Un 2026 incierto para la justicia: la Fiscalía sin titular y la Judicatura con Mario Godoy en la cuerda floja

El inicio del año judicial 2026 llega con una sensación de 'déjà vu' respecto a lo ocurrido a principios de 2025. Como hace un año, la justicia arranca este nuevo ciclo marcada por la incertidumbre en sus máximas autoridades. 

Si bien en 2025 la atención se centraba en la finalización de los períodos de los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE), la incapacidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para cumplir los plazos para la renovación de autoridades derivó en prórrogas que marcaron la agenda. 

Ahora, las consecuencias de esas decisiones tardías y cuestionadas configuran el complejo escenario para este nuevo año.

Una Judicatura inestable

La conformación actual del Consejo de la Judicatura, que se concretó recién a finales de septiembre de 2025 tras una larga prórroga, es el epicentro de la tormenta política actual. El CPCCS nombró a cinco vocales titulares, de los cuales cuatro poseen una supuesta cercanía con el Gobierno, lo que generó inmediatas críticas sobre una supuesta falta de independencia. 

Mario Godoy fue ratificado como presidente, pese a sus antecedentes como procurador de Petroecuador en la administración de Daniel Noboa. A él se sumaron Magaly Ruiz, Damián Larco y Fabián Fabara, configurando una mayoría que, aunque parecía sólida, el cierre de 2025 dejó en entredicho.

La estabilidad de esta mayoría se fracturó a mediados de diciembre de 2025 tras una revelación de PRIMICIAS: desde la Judicatura hubo presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, antiguo cliente del entorno familiar y societario de Godoy.

El escándalo provocó la renuncia de Henry Gaibor, asesor de confianza de Godoy, y detonó procesos de fiscalización en la Asamblea tanto del correísmo como del oficialismo de ADN, fuerzas que paradójicamente habían operado para su nombramiento.

El panorama para el arranque de 2026 es crítico para Godoy. El asambleísta oficialista Andrés Castillo lideró el llamado al Pleno para que el titular de la Judicatura explique el caso Srdan, una comparecencia prevista para la mañana del 5 de enero. 

Sin embargo, la tensión escaló el 29 de diciembre, cuando el presidente Daniel Noboa sugirió públicamente a Godoy que renuncie tras su presentación en la Asamblea. Paralelamente, la asambleísta Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, ya tramita un pedido de juicio político.

Ante la inminente posibilidad de una salida de Godoy, el 2026 inicia con una disputa sobre la sucesión. El nombre de Alexandra Villacís, vocal suplente, ha cobrado relevancia, convirtiéndose en blanco de ataques de asambleístas de ADN que la vinculan con una supuesta estrategia del correísmo y Creo para 'tomarse la justicia', alegando su pasado como funcionaria en el gobierno de Guillermo Lasso y un parentesco lejano con Alexis Mera, quien fue secretario jurídico de Rafael Correa.

Aunque Villacís y los actores políticos mencionados han desmentido estas alianzas, la narrativa oficialista busca frenar su ascenso.

El debate jurídico sobre quién debe reemplazar a Godoy será uno de los primeros nudos a desatar este año. Desde la Corte Nacional, voces como la jueza Mercedes Caicedo sostienen que Villacís debe asumir solo temporalmente y que el CPCCS debe solicitar una nueva terna a José Suing, presidente de la Corte, citando precedentes de inestabilidad anteriores.

Específicamente se trata de los casos María del Carmen Maldonado y Wilman Terán. No obstante, Villacís defiende que su designación proviene de la misma fuente —la Corte Nacional—, por lo que le correspondería la titularidad definitiva, dejando al CPCCS la tarea de buscar únicamente un nuevo suplente.

El nuevo Fiscal General que nunca llega

Mientras la Judicatura se debate en esta crisis, la Fiscalía General del Estado enfrenta su propia transición. Tras la renuncia de Diana Salazar, en mayo de 2025 para asumir la embajada en Argentina y una precandidatura constituyente, Wilson Toainga ocupó el despacho. 

Sin embargo, la llegada de la nueva Judicatura en septiembre cambió el tablero. Tras una consulta a la Procuraduría, la mayoría liderada por Godoy designó a Carlos Alarcón como el siguiente en la línea de sucesión, un fiscal conocido por investigar casos que involucran a adversarios del presidente Daniel Noboa, como los casos Nene, Triple A y Seguros Petroecuador.

Con la renuncia de Toainga a finales de noviembre de 2025, Alarcón se principalizó como Fiscal General subrogante. Su gestión inicia bajo críticas por la falta de diligencias urgentes en el escándalo de las presiones al juez Serrano. 

Alarcón se mantendrá en el cargo durante gran parte de 2026, pues el concurso en el CPCCS avanza con lentitud. 

Recién el 15 de diciembre se depuró la lista para la comisión ciudadana y, según el cronograma, la designación de un titular tomará, al menos, seis meses más. Mientras tanto, Alarcón ha iniciado una gira de medios, alimentando especulaciones sobre su interés en el cargo titular.

Faltan jueces y seguridad

En el ámbito jurisdiccional, la Judicatura arrastra desde 2021 la tarea pendiente de seleccionar a 10 nuevos jueces para la  Corte Nacional de Justicia. La falta de un Pleno completo ha impedido elegir un presidente titular, prolongando el encargo de José Suing. 

Este último, desgastado por la polémica nominación de Godoy en dos ocasiones, no ha descartado dejar la presidencia, sumando más inestabilidad a una Corte que no ha logrado avanzar en estos nombramientos durante la gestión de la actual Judicatura.

Finalmente, el reto más delicado para el Estado en 2026 será garantizar la seguridad de los operadores de justicia. 

El caso del juez Serrano y una carta firmada por los magistrados de la Unidad Especializada Anticorrupción han evidenciado la vulnerabilidad de quienes juzgan casos de narcotráfico y crimen organizado. Blindar a estos jueces y asegurar su independencia frente a presiones internas y externas se perfila como una urgencia impostergable para la institucionalidad del país.