Exlegisladora Esther Cuesta se salva en la Asamblea, pero no se libra de ser procesada en el caso Ligados

La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, resolvió la mañana de este 27 de mayo de 2025, declarar improcedente el pedido judicial para levantar la inmunidad parlamentaria a la exasambleísta Esther Cuesta, del movimiento Revolución Ciudadana (RC). 

La decisión se tomó con 78 votos afirmativos, 65 negativos y 6 abstenciones, durante una sesión del Pleno convocada específicamente para tratar este caso.

El pedido había sido formulado por el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Hernán Barros, en el marco del denominado caso Ligados, que investiga una presunta red de corrupción para la determinación de cargos que vincularía al correísmo.

Un informe de la Coordinación de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional concluyó que el Legislativo no tiene competencia para pronunciarse sobre la inmunidad de personas que ya no ostentan la calidad de asambleístas, ya que hacerlo iría en contra del principio de seguridad jurídica. 

En consecuencia, el Legislativo decidió devolver el pedido al remitente.

La moción fue presentada por la legisladora Esperanza Rogel, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), quien señaló que Cuesta cesó oficialmente en sus funciones como asambleísta el 13 de mayo de 2025.

Es decir, actualmente, Cuesta es una ciudadana común y ya no goza del fuero de Corte Nacional que otorga la Constitución a los miembros en funciones del Parlamento.

“La solicitud es jurídicamente improcedente porque Esther Cuesta ya no tiene fuero, por tanto, no corresponde al Pleno autorizar el pedido”.

Esperanza Rogel, asambleísta ADN

La decisión de la Asamblea no significa que Cuesta quede exenta de enfrentar la justicia en el llamado caso Ligados. Lo que implica es que, al ya no contar con fuero, la Corte puede proceder directamente sin requerir el aval del Legislativo.

Contexto legal

El artículo 128 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los asambleístas cuentan con fuero de Corte Nacional de Justicia solo durante el ejercicio de sus funciones.

Además, señala que para iniciar una causa penal en su contra, se requiere autorización previa de la Asamblea Nacional, salvo que no esté relacionada con sus actividades legislativas.

Una vez que dejan el cargo, los exasambleístas pierden este fuero, y pueden ser procesados directamente por la justicia ordinaria, sin necesidad de una autorización del Parlamento.

El caso Ligados

Esther Cuesta es una de las figuras políticas que la Fiscalía busca vincular al caso Ligados, una investigación sobre una presunta red de influencias en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y otras entidades estatales con fines políticos en favor supuestamente del correísmo.

Aunque los detalles del expediente son reservados, el caso ha cobrado notoriedad por implicar a exfuncionarios y actuales actores políticos.