Así presiona la “mano invisible” de las gigantes tecnológicas a las autoridades latinoamericanas

“¿Qué debemos hacer nosotros, desde el Congreso de la República, sobre la inteligencia artificial?”, pregunta Diego Caicedo, un joven congresista, en un video publicado en su perfil de Instagram. A su lado está Pablo Nieto, otro colombiano, quien le responde: “Generar marcos promotores de inteligencia artificial” y “escuchar a todas las partes interesadas”.

No fue un intercambio casual; ni por donde ocurrió, ni por quienes hablaban, ni por lo que decían.

Ambos son parte de una amplia red de influencia con la que las grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon, Meta, Microsoft, entre otras, inciden en las políticas públicas de América Latina. Otras fichas en este juego silencioso de alto poder incluyen a congresistas que defienden sus argumentos, lobistas que impulsan sus narrativas, expertos y exfuncionarios que revisten de interés público los intereses de estas empresas.

Cuando las tecnológicas no quieren exponer a sus propios lobistas, recurren a terceros, como bufetes de abogados o asociaciones sectoriales. Esos grupos se reúnen con frecuencia con actores públicos, organizan congresos internacionales, producen estudios para ‘iluminar’ a los ministerios y envían sus ideas sobre proyectos de ley argumentando amor al progreso de los países.

Su trabajo, como explicó a esta alianza periodística Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, es conseguir “capacidad y acceso a tomadores de decisión, y a cualquier mecanismo que permita influenciar las decisiones”.

Nada de eso es ilegal, ni tampoco original. Se parecen a las operaciones de otras multinacionales, como las mineras, tabacaleras o farmacéuticas.

No obstante, hay una diferencia abismal entre la multinacional de siempre y estas enormes empresas tecnológicas. A diferencia de aquellas, que influyen en un sector, éstas últimas intermedian casi cualquier actividad humana: desde hablar con la familia hasta organizar la agenda, llegar a una dirección, hacer reuniones virtuales y leer noticias. Evadirlas requiere un esfuerzo. Su influencia sobre nuestras vidas solo va a crecer, teniendo en cuenta el ritmo al que la inteligencia artificial va colándose en todo lo que hacemos.

Estamos hablando de Alphabet, la dueña de Google, YouTube y de decenas de útiles aplicaciones de mapas, estudio y hasta para el periodismo de investigación. Según su propia definición, Alphabet tiene la misión de “organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos”. Google ya es un verbo en todos los idiomas, sinónimo de buscar información; y aunque hay otros motores de búsqueda, ninguno está tan metido en la vida diaria de los latinoamericanos.

Estamos hablando también de Meta, propietaria de Whatsapp, Facebook e Instagram, cuyo objetivo es “construir el futuro de las relaciones humanas y la tecnología que las hace posibles”. En español decimos ‘whatsappear’ por mandar un mensaje, y millones de personas exponen su vida y milagros en Facebook e Instagram todos los días. La plataforma los conoce al dedillo y les entrega a los publicistas, sean de jabón o de campañas políticas, información hasta sobre sus estados de ánimo para que estos les vendan productos a su medida. Dicen sus reportes que en un día de diciembre de 2024, en promedio 3.350 millones de personas estaban usando alguna de las aplicaciones de la “familia” Meta. Esto es casi media humanidad.

Semejante influencia en la política, los derechos humanos, el bienestar social, la salud pública, la salud mental de los jóvenes, la economía y el hecho de que son prácticamente indispensables para funcionar en la vida de hoy, llevaría a pensar que es crucial para los países regularlas para dar al Estado y a los consumidores herramientas para evitar abusos de estas empresas.

Pero como lo comprobó esta investigación periodística, La Mano Invisible de las Big Tech, liderada por el medio brasileño Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), junto con otros 15 medios en 13 países, regular a las grandes tecnológicas no ha sido tarea fácil. Tienen bolsillos infinitos para librar todas las batallas. Sus algoritmos se esconden detrás del secreto industrial y se requiere conocimientos sofisticados para regularlos, sin caer en la censura. Y resisten a toda costa que normas locales les arruinen su modelo de negocio global.

Una base de datos elaborada en forma colectiva a partir de información pública disponible en línea, con pedidos de acceso a la información, entrevistas con decenas de fuentes en gobiernos, congresos y empresas tecnológicas, con expertos y académicos, pudo documentar 2977 acciones de influencia concretas en diez países y la Unión Europea, la mayoría de estas desde 2019 hasta junio de 2025. Estas involucraron a 1516 representantes directos o indirectos de las tecnológicas que interactuaron en defensa de las posturas de la industria digital con 2508 servidores públicos, desde congresistas, reguladores, ministros hasta directores de escuelas y hospitales públicos. 

