Columnista invitado
La Cumbre contra los carteles y el silencio sobre las armas
Profesor e investigador especializado en seguridad y economía criminal. PhD en Estado de Derecho y Gobernanza Global.
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La reciente convocatoria a la Cumbre del Escudo de las Américas o la “Coalición Anti-Cartel”, fue celebrada por Donald Trump como el inicio de una gran alianza militar destinada a erradicar a las organizaciones criminales en el continente. En el encuentro, celebrado en Miami y al que asistieron varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el de Ecuador, el presidente estadounidense anunció la creación de una coalición regional para “utilizar fuerza militar letal para destruir los carteles” y coordinar acciones contra el narcotráfico y la migración irregular.
El énfasis del encuentro fue claro, promover una estrategia centrada en la militarización del combate al crimen organizado. La narrativa dominante en la cumbre planteó que la única forma de enfrentar a estas organizaciones es mediante el despliegue de capacidades militares y operaciones coordinadas entre Estados “amigos”. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de utilizar armamento de alta precisión contra estructuras criminales.
En términos políticos, esta iniciativa parece reflejar una reedición contemporánea de la doctrina Monroe donde Estados Unidos debe liderar la seguridad en el llamado “hemisferio occidental”. Bajo este marco, el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico se presentan como amenazas que justifican un nuevo ciclo de cooperación militar en la región. Sin embargo, detrás de esta narrativa de “guerra contra los carteles” se omite una dimensión fundamental del problema: el tráfico de armas que alimenta la violencia en América Latina.
La región sigue siendo la más violenta del mundo. Aunque América Latina y el Caribe concentran menos del 10 % de la población global, registran alrededor de un tercio de los homicidios del planeta. En la mayoría de estos casos, las armas de fuego son el principal instrumento de violencia. Según estimaciones de Naciones Unidas, cerca del 70 % de los homicidios en la región se cometen con armas de fuego, muy por encima del promedio mundial.
Esta realidad no puede entenderse sin observar las dinámicas del mercado ilegal de armas en el continente. El caso de México es ilustrativo. Investigaciones citadas por organizaciones como México Unido contra la Delincuencia estiman que cada año ingresan ilegalmente alrededor de 135.000 armas de fuego desde Estados Unidos hacia territorio mexicano. Esto equivale a aproximadamente 369 armas por día. Este flujo constante de armamento ha fortalecido la capacidad operativa de los carteles y ha contribuido a escalar los niveles de violencia en el país.
Este fenómeno no se limita a México. El tráfico de armas forma parte de las cadenas criminales transnacionales que conectan los mercados ilícitos del continente. Las redes que transportan cocaína también facilitan el movimiento de armas, dinero y otros bienes ilegales. En ese contexto, las alianzas entre organizaciones criminales mexicanas y ecuatorianas no solo responden al negocio del narcotráfico, sino también a la disponibilidad de armamento que permite a estos grupos ejercer control territorial.
Ecuador es un ejemplo claro de esta dinámica. En los últimos años, el país ha experimentado una transformación acelerada de sus niveles de violencia. Cerca de nueve de cada diez homicidios registrados se cometen con armas de fuego. De acuerdo con datos de la Policía Nacional, una proporción significativa de las armas incautadas en el país tiene origen en Estados Unidos.
La paradoja es evidente. Mientras se propone una ofensiva militar regional contra los carteles, el flujo de armas que alimenta su poder de fuego permanece prácticamente fuera del debate político. En otras palabras, se intenta combatir las consecuencias de la violencia de estos “carteles” sin abordar uno de sus principales facilitadores.
La experiencia regional ofrece lecciones importantes. Durante las últimas décadas, las políticas basadas exclusivamente en la militarización del combate al narcotráfico han tenido resultados limitados. En algunos casos, incluso han contribuido a fragmentar organizaciones criminales, intensificar disputas territoriales y aumentar los niveles de violencia.
Para países como Ecuador, la discusión debería ser más amplia. Sin una estrategia integral que incluya el control efectivo del tráfico de armas y una cooperación internacional eficaz para reducir ese flujo, los esfuerzos por contener la violencia seguirán siendo parciales.
La cumbre del Escudo de las Américas deja, en ese sentido, una pregunta incómoda: ¿se busca realmente debilitar a las organizaciones criminales o simplemente mostrar una postura de mano dura frente a ellas?
Si el objetivo fuera lo primero, el control del tráfico de armas debería ocupar un lugar central en la agenda hemisférica. Pero mientras las armas continúen fluyendo hacia la región con relativa facilidad desde el mismo país que lidera la cruzada contra los carteles, cualquier coalición o “guerra contra las drogas” corre el riesgo de repetir la misma historia de siempre.