“Voy a comer pavo con el juez”, dice Aquiles Alvarez al cuestionar el adelanto de la audiencia de juicio del caso Triple A para el 24 de diciembre
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, cuestionó el adelanto de la audiencia de juicio por el caso Triple A, fijada ahora para el 24 de diciembre de 2025. Aseguró que el proceso busca impedir que participe en futuras elecciones y confirmó que presentó una denuncia ante la CIDH.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en un evento deportivo del Municipio de la ciudad, el 13 de enero de 2025.
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Alcaldía de Guayaquil
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Redacción primicias
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El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, aseguró que el adelanto de la audiencia de juicio en su contra por el caso Triple A responde a una estrategia de persecución política impulsada desde el Gobierno central.
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La afirmación la hizo durante su enlace radial del miércoles 17 de diciembre, en el que inicialmente abordó el retraso en los permisos para la operación del Terminal Terrestre de la vía a la Costa, pero luego enlazó ese tema con su situación jurídica actual.
Alvarez sostuvo que el bloqueo administrativo a la terminal, una obra municipal que —según dijo— ya está terminada hace 60 días y representó una inversión de USD 11,5 millones, forma parte de un patrón más amplio de acciones destinadas a frenar el desarrollo de Guayaquil.
“¿Qué exigen? Nada. Son ganas de joder, ganas de que Guayaquil no progrese”, dijo Alvarez, al referirse a las trabas para que la terminal entre en funcionamiento. A renglón seguido, advirtió que, de no destrabarse el permiso, el municipio señalará públicamente a los responsables.
“Todo es para la foto”: críticas al caso Triple A
El alcalde cuestionó directamente el adelanto de la audiencia de juicio en el proceso penal que enfrenta. El alcalde aseguró que el adelanto de la audiencia —prevista inicialmente para enero y reprogramada para el 24 de diciembre— no es una decisión aislada.
"Todo es para la foto, para seguir vendiendo humo. Creo que está clarísimo el tema y es imposible creer que no haya un direccionamiento en esta situación".
Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil
Durante su intervención, Alvarez enumeró una secuencia de hechos que, según él, evidencian una intencionalidad política: su vinculación al proceso antes de la segunda vuelta electoral, la colocación de un grillete electrónico días antes de las fiestas de Guayaquil, un allanamiento en octubre y ahora el adelanto del juicio para la víspera de Navidad.
“Buscan estigmatizar”: acusaciones de persecución política
El alcalde también cuestionó el argumento de la celeridad judicial aplicado en su caso. “Hablan de celeridad jurídica, pero con juicios contra los GDO (Grupos de Delincuencia Organizada) o narcotraficantes abocan conocimiento y se hacen los locos”, dijo. En contraste, aseguró que su proceso se acelera con un objetivo político: “Buscan estigmatizar y que yo no me pueda candidatizar”.
Alvarez afirmó que comparecerá a la audiencia y que enfrentará el proceso. “Siempre estoy listo, igual voy a estar ahí”, señaló, al tiempo que anunció que ya presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que existen “muchísimas nulidades” y “atropellos burdos” en el proceso.
Audiencia adelantada
La audiencia de juicio por el caso Triple A fue adelantada para el 24 de diciembre de 2025, a las 14:30, por decisión del Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. Inicialmente estaba prevista entre el 21 de enero y el 1 de febrero de 2026. El tribunal justificó el cambio en la aplicación del principio de celeridad y la disponibilidad de agenda de los jueces.
El caso Triple A se investiga desde julio de 2024, tras una denuncia presentada por el Gobierno por un presunto comercio irregular de combustibles. Según la Fiscalía, la presunta red habría causado un perjuicio de USD 61,5 millones por supuestas incongruencias entre el combustible despachado por el Estado y el comercializado por las empresas investigadas.
Alvarez fue vinculado al proceso por su rol como representante legal de la comercializadora de combustibles Copedesa, empresa de propiedad de su familia. El alcalde insiste en que se trata de una persecución política. “Todo lo que huela a oposición quieren eliminar”, afirmó durante su enlace radial.
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