El silencio ensordecedor en el caso Las Malvinas

En estas últimas semanas, los detalles que han surgido en la audiencia de juicio por desaparición forzada de cuatro menores de edad, han sido realmente escabrosos. 

Los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años; Nehemías Arboleda, también de 15, y Steven Medina, de apenas 11, fueron reportados como desaparecidos el 8 de diciembre de 2025.

Que el subteniente John Henry Zabala líder de la patrulla que detuvo a los cuatro, "se encarnizó con el más pequeño" de los niños, dice uno de los testimonios ofrecidos por uno de los dos militares que se acogieron al mecanismo de cooperación eficaz. El oficial lo habría pisoteado en la cabeza y en la espalda, azotado con una correa y disparado cerca de su oreja. "El más pequeño pedía perdón por los golpes que recibía del subteniente", añadió el testigo. 

Además, se reveló que habrían recibido insultos racistas, “negros cabrones, van a ver lo que les pasa” y agresiones físicas en distintas partes del cuerpo, como golpes y patadas, mientras los obligaban a desnudarse. 

Zabala incluso les habría dicho: “Hemos llegado al lugar donde van a morir”.

Todo el que tenga hijos, nietos, sobrinos, hermanos, ¿puede siquiera imaginar la pesadilla que significa enterarse que apenas saliendo del cascarón, sus niños más queridos fueron violentados de esta manera antes de ser asesinados?

No hay nombre para la muerte de un hijo. Nuestro idioma no ha hallado la palabra para narrar ese horror impensable. 

Menos aún si esas vidas no se pierden por un accidente o por una enfermedad irremediable sino por la decisión de aquellos que debían protegerlos, aquellos custodios del bienestar de sus compatriotas que deshonraron su misión y su uniforme de la peor manera.

Y frente a todo esto —frente a testimonios desoladores, frente al dolor inenarrable de las familias, frente al horror cometido contra cuatro niños— el Presidente no ha dicho una sola palabra. Ninguna, como si lo ocurrido fuera un asunto menor, un capítulo incómodo que es mejor olvidar.

Pero el silencio nunca es neutral.

Cuando el jefe de Estado calla ante un crimen así, envía un mensaje peligroso y abre las puertas de la impunidad. 

¿O habría sido igual si los cuatro niños no venían de familias empobrecidas, racializadas y olvidadas? ¿Así de indiferente se hubiera mostrado si eran niños de Samborondón o Cumbayá?

El ministro de Defensa sí tuvo que hablar; fue obligado por la justicia a pedir disculpas públicas. Cuando lo hizo, también advirtió que llegará “hasta las últimas consecuencias” para que la jueza que ordenó la medida sea sancionada. Dijo que hay un “uso de una narrativa de derechos humanos como instrumento de persecución política”,  intentando posicionar como víctima al Estado y al poder político y minimizando por completo a las verdaderas víctimas.

“Dejo en claro que no ha existido participación ni directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada”, agregó como si su palabra fuese sentencia.

¿Cómo se puede creer en unas disculpas obligadas que se hacen en medio de un discurso estigmatizante y con una defensa irrestricta a una institución en la que se investigan hechos tan brutales?

Difícil saber si esas palabras son peores que el silencio al que se acogió Noboa. Porque el silencio ignora y desprecia pero palabras también violentan. Sobre todo, cuando hay alertas de organismos internacionales de que este podría no ser un caso aislado. 

Human Rights Watch ya advirtió que en 2024 se habrían documentado al menos 15 casos de ejecuciones extrajudiciales. En enero, volvió a pronunciarse: aseguró que la fiscalía tiene al menos 200 denuncias por excesos en el uso de la fuerza militar.

Entre 2023 y 2024, delitos como la tortura se cuadriplicaron, pasaron de 52 casos a 195 en 2024; las ejecuciones extrajudiciales crecieron de 6 a 19; las extralimitaciones en la ejecución de un acto de servicio, de 118 a 272, según una investigación periodística de Connectas. Señala además que las denuncias de desapariciones forzadas se duplicaron: pasaron de 12 a 26.

Además, le pusieron nombres a las cifras: Luis Fernando, Jefferson, Oswaldo, Ariel, Nevil, Jordi, Dave, Juan Daniel, Jairo, Julio César, Dalton, Cristian, Oscar, todos, desaparecidos tras, supuestamente, haber sido detenidos por patrullas militares, según la investigación. 

Por eso, el silencio presidencial no puede ser una opción. Porque cuando el Estado calla, la violencia se siente autorizada. Y cuando el Presidente guarda silencio frente a la tortura y desaparición de cuatro niños, no solo falla en su deber: envía el mensaje devastador de que hay vidas que pueden sacrificarse sin consecuencias. 

En un país donde la fuerza pública ya acumula denuncias por abusos, ese silencio no es prudencia ni espera: es combustible para la impunidad.