"Posibles usos oportunistas": Organizaciones LGBT+ se pronuncian luego de que el alcalde de Pujilí fue enviado a una cárcel de mujeres

José Arroyo, alcalde de Pujilí (2025), fue detenido en la madrugada del jueves 7 de agosto de 2025 como parte de una investigación en el caso Ornato Municipal.

Debido a que en la cédula de identidad del alcalde Arroyo constaba como "mujer" y que en su detención ratificó que deseaba ser tratado de acuerdo a ese género, las autoridades lo enviaron a una cárcel para mujeres. Tras la audiencia de formulación de cargos, se determinó que el alcalde de Pujilí sea enviado al Centro de Privación de Libertad Quito Femenino Atención Prioritaria ‘Casa de Confianza’.

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Esto ha desatado la preocupación de organizaciones que velan por los derechos de la comunidad LGBT+. "Expresamos nuestra profunda preocupación ante la detección de posibles usos oportunistas de la normativa ecuatoriana sobre cambio de género en el Registro Civil", fue la declaración de las organizaciones Asociación Silueta X, Asociación Transmasculinos Ecuador, Plataforma Nacional Resolución Trans y Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+.

Según estos colectivos, el caso de Arroyo plantea "serias interrogantes sobre la aplicación parcial y potencialmente corrupta de las políticas registrales, así como sobre el respeto a los derechos de la comunidad trans, para quienes esta ley fue diseñada".

José Arroyo, un político que en el pasado se declaró públicamente homosexual, tiene una cédula en la que consta que es mujer, pero sin haber cambiado su nombre. Lo usual es que, al cambiar de género, también se cambia el nombre legal. 

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Las organizaciones LGBT+ sostienen que José Arroyo se cambió de género en 2024, cuando comenzaron las investigaciones del caso Ornato Municipal, pero jamás hubo indicios de transición de género ni tampoco una autoidentificación previa como persona trans.

"Este cambio de género, posterior al inicio de las investigaciones, ha generado sospechas sobre su intención", expresaron los colectivos. "Esto desvirtúa la finalidad de la ley, diseñada para proteger la identidad de género de personas trans, no para resolver conflictos" legales de otra índole.

El casos de José Arroyo amenaza "los avances logrados por la comunidad trans". Por eso, los colectivos rechazaron "cualquier uso oportunista de la ley" y llamaron a las autoridades a proteger su espíritu original: "el reconocimiento de la identidad de género como un derecho humano fundamental".

También piden una investigación en el Registro Civil.

José Arroyo y 16 personas más fueron detenidos durante un operativo policial que se cumplió en tres provincias, en el marco de una investigación por posible adjudicación irregular de obras públicas.