Funcionarios públicos, ¿nuevos enemigos?

El gobierno ha encontrado un nuevo chivo expiatorio: el funcionario público. Con un discurso que mezcla acusaciones de ineficiencia, mafias y burocracia excesiva, ha anunciado la desvinculación de cinco mil trabajadores del Estado.

El 24 de julio, la vocera presidencial Carolina Jaramillo oficializó la medida en una rueda de prensa desordenada, sin cifras claras, sin datos numéricos y con más consignas que argumentos.

Dijo que los despidos responden a criterios de eficiencia, pero no explicó cuáles. Dijo que se trata de combatir mafias enquistadas en el Estado, pero no presentó ninguna evidencia. Y repitió que no se busca ahorrar, sino hacer un Estado funcional, aunque evitó precisar cuánto costará la medida.

Es relativamente fácil, en una sociedad tan polarizada y con poca vocación al pensamiento crítico, construir un relato donde los burócratas son los malos y el gobierno emprende una cruzada heroica en su contra.

Un Estado grande, lleno de vagos y corruptos, suena como el culpable perfecto. De paso, revivir ese viejo fantasma que reaparece cada cierto tiempo, el correísmo. Si se pueden recuperar las imágenes de la ridículamente célebre Secretaría del Buen Vivir y su entonces ministro abrazando árboles, mejor todavía.

La vara siempre será la más baja posible; la lógica parece ser que a toda decisión cuestionable que se tome hoy, se podrá encontrar diez peores decisiones tomadas por el correísmo. Y así se siguen evadiendo las responsabilidades que tiene quien gobierna.

A mitad de año, varios ministerios no han ejecutado ni el 10% del presupuesto que se les asignó, según datos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD). Entre los ministerios con mayor presupuesto y menor ejecución en inversión y capital durante el primer semestre, están el de Trabajo: 0.2%; Educación, con 9.37%; Defensa, con 10.01%; Salud, con 11.86%; Interior, con 13.83% y Obras Públicas, con 19.14%.

¿Dónde está la eficiencia que tanto exigen? ¿Quién responde por esa inacción? ¿También habrá despidos para los ministros que no cumplen su trabajo?

La misma vocera había asegurado que no se despediría a personal de salud, educadores, policías y militares. Sin embargo, ya han surgido denuncias de despidos en hospitales públicos y la supresión de un centenar de puestos en Educación.

Una vez más, el discurso va por un lado y la realidad por otro.

No se trata de defender a ultranza a la burocracia ni de negar que existen fallas dentro del aparato estatal. Se trata de exigir honestidad y transparencia en las decisiones gubernamentales.

¿Cómo se explica, por un lado, la decisión de eliminar ministerios y entidades gubernamentales —cuyos despidos aún no se contabilizan en los 5.000 ya anunciados— para en seguida anunciar que se abrirán nuevas plazas de empleo a jóvenes?

Inevitable pensar que detrás de estos despidos puede haber un cálculo político más que una real voluntad de hacer eficiente el estado. Nuevas contrataciones permitirían reemplazar a los funcionarios despedidos por otros dóciles, alineados al oficialismo.

La tentación de convertir al Estado en una sucursal del proyecto político de turno no solo es antidemocrática: es profundamente ineficiente. Gobernar no es montar una campaña permanente, ni llenar el aparato público de lealtades personales o políticas.

Si el gobierno realmente busca un Estado más eficiente, debe empezar por evaluarse a sí mismo. Despedir a miles de funcionarios sin criterios técnicos claros, sin planificación y sin transparencia no es una reforma, es la construcción de un enemigo momentáneo que desvía la atención de los responsables políticos.

La eficiencia no empieza por la base, sino desde arriba: los ministros y altos funcionarios deben rendir cuentas por su gestión, por su inacción, por sus errores.