CAL da paso a la reactivación del juicio político contra la fiscal Diana Salazar
Legisladores del PSC y ADN atendieron el pedido de la fiscal Diana Salazar para reactivar el juicio político en su contra. Ahora los casos pasarán a la Comisión de Fiscalización.
La fiscal Diana Salazar acude este 4 de septiembre de 2024 a una audiencia del caso Purga en la Corte Nacional de Justicia.
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Fiscalía General del Estado.
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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso a la reactivación del juicio político en contra de la fiscal General del Estado, Diana Salazar.
En la sesión desarrollada este 4 de septiembre, cinco legisladores del Partido Social Cristiano (PSC) y ADN atendieron el pedido de la misma Fiscal, quien luego de pasar el riesgo por su maternidad, se puso a disposición de la Asamblea para enfrentar lo que calificó como un "narcojuicio".
El CAL autorizó a la Comisión de Fiscalización que unifique los dos juicios, ingresado por los asambleísta Héctor Valladares y Gissela Garzón, ambos de la Revolución Ciudadana.
El asambleísta Jorge Acaiturri, integrante del Partido Social Cristiano (PSC) y del CAL, adelantó que la idea era enviar los dos pedidos.
"Vamos a hacer caso al pedido de la Fiscal de que juicio se reactive y se enviará a la Comisión de Fiscalización".
Jorge Acaiturri, asambleísta
Orden de juicios políticos
Según Acaiturri, al estar suspendido el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, por una decisión de un juez de la Unidad Judicial de Quitumbe, debería continuar el de Salazar, que estaba antes en el orden de prelación.
El juez Édgar Romero dispuso que se reactiven los juicios políticos al exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo. Todos son exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso.
Sobre esto, el legislador socialcristiano dijo que hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, ante el pedido del seguimiento a una sentencia de 2023.
Aquella sentencia dice que "la justicia ordinaria no puede interferir en las labores de fiscalización cuando se trata de juicios políticos".
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