La inexperiencia y poco rigor de los legisladores cuesta demasiado y el país no está en circunstancias de asumir esos costos.

La Ley Inteligencia es un riesgo inmediato para varios derechos fundamentales y abre la puerta a que un gobierno autoritario la utilice como un instrumento para consolidar el control absoluto.