¿Justicia cooptada?

El país cuya justicia tiende a cambiar de dueño cada que hay un nuevo ocupante en Carondelet, volvió a ser golpeada. En una sesión ocurrida el 3 viernes de octubre en la noche, Carlos Leonardo Alarcón Argudo fue nombrado como fiscal general encargado. 

Alarcón, es, en realidad, el encargado del encargado, pues quien ocupa ese puesto desde mayo de 2025 es Wilson Toainga, subrogante de Diana Salazar, después de que ella renunciara al cargo y pocas semanas después se hiciera público que sería embajadora de Ecuador en Argentina.

Esto fue posible porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) — institución no exenta de caos y cooptación— una vez más, ha eludido sus responsabilidades: en abril pasado, debía ya haber un reemplazo para Salazar, surgido del concurso organizado por la entidad. Sin embargo, seis meses después, el concurso está estancado.

¿Conveniente para quién?

Basta ver la credenciales de quien, en ausencia de Toainga —que se rumorea podría ser definitiva—, estaría al frente de la Fiscalía General del Estado.

Alarcón ha tenido en sus manos casos como el supuesto peculado en Petroecuador, en el que se vinculó a Federico Goldbaum, hermano de la ex esposa de Daniel Noboa, Gabriela. Goldbaum es el único accionista de la empresa aseguradora investigada, que fue vinculado el 6 de mayo de 2024. Quien lo vinculó — en un proceso cuestionado y plagado de irregularidades— es el hoy fiscal subrogante; lo hizo el mismo día en que la justicia falló en favor de Noboa y contra de su ex esposa, por daño moral, aunque no con la pretendida suma de 20 millones de dólares que el ahora Presidente de la República le exigía a la madre de su hija, si no solo con 20 mil.

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Que sea precisamente Alarcón, vinculado a ese expediente, quien eventualmente asuma el control del Ministerio Público sin un proceso de designación legítimo, incrementa la sospecha de que no se trata de un relevo ni técnico ni serio, sino de un movimiento político en la carrera de control institucional que parece haber emprendido el oficialismo.

No es el único caso que ha llevado adelante el diligente funcionario. El llamado Caso Triple A, vinculado al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el Caso Nene, que involucra a Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, con quien Noboa tuvo una abierta disputa durante todo su primer período.

¿Cómo podemos imaginar que Alarcón será imparcial frente a la Fiscalía si coincidencialmente ha sido quien maneja casos en los que hay un evidente interés particular del presidente?

La designación de Alarcón, más allá de los argumentos que se usaron para justificarla, plantea un problema de fondo: el continuo interés del Ejecutivo de cooptar la justicia para usarla como una herramienta de presión en contra de los adversarios, quitándole toda autonomía.

Mientras tanto, el CPCCS permanece inmóvil. La lentitud con la que ha manejado la designación del nuevo fiscal general no puede leerse como un simple retraso casual, más parece responder a una serie de eventos que se enmarcan dentro de una decisión política.

En un país de frágiles instituciones, de fáciles caudillismos y retóricas simplificadas, el Ejecutivo suele buscar una acumulación de poder que le permita gobernar sin la incomodidad de las otras instituciones democráticas, muchas veces, arengado por el aplauso de sus más fervientes hinchas. No ciudadanos críticos y capaces de ver los peligros de la acumulación de poder, sino barras bravas que aplauden los abusos sin sonrojarse, siempre y cuando vengan del caudillo de su gusto.

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Para eso también se va constituyendo un enjambre de altoparlantes del poder que suelen disfrazarse de medios de comunicación para hacer de todo menos periodismo. De estos surgen voces estridentes para descalificar sin reparo a la Corte Constitucional, por ejemplo, con relatos falsos y desinformación deliberada para ver si aquellos desprevenidos que los escuchan, ven o leen, actúan desde las vísceras y empiezan a odiar aquello que les dicen que odien.

En esas voces hay un intento deliberado de confundir a los ciudadanos, que crean que la Corte Constitucional es igual a la justicia ordinaria, esa que está tan golpeada pero que no requiere, como herida mayor, que el Ejecutivo le meta mano, como parece estar haciéndolo.

En la justicia ordinaria operan los fiscales, encargados de acusar a quienes hayan cometido delitos y cuando haya elementos suficientes para hacerlo. Y para ello se necesita tratar a la institución, como lo que es: un eslabón en el cumplimiento del debido proceso, ese que garantiza que si un delito se cometió, el responsable pague su pena; pero también garantiza que no haya persecución a quien no lo ha cometido, incluso si esa persona no es del agrado de quien gobierna.