Michelle Maffei

La cooperación con Estados Unidos puede ser fructífera. Pero ninguna aeronave o megacárcel puede sustituir lo que hace falta: una estrategia que siga el dinero, persiga el patrimonio ilícito y llegue hasta quienes permiten que las estructuras criminales sobrevivan.

En Sudamérica, la minería ilegal de materiales críticos puede ser casi tan rentable como el narcotráfico. En ese mercado, el Comando Sur de los Estados Unidos parece haber olvidado el inmenso portafolio del crimen organizado.

Mientras el crimen organizado pueda convertir el poder local en una herramienta para controlar mercados ilícitos, la violencia no será una anomalía del sistema, sino el costo de un Estado mafioso.

Combatir el lavado como el crimen organizado en Ecuador exige ir más allá de perseguir a quienes cometen los delitos. Es indispensable desmantelar las estructuras económicas y políticas que permiten a las organizaciones criminales operar.

Los niños sicarios son una realidad que incomoda en Ecuador. A los grupos de delincuencia organizada les resulta indiferente si esos jóvenes enfrentan una pena de prisión prolongada o si mueren en su primera misión.

Lejos de garantizar el desmantelamiento definitivo de la organización criminal, la eliminación o captura de sus dirigentes parece estar acelerando un proceso de recomposición interna.

Mientras el debate público se concentra en sicarios, cabecillas y bandas, existe una notable reticencia a investigar, procesar y extraditar a actores de cuello blanco que lavan activos, corrompen instituciones y proporcionan cobertura al crimen organizado.

La eficacia de la respuesta estatal se mide por la capacidad de identificar, procesar y condenar a los "peces gordos" que facilitan el funcionamiento de las redes criminales.

La crisis de seguridad ecuatoriana no responde únicamente a una disputa por control territorial, sino a un problema más profundo: la progresiva normalización de redes criminales dentro de estructuras políticas, económicas y estatales.

Entre especialistas, desde Guayaquil hasta Washington o Roma, existe un consenso claro: una política seria contra el crimen organizado comienza por rastrear y desarticular sus flujos financieros, incluso cuando ello implique incomodar a actores con poder.