¿Qué sanción puede recibir el legislador correísta Ronal González por presuntamente "provocar incidentes violentos"?

Ni bien iniciado el nuevo periodo legislativo y ya se produce el primer conflicto de tipo disciplinario entre legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y la opositora Revolución Ciudadana (RC).

La tarde del 28 de mayo, la asambleísta de ADN, Diana Jácome, presentó una queja contra el legislador del correísmo, Ronal González. El oficio fue enviado al presidente de la Asamblea, Niels Olsen.

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Jácome relata que mientras se desarrollaba la sesión del Pleno del 26 de mayo, González se desplazó por las instalaciones de la Asamblea portando un megáfono.

"Lanzó gritos ofensivos dirigidos a sus compañeros legisladores, específicamente mencionando: ¿sí me escuchas, sinvergüenza? en un tono confrontativo, irrespetuoso y violento". 

Diana Jácome en su queja contra Ronal González

El legislador correísta había denunciado en días pasados que el presidente Olsen no otorgaba la palabra a los asambleístas de su bancada, por lo que no descartaba usar un megáfono para dejarse escuchar.

Con ese antecedente, en el escrito se señala que la acción de Ronal González fue premeditada y tuvo la intención de intimidar y exhibir públicamente a otros legisladores.

"El uso de un megáfono, artefacto ajeno a la práctica parlamentaria, representó un acto de desacato simbólico al orden institucional y una burla directa a los mecanismos formales de la deliberación democrática", agrega la queja presentada. 

Falta administrativa grave

La legisladora Jácome pide al presidente Olsen que sea el propio Consejo de Administración Legislativa (CAL) el que conozca y resuelva este tema.

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Según la asambleísta de ADN, la actitud de González habría violentado dos numerales del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

• Provocar incidentes violentos o instigación a la violencia en las sesiones del Pleno de la Asamblea, CAL o las comisiones especializadas.
• Expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno, CAL o comisiones.

Estas constituyen faltas administrativas muy graves que pueden ser sancionadas con suspensión, sin remuneración, de 30 a 90 días.

Jácome aseguró este 29 de mayo que dará seguimiento al caso y espera que el CAL, de mayoría oficialista, aplique la máxima sanción al correísta González, es decir, 90 días de suspensión.