ADN asume el papel de fiscalizador del gobierno de Daniel Noboa desde la Asamblea
Cuatro temas que generan polémica en el gobierno de Daniel Noboa son investigados por sus asambleístas aliados. El correísmo denuncia que las indagaciones le han sido arrebatadas.
La bancada oficialista de ADN tiene el control de 13 de las 15 comisiones de la Asamblea. Imagen de una rueda de prensa del 5 de agosto de 2025.
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PRIMICIAS.
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En tres meses de funcionamiento de la Asamblea Nacional, la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) ha acaparado la fiscalización de los temas más polémicos que rondan la gestión del gobierno de Daniel Noboa.
Esta situación ha generado suspicacias y cuestionamientos por parte de la oposición sobre la objetividad e imparcialidad en las investigaciones que lleva adelante el oficialismo en el Legislativo a sus coidearios del Ejecutivo.
Por ahora, ninguna de las investigaciones ha terminado, por lo tanto, no hay conclusiones ni se han determinado responsabilidades políticas. Sin embargo, algunos indicios hacen prever que no se centrarán en funcionarios de alto nivel de la administración Noboa.
La mayoría legislativa que ADN y sus aliados mantienen en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) les ha permitido apropiarse de la fiscalización, incluso 'arrebatando' investigaciones iniciadas, según la bancada de Revolución Ciudadana (RC).
Estos son los cuatro temas que la bancada gobiernista indaga en la Asamblea, asegurando que lo hará "caiga quien caiga".
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Caso Progen: fallida contratación de termoeléctricas
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El 11 de junio, la Comisión de Garantías Constitucionales, una de las pocas dominadas por el correísmo, anunció que ejercería control político a los contratos del Estado con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM).
Esto abrió una disputa con el oficialismo, que reclamó la investigación. El 18 de junio, la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, de ADN, anunció que el CAL le asignó con anterioridad la fiscalización por la fallida contratación de las termoeléctricas.
Desde esa fecha, se han desarrollado en la comisión liderada por el gobierno tres sesiones para abordar el tema. La última, el 5 de agosto, tuvo la presencia del contralor del Estado, Mauricio Torres.
El contralor detalló las irregularidades detectadas. En el caso de Progen, el perjuicio asciende a USD 100 millones por los contratos para instalar generadores en Quevedo y El Salitral, dijo.
Torres apuntó al gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y los gerentes de las unidades de negocio de ElectroGuayas y TermoPichincha como los principales responsables, por haber firmado los contratos.
Esto dejó por fuera a la ministra de Energía, Inés Manzano y a Roberto Luque y Félix Wong que ejercieron funciones durante la crisis eléctrica que soportó el país a finales de 2024.
Casi a la par, el CAL archivó una moción para conocer un pedido de juicio político contra Manzano planteado por Revolución Ciudadana.
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Bonos entregados por el Gobierno
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El 2 de julio, la Comisión de Garantías Constitucionales convocó al ministro de Inclusión Económica, Harold Burbano. El objetivo: iniciar la fiscalización de los programas “Incentivo Emprende”, “Jóvenes en Acción” y “Ecuatorianos en Acción”.
El afán correísta duró poco. Dos días después, la comisión liderada por Diana Jácome remitió el oficio con la decisión de CAL de que sea la mesa de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social la que lleve el tema.
La justificación fue que, en razón de la temática, es la única competente para conocer el proceso de fiscalización y control político sobre los programas de bonos, becas, pagos y decretos anunciados en el período del 22 y el 25 de marzo de 2025
No existe registro de comparecencias y que esta investigación hubiera avanzado, desde entonces, en la Asamblea Nacional.
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Fuga de cabecilla de grupo criminal
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A la Comisión de Seguridad, dominada por ADN, se le acaba el tiempo que le dio el Pleno de la Asamblea para fiscalizar la fuga de Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, cabecilla del grupo criminal Las Águilas.
El 26 de junio, el oficialismo y sus aliados de Pachakutik bloquearon la intención de RC de que el caso vaya a la Comisión de Garantías Constitucionales y comparezcan ministros como John Reimberg, del Interior, y Gian Carlo Loffredo, de Defensa.
Inés Alarcón, de ADN, que preside la mesa de Seguridad, reclamó la competencia de esa investigación, para la cual el pleno le otorgó 90 días a partir de la notificación.
Sin embargo, en esa comisión, que tiene varias leyes sobre seguridad en debate y no se conocen mayores avances sobre esta investigación en particular, mientras 'Fede' tiene dos meses evadiendo a la justicia ecuatoriana.
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Crisis en el sistema de salud pública
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La muerte de neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil abrió una nueva disputa fiscalizadora entre correístas y gobiernistas.
La Comisión de la Niñez, con Viviana Veloz a la cabeza, asegura haber sido la primera en abordar el tema de la crisis hospitalaria desde la versión de que son 18 los recién nacidos muertos por la falta y mal uso de insumos médicos.
Pero, el 13 de agosto, la Comisión de Salud, de mayoría gobiernista, decidió tomar el tema y su primer invitado fue el ministro de Salud, Jimmy Martin, que negó que sean 18 los muertos sino que habló de 12 decesos, dos por una bacteria hospitalaria y 10 por múltiples factores.
La versión del ministro fue tomada como un hecho por los legisladores de ADN en esa comisión que pidieron a opositores políticos y medios de comunicación que no se hagan eco de lo que calificaron como "narrativa engañosa" para afectar al Gobierno.
Visiblemente incómodo por las preguntas de los medios de comunicación sobre la crisis del sistema de salud pública, el presidente de la Comisión de Salud, Jose Reyes Baquerizo, explicó el 13 de agosto cómo se desarrollará la fiscalización.
"Además de recopilar información, va a consistir en un proceso articulado en las 24 provincias del país, con asambleístas de cada una de las provincias, a visitas en hospitales en territorio. Eso sucederá en un periodo no mayor a 30 días".
El consuelo correísta
En el pulso por fiscalizar los temas de alto impacto político, el correísmo ha perdido en todos los casos ante la mayoría del gobierno y sus aliados.
Por ahora, la Comisión de Garantías Constitucionales tiene en sus manos el control político del proceso electoral de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, por posibles vulneraciones a derechos colectivos.
En tanto que a la Comisión de la Niñez, que es otro bastión de la Revolución Ciudadana en la Asamblea, aún no se le ha retirado la fiscalización a temas sobre violencia supuestamente ejercida a niñas, niños y adolescentes.
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