Michelle Maffei

Durán es más que una zona de guerra: es una advertencia. Una muestra de lo que sucede cuando el Estado pierde el monopolio de la violencia, y la voluntad política para recuperar su legitimidad.

El problema estructural de Guayaquil—y de Ecuador—es que nos hemos convertido en una especie de 'pequeño GTA', donde el poder adquirido a través de la violencia se percibe como legítimo.

Ecuador se configura como un Estado mafioso. A pesar de los esfuerzos legislativos y las herramientas legales que el país ha implementado, la respuesta estatal al crimen organizado es insuficiente.

Las economías criminales no solo nos están asfixiando por la violencia en calle, pero también nos están asfixiando económicamente hablando.

El crimen organizado no discrimina por clase social ni género, y no sería sorprendente que los casos de menores de edad desaparecidos en Ecuador aumenten en 2025.

El enfoque actual de seguridad en Ecuador se limita a la contención de los grupos criminales, dejando de lado las etapas más críticas: la prevención y, por defecto, la reducción del Crimen Organizado.

Persistir en una estrategia militarizada contra el crimen organizado, sin atacar las cadenas financieras ni reformar las instituciones clave, solo profundizará la crisis con más bandas “terroristas”.

La hipótesis de que el crimen organizado en Ecuador es co-constitutivo con sus estructuras políticas y sociales revela un periodo de macrocriminalidad silenciosa desde hace 20 años.

The Economist omite el hecho de que la raíz de los problemas de Ecuador se encuentran en estructuras más profundas que involucran intereses políticos y financieros.