Caso triple A: La fiscalía sostiene que empresas ligadas a Aquiles Alvarez vendieron combustible a distribuidoras que operan en las fronteras

Finalmente, y luego de cinco intentos, la audiencia de formulación de cargos en contra de 10 personas y 10 empresas ligadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se instaló este 14 de diciembre de 2024.

La diligencia del denominado caso triple A empezó pasadas las 13:00, pese a que fue convocada para las 09:30. La demora se dio por intentos de los abogados de los imputados por dilatar la audiencia. Sin embargo, el juez Jairo García no aceptó los pedidos e instaló la sesión.

El primero en tomar la palabra fue el fiscal Carlos Alarcón. El funcionario dijo que la Fiscalía cambió la el delito por el que se acusa a los imputados. 

Hasta antes de la instalación de la audiencia, el delito era "almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles". Sin embargo, el Ministerio público lo cambió por "almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial", establecido en el artículo 265 del Código Integral Penal (COIP).

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Con ese cambio, Alarcón acusó de autores a José Cevallos, propietario de la empresa Fuelcorp SA; y Fernando Viteri, gerente de Copedesa, empresa que tiene entre sus accionistas a Alvarez y a sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez Henriques.

Mientras que Lady Cedeño, contadora de la empresa Ternape; Jesennia Vélez, contadora de la empresa Copedesa; y Carolina Troya, contadora de Fuelcorp, fueron acusadas de coautoras del mismo delito.

Para este delito, el artículo 264 del COIP establece una pena privativa de libertad de hasta cinco años.

Combustible iba a gasolineras de las fronteras

Según Alarcón, Copedesa habría vendido combustibles, sobre todo diésel, al menos a tres gasolineras ubicadas en la frontera sur de Ecuador. Estas empresas operan en Zamora Chinchipe, Loja y El Oro. 

En el primer caso, Alarcón señaló que la gasolinera Zambrano, propiedad de Raúl Zambrano y que opera en Zamora Chinchipe, Copedesa le vendió más siete millones de galones entre 2023 y 2024, lo que equivale a unos 371.000 galones mensuales. Lo llamativo para el fiscal es que  la capacidad de sus instalaciones es solo para 10.200 galones.

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Además, el fiscal indicó que una gran cantidad de ese combustible se dirigió al sector industrial, cuando solo debía venderse al sector automotriz.

Por esta operación, Copedesa le facuturo a Zambrano, USD 11,5 millones. Alrededor de USD 10 millones por la compra de diésel premium y USD 1 millón por gasolina.

Lo inusual de estas operaciones, dijo el fiscal, es que la UAFE no registra ningún pago de Zambrano a Copedesa, pese a que es su principal proveedor y que existe una factura que superan los USD 7 millones.

Este comportamiento también se repite con la estación Espindola, ubicada en El Oro. El contrato con este empresa se firmó en abril de 2023. En esa fecha Aquiles Alvarez era gerente de Copesa, aseguró el fiscal.

Alarcón asegura que desde abril de 2023, Copedesa le vendió a la estación Espíndola, cuyo dueño es Fausto Vaca, más de 400.000 galones de diésel premium, pero la UAFE tampoco registra el pago por esta negociación que supera los USD 1,2 millones.

Otra gasolinera que está en la mira de la Fiscalía es La Chilca, propiedad de Édgar Flores. Esta estación opera en Santa Rosa, de la provincia de El Oro, otra zona limítrofe.

A la chilca, Copedesa le entregó 153.400 galones de diese premuim con una factura de USD 326.400 entre enero y septiembre de 2024. Sin embargo, la UAFE solo registra pagos por USD 106.920.

Según el fiscal, es curioso que las tres estaciones a las que Copedesa les vende combustible fueron creadas a partir de 2023 y que las tres operen en zonas fronterizas, en las que existe gran actividad minera.

Incluso, Alarcón dijo que Flores es accionista de empresas mineras que operan El Oro. "Es por eso que suponemos que hubo desvío de diésel y otros combustibles", finalizó.

Cinco imputados son candidatos a la Asamblea

Antes de empezar con la formulación de cargos, el fiscal Alarcón informó que desestimará los cargos en contra de cinco de los involucrados. 

¿La razón? Estas cinco persona gozan de inmunidad, pues son candidatos a la Asamblea Nacional para las elecciones de 2025. Ellos son:

• Juan Daniel González Jurado, candidatos por el movimiento Reto.
• José Franco, candidato por el movimiento Centro Democrático.
• César Bravo, candidato por el movimiento Centro Democrático.
• Fernando Peñaherrera, candidato por el movimiento Centro Democrático.
• Vanessa Freire, candidato por el movimiento Centro Democrático.