AME pide diálogo con Gobierno y transportistas por “compensaciones reales” tras retiro del subsidio al diésel

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) se pronunció tras las declaraciones del ministro de Transporte, Roberto Luque, sobre la eliminación del subsidio al diésel.

Este 16 de septiembre de 2025, el gremio cuestionó que el vocero del Ejecutivo haya afirmado que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán decidir si aumentan las tarifas del transporte público o asumen los sobrecostos.

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Un día antes, los alcaldes de Quito y Guayaquil adelantaron su inconformidad frente a esa pretensión y rechazaron la posibilidad de subir los pasajes en sus ciudades. El burgomaestre Pabel Muñoz señaló que “el único responsable de que hoy se hable de posibles incrementos de tarifas en el transporte público es el Gobierno Nacional”.

Por su parte, Aquiles Alvarez pidió a Luque y al Ejecutivo que "se hagan cargo de sus temas”. En esa misma línea, la AME aseguró que los municipios “no están obligados a financiar déficits ocasionados por decisiones” del Gobierno.

Mesa técnica para definir “compensaciones reales”

En su comunicado, la AME advirtió que las compensaciones temporales propuestas por el Ejecutivo no evitarán que el aumento en el precio del diésel se traslade a la ciudadanía. También recordó que los GAD no fueron incluidos en estas medidas, pese a que utilizan diésel en maquinaria caminera, sistemas de agua potable, recolección de residuos y servicios sociales.

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La asociación alertó que este escenario podría traducirse en “menos inversión y menos obras” para los municipios, por lo que insistió en la necesidad de un mecanismo permanente de compensación que garantice la sostenibilidad de los servicios de los gobiernos locales.

Además, el gremio pidió instalar de manera urgente una mesa técnica con representantes de la AME, el Ministerio de Transporte y el sector transportista para acordar “compensaciones reales” en beneficio de la ciudadanía.

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El pronunciamiento de la Asociación de Municipalidades se dio en el segundo día de protestas por la eliminación del subsidio al diésel, en medio de la declaratoria de estado de excepción que rige desde el 16 de septiembre en siete provincias, entre ellas Azuay, Pichincha y Cotopaxi, sede temporal del Ejecutivo.