Asamblea debate la reclasificación y el envío a régimen penitenciario especial a los presos de alta peligrosidad
Los legisladores de ADN buscan que sea el SNAI el que defina la peligrosidad y la cárcel que debe ocupar cada preso. Además, se busca motivar la incorporación de policías en servicio pasivo en la vigilancia carcelaria.
Reclusos del Centro de Privación de Libertad de Azuay durante una jornada médica el 5 de enero de 2026.
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SNAI.
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Partiendo del supuesto de que las organizaciones delictivas tienen parte del control de la mayoría de las cárceles en Ecuador, la Asamblea Nacional discute, el 27 de enero de 2026 y en primer debate, una reforma para intentar fortalecer el sistema penitenciario frente a la influencias del crimen organizado.
El proyecto que fue presentado a finales de 2024 por la legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN), Inés Alarcón, plantea modificaciones a cinco cuerpos legales vigentes:
- Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
- Código Orgánico Integral Penal (COIP).
- Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.
- Ley de Seguridad Pública y del Estado.
- Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional.
El oficialismo pretende aplicar los cambios más importantes en el Código Penal (COIP), pero también en lo referente a la seguridad social de los uniformados en servicio pasivo que quieran incorporarse como guías penitenciarios.
Cárcel a medida de la peligrosidad del reo
La Comisión de Seguridad propone en el informe de primer debate incorporar un nuevo capítulo al COIP, para incluir la figura de "régimen de ejecución penitenciaria especial".
"No puede ser que hoy los cabecillas (de bandas delictivas) sean quienes clasifican a los reos. Por eso estamos proponiendo que haya esta clasificación", dijo Alarcón quien preside esa mesa legislativa.
La reclasificación, según la propuesta, estaría a cargo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y se aplicaría bajo los siguientes criterios.
- Por su participación comprobada en organizaciones de delincuencia organizada o redes asociadas.
- Nivel de peligrosidad, jerarquía o liderazgo dentro de estructuras criminales organizadas o transnacionales.
- Riesgo de fuga o de reorganización delictiva.
- Conducta penitenciaria.
El proceso de clasificación deberá considerar informes de inteligencia penitenciaria, policial y judicial, que servirán como insumos especializados para la toma de decisiones, detalla el proyecto que debate el 27 de enero la Asamblea.
¿A dónde serán enviados?
Según el texto que debaten los legisladores, las personas a las que se aplique este régimen penitenciario especial, serán asignadas prioritariamente a centros de privación de libertad de máxima seguridad.
Estos deberán estar diseñados para contener riesgos excepcionales de violencia estructurada, reorganización de delincuencia organizada y sus formas evolutivas o amenaza a la seguridad institucional, dice la propuesta.
Expolicías como complemento de seguridad
Otro tema que se busca modificar e implementar es la presencia activa de exmiembros de la Policía Nacional, que no hayan dejado la entidad por problemas legales o disciplinarios, en el cuerpo de vigilancia penitenciaria.
La proponente del proyecto, Inés Alarcón, considera que la participación de los exuniformados en puestos jerárquicos puede ayudar a tener mayor control, teniendo en cuenta "que hoy los guías penitenciarios son bastante corruptibles".
Para motivar la incorporación de policías en servicio pasivo a esta fuera, se propone una reforma a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional.
La ley dice que quienes perciben pensiones de retiro del ISSPOL, y se reincorporan a prestar servicios bajo relación de dependencia y perciban un sueldo, dejarán de percibir el 40% del aporte del Estado, en su pensión, en los casos en que el monto de la misma supere el valor de una canasta básica familiar.
La propuesta es que se excluya de este descuento a quienes se incorporen bajo relación de dependencia a trabajar en el SNAI.
Polémica entre ADN y RC
En la aprobación del informe para primer debate hubo acusaciones de ADN contra los dos integrantes de la Comisión de Seguridad que son parte de la Revolución Ciudadana (RC), por abstenerse de votar a favor.
La bancada oficialista acusa al correísmo de no apoyar y oponerse a todas las iniciativas que tienen que ver con temas de seguridad que son impulsados desde el gobierno.
Sin embargo, el legislador de RC, Gerardo Machado, aseguró que su voto en abstención, junto al de Jahiren Noriega, se debía a que no se recogieron algunas de sus observaciones y que esperaban que eso se incluya en el informe de segundo debate.
El correísmo considera que en esta proyecto reformatorio se debería incluir temas como la mejora salarial y el equipamiento de los guías penitenciarios.
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