Un Porsche y una deuda que desaparece, o el retrato de la política del silencio

En el Ecuador de hoy, el silencio se ha convertido en política de Estado. Frente a los escándalos, las denuncias y las sospechas que tocan al círculo más cercano del poder, la estrategia oficial consiste en callar, dejar que el ruido se disuelva y confiar en la desmemoria nacional. O en que los algoritmos entierren lo incómodo bajo una avalancha de distracciones. Ignorar lo que debería ser desmenuzado en el debate público es, hoy, la norma.

La denuncia del legislador correísta Juan Andrés González, recogida también por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se centra en la presencia de un Porsche Cayenne en una vivienda de la Isla Trinitaria. El automóvil de alta gama —un visitante insólito en una de las zonas más pobres y conflictivas de la ciudad— llegó al mismo lugar donde, minutos antes, la Policía había realizado un allanamiento que terminó con la detención de un sospechoso de colocar la bomba en la Bahía. Su paradero se conoció gracias a la trazabilidad de las cámaras de seguridad.

Lo verdaderamente grave es que la placa del vehículo, GRY-3452, corresponde a Industrial Molinera, una de las empresas de la familia del presidente Daniel Noboa.

“Con videos de Segura EP, entregados a la Policía y a FF.AA., se persiguió y capturó en delito flagrante al potencial autor de la bomba de la Bahía. Los indicios eran claros, concordantes y unívocos. Y aun así, la Fiscalía del Guayas no acusó. El caso fue archivado. El posible autor material, libre.”, dijo el Alcalde de Guayaquil.

De esto, Daniel Noboa no ha dicho una sola palabra. Ni una.

Tampoco habló semanas atrás, cuando la deuda histórica de otra de sus empresas familiares desapareció del registro del Servicio de Rentas Internas (SRI).

• Sin ninguna vergüenza

En marzo de 2025, esa deuda ascendía a 94,6 millones de dólares. Seis meses después, ya se había reducido a 3,5 millones, y el 1 de octubre, la familia Noboa anunció, triunfante, que la deuda era de “cero”.

Para saldar la deuda, la familia se habría sustentado en la Ley de Integridad Pública, aprobada por la mayoría oficialista —una ironía en su nombre— y luego declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. La norma permitía a los deudores del Estado acogerse a remisiones tributarias, algo que no es nuevo, pero esta vez con un cambio sustancial: se eliminó la prohibición expresa que impedía a empresas vinculadas al presidente beneficiarse de la medida.

No es un detalle menor que la actual directora del SRI, nombrada en septiembre, haya sido hasta mayo —según su propio perfil de LinkedIn— gerente tributaria de otra empresa del grupo Noboa.

Y pese a todo eso, el Presidente calla. Calla porque cree que si no se lo menciona, no existe. Eso ha funcionado para minimizar asuntos graves, para desviar la atención de los algoritmos, aquellos que mandan en la comunicación de un presidente millenial.

Los silencios presidenciales no son el sello exclusivo de Noboa. Parecen ampliarse a una política de estado que recurre a la opacidad como mecanismo de gobierno. Así, por ejemplo, en octubre, Arcotel inició un proceso de sanción en contra de dos radios comunitarias por supuestamente infringir la Ley de Comunicación. Según la abogada de ambos medios, la entidad únicamente emitió un “boletín secreto” en el que no consta soporte alguno que justifique el proceso.

La misma maña de declarar “secreta” información relevante y de interés público, se ha utilizado en otros casos; para expulsar del país a Alondra Santiago y al comunicador español Bernat Lautaro. También ha mantenido silencio con respecto a la compra de dos medios digitales, hecha por un asambleísta alterno de ADN, Luis Alvarado Campi, por un monto superior a dos millones de dólares, a pesar de que en su última declaración patrimonial, registró 1.598 dólares y su empresa, Galamedios, tiene un capital de 50 mil dólares, según Fundamedios.

• Lecciones para periodistas

Esta no puede ser la tónica del gobierno; si el Presidente y el gobierno callan, el resto del país debe hablar.

Deben hablar los medios de comunicación, que no pueden ser cómplices por omisión. Los ciudadanos, porque la indiferencia también es una forma de sepultar la democracia. La oposición, que tiene la obligación de fiscalizar con seriedad.

Si el Presidente elige no responder, que sea el país quien lo interpele.

Si el Gobierno elige callar, que sea el periodismo quien insista.

Y si la verdad sigue escondida tras los muros del poder, que la palabra pública —crítica, libre, incómoda— siga golpeando hasta que esos muros caigan.

Si el silencio es política de Estado, romperlo debe ser un acto de resistencia democrática.