Las tijeras políticas del CNE

Finalmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) obtuvo los votos necesarios para iniciar el proceso de cancelación de la personería jurídica de dos organizaciones políticas: el partido Unidad Popular (antes MPD) y el movimiento Construye. A partir de esta decisión, ambas organizaciones cuentan con un plazo de diez días para presentar sus alegatos de descargo.

Adicionalmente, el CNE decidió adelantar las elecciones seccionales para el 29 de noviembre de 2026. La fecha inicial era el 14 de febrero de 2027.

Respecto a la cancelación de los dos grupos políticos, el CNE se sustenta en informes técnico-jurídicos elaborados conforme al artículo 237, numeral 7, del Código de la Democracia. Esta norma faculta al organismo a cancelar a aquellas organizaciones que reduzcan su padrón de afiliados por debajo del 50% del mínimo requerido para su inscripción. Bajo este argumento, tanto Unidad Popular como Construye no cumplirían —al menos en teoría— con el número exigido de adherentes para mantener su personería jurídica.

A primera vista, el proceso podría interpretarse como un intento legítimo de ordenar un sistema de partidos saturado de organizaciones sin identidad programática clara, que operan como vehículos electorales que se alquilan o se venden al mejor postor. Pero, este diligente acto administrativo adolece de inconsistencias, hallazgos llamativos y coincidencias coyunturales que abren la puerta a una lectura distinta: la de una decisión con un fuerte componente político.

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Si esto fuera así, —si se comprobara que el criterio aplicado responde más a cálculos políticos que a fundamentos técnicos—, el precedente sería delicado. No solo por el impacto en las organizaciones afectadas, sino por la afectación a la credibilidad e independencia del árbitro electoral. A pocos meses de elecciones locales, abrir un frente de esta naturaleza sin bases sólidas podría convertirse en una espada de Damocles sobre el propio CNE, cuya legitimidad ya enfrenta cuestionamientos. Lo propio operaría si el cambio en la fecha de elecciones revela un interés político -coyuntural.

Uno de los elementos más inquietantes del proceso, es la aparente “desaparición” de los adherentes y afiliados de las organizaciones. ¿Significa esto que el propio CNE aprobó en su momento el registro de partidos sin el respaldo real de afiliados? ¿O peor aún que permitió que uno de ellos compita en tres elecciones presidenciales sin ninguna firma que sostenga a la agrupación política? Además, las afiliaciones debían haber estado respaldadas por fichas individuales originales, verificadas y validadas por la autoridad competente.

Si esta información no existe o no puede ser verificada, la pregunta es inevitable: ¿dónde falló el sistema? Y más aún, ¿quién es responsable de esa omisión? Antes de cancelar organizaciones, el CNE debería, en rigor, iniciar una investigación interna que esclarezca por qué no reposan estos documentos en sus propios archivos.

Pero, si el organismo ha decidido activar informes técnico-jurídicos para evaluar el cumplimiento de la normativa electoral, este debería ser el momento para revisar de manera integral a todos los partidos. Existen múltiples organizaciones a nivel nacional que no cuentan con oficina, página web, registro único de contribuyentes, ni han presentado informes financieros de campañas anteriores. Muchas de ellas participaron en elecciones recientes sin alcanzar siquiera el 1% de votación.

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La inquietud se profundiza cuando se conoce que hay 53 nuevas organizaciones políticas en proceso de aprobación. De concretarse, el país pasaría de 232 a 285 organizaciones, en una expansión difícil de justificar desde cualquier lógica de fortalecimiento democrático.

Por eso, el CNE debe explicar con claridad cuáles son los parámetros que justifican concentrar sus acciones en determinadas organizaciones y no en otras, y explicar también cuáles serían las razones de fondo para cambiar la fecha de las elecciones. La transparencia en este punto no es opcional: es una condición indispensable para sostener su legitimidad.

La depuración del sistema de partidos no puede ejecutarse de forma fragmentada ni selectiva. Requiere una reforma técnica, estructural y coherente que establezca reglas claras, aplicables a todos por igual.

El CNE  debe respetar y hacer cumplir la ley, pero, al mismo tiempo, demostrar que es un organismo independiente.

En un contexto de creciente desafección política, el Ecuador no puede darse el lujo de tener un árbitro cuestionado, sino uno que sólo juegue para la democracia, sin tijeras políticas coyunturales.