Columnista invitada
El coche bomba en Guayaquil; una señal peligrosa de una tendencia regional
Experta en prevención de crimen organizado. Docente de la UG, con más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado y lavado de activos. Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Máster en Seguridad.
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El martes 14 de octubre, el corazón financiero de Guayaquil fue escenario de un atentado con un coche bomba, una zona estratégicamente seleccionada para generar el mayor impacto posible. El coche bomba detonado ese día no solo representa un grave acto de violencia, sino también la introducción de un nuevo modus operandi que el crimen organizado podría replicar con facilidad en el futuro.
Este tipo de tácticas ha sido usado durante años en Colombia, donde incluso se ha recurrido al uso de drones para lanzar explosivos, especialmente por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se evidencia un patrón que Ecuador empieza a repetir. La expansión del crimen organizado no se limita ya a los mercados ilícitos, sino que también incluye la transferencia de conocimientos, estrategias y métodos de violencia. Así, la región se enfrenta a una ola delictiva cada vez más sofisticada y transnacional.
Desde inicios de 2025, Colombia ha experimentado un recrudecimiento de la violencia protagonizada por grupos de delincuencia organizada, en particular por el ELN. En febrero, en la ciudad fronteriza de Cúcuta, el ELN atacó estaciones de policía con fusiles de asalto y granadas, además de destruir cabinas de peaje mediante coches bomba.
La escalada comenzó en enero de 2025, cuando el ELN inició enfrentamientos con disidencias de las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región del Catatumbo, un territorio estratégico para el cultivo, la producción y el tráfico de cocaína.
En agosto de 2025, Colombia volvió a ser escenario de dos ataques violentos en un solo día: un coche bomba y el derribo de un helicóptero de las fuerzas armadas mediante el uso de un dron. Por más de dos años, el ELN ha empleado drones para lanzar explosivos sobre comunidades rurales, aumentando el miedo y provocando desplazamientos internos masivos. Hoy en día, tanto Colombia como Ecuador encabezan las cifras de migración interna debido a la creciente inseguridad.
El patrón de violencia vivido en Colombia evidencia que los recientes acontecimientos en Ecuador no son hechos aislados, sino parte de una tendencia regional de expansión criminal que, tarde o temprano, se venía gestando. Si queremos prevenir lo que pudiese pasar en Ecuador, solamente debemos ver hacia Colombia.
El atentado ocurrido en pleno centro económico de la ciudad de Guayaquil marca el primero de lo que podría ser una serie de episodios violentos con implicaciones profundas. Este ataque no estuvo dirigido a una sola persona, sino al Estado en su conjunto: al gobierno, a la ciudadanía y, de manera simbólica, al propio submundo criminal.
El mensaje por parte de Los Lobos es claro: el grupo está enfurecido por las pérdidas económicas derivadas de los recientes bombardeos en la zona de Buenos Aires. No solo han perdido dinero ellos, sino también sus aliados y socios estratégicos, es decir, sus stakeholders, que podrían incluir desde funcionarios públicos hasta actores vinculados al sector económico y privado. La inversión necesaria para adquirir o alquilar la maquinaria utilizada en la minería ilegal de oro es millonaria. Una sola perforadora en Estados Unidos puede costar hasta 1.2 millones de dólares, y ese es solo uno de los múltiples equipos requeridos para sostener un proyecto ilícito de esa magnitud. Detrás de esta operación se encuentra una red criminal que combina recursos financieros, contactos institucionales y control territorial.
Más allá de infundir terror entre la población, el grupo delictivo está enviando un mensaje a otros grupos delictivos nacionales. Reafirmando una gobernanza criminal, dejando simbólicamente en claro que, tras la fragmentación de Los Choneros, ellos han asumido el control del crimen organizado en Guayaquil.
Esto es particularmente grave porque desde los puertos de la provincia del Guayas se moviliza cerca del 80% de la carga nacional, lo que implica que, paralelamente, el 80% de la droga que sale del país utiliza esas mismas rutas marítimas hacia aguas profundas. La convergencia entre minería ilegal, narcotráfico y control portuario revela el alcance del poder criminal que hoy desafía al Estado ecuatoriano.
El verdadero desafío no radica en bombardear campamentos o generar altos costos de inversión criminal en las zonas afectadas por proyectos mineros ilícitos. La auténtica prueba de capacidad del Estado es anticiparse al movimiento de los grupos delictivos nacionales. Cada operativo que logre provocar una pérdida económica sustancial para estas organizaciones representa, sin duda, una victoria para el país. Sin embargo, si realmente se quiere vencerlos, hay que pensar como ellos, es decir, entender su lógica, sus incentivos y sus patrones de expansión, antes de que vuelvan a dictar las reglas del juego.