Además, esta investigación encontró que es tal la necesidad de morigerar los impactos no deseados de estas Big Tech, que tan solo en la Unión Europea y otros 11 países, gobiernos, trabajadores o personas han presentado desde 2019 al menos 801 proyectos de ley para mejorar la moderación de espacios donde niños y adolescentes se encuentran; bloquear cuentas que diseminan el odio impunemente; hacer cumplir normas nacionales electorales o de protección de datos; responsabilizar a las plataformas por contenidos dañinos; castigar usos dañinos de la Inteligencia Artificial; entre otras causas.

Así mismo, esta alianza periodística encontró 315 casos judiciales en apenas cuatro países, registrados desde 2022, ligados con conflictos con las tecnológicas. Estos litigios se originan desde la denuncia de un ciudadano del común por el mal uso de un video o una imagen, hasta reclamos por no regular contenidos nocivos o no cumplir las normas de privacidad. Las tecnológicas también han demandado a los gobiernos oponiéndose a sanciones o normas que limitan sus operaciones.

En respuesta a detallados cuestionarios enviados por esta alianza periodística sobre sus acciones de lobby en los países en los que investigamos, las Big Tech prefirieron emitir declaraciones generales en los que reconocen sus interacciones con representantes políticos y tomadores de decisiones públicas en temas que competen a sus negocios o sus productos, y afirman que estas interacciones cumplen los marcos éticos y regulatorios de los países donde ocurren. En este documento pueden leer las respuestas enviadas por cada una de las empresas.

En este capítulo de La Mano Invisible de las Big Tech, sacamos a la luz en detalle cómo sucedieron varias operaciones de lobby en América Latina de algunas de las tecnológicas que más inciden en la vida diaria de las personas. ¿En qué terrenos se movieron sus batallas? ¿Quiénes forman sus escuadrones de lobistas y agentes de influencia en algunos países?

El encuentro en donde el congresista colombiano Caicedo entrevistó a su compatriota Nieto, citado arriba, se llamó el Digiecon 2025, tuvo lugar en abril de este año en Ciudad de México y reunió al menos a 15 legisladores de América Latina con ejecutivos de TikTok, Meta, Google, Rappi y Mercado Libre, entre otras, para debatir sobre “economía digital” y “desarrollo social y económico”.

Fue organizado por la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) que agrupa a las tecnológicas, organización que invitó a Caicedo, según este le dijo a Cuestión Pública, medio colombiano miembro de esta alianza.

Algunos de los congresistas que estuvieron en Digiecon 2025 fueron los diputados brasileños Any Ortiz, y sus colegas Rodrigo Valadares y David Soares; cuatro legisladores argentinos (Juan Manuel López, Dahiana Fernández Molero, Karina Banfi y Santiago Santurio), otros cuatro congresistas colombianos además de Caicedo (Ciro Rodríguez Pinzón, Carlos Guevara, Irma Luz Herrera y Daniel Restrepo Carmona), tres legisladores chilenos (Leonardo Soto Ferrada, Francisco Chahuán y Paula Labra), y otros de Guatemala (Manuel De Jesús Archila Cordón), Costa Rica (Kattia Cambronero Aguiluz) y Perú (José Ernesto Cueto), según pudo reconstruir esta alianza periodística a partir de fotos del certamen y otros registros de redes sociales. También asistieron más funcionarios públicos de estos y otros países latinoamericanos.

Encontramos que algunos de estos invitados protagonizan hoy la discusión sobre temas digitales en los órganos legislativos de sus países, proponiendo —y, a veces, frenando— proyectos de ley; o moviendo los intereses de las tecnológicas en los cuerpos legislativos. Por eso, la foto del evento resulta una metáfora potente de cómo los tentáculos de las tecnológicas se extienden por el continente.

El representante a la Cámara Caicedo, por ejemplo, en septiembre de 2024 impulsó una comisión transitoria para estudiar los proyectos de ley en curso relacionados con Inteligencia Artificial, justo cuando otra comisión se disponía a hacer exactamente lo mismo. Aunque la movida buscaba, según se dijo en Congreso, unificar varias iniciativas regulatorias, no logró ese cometido. El senador colombiano Alirio Uribe, quien ha impulsado varios de estos proyectos, dijo a Cuestión Pública y al CLIP que la comisión de IA “se hizo para obstruir todos los proyectos”. Explicó que “lo que hicieron ellos fue tomar todos los proyectos, revisarlos, y luego nos presentaron unos artículos inanes”. Solo una regulación de IA, que agrava el delito de estafa cuando se usan herramientas de inteligencia artificial para cometerlo, ha sido aprobada por el legislativo colombiano desde entonces.

Caicedo no contestó a las preguntas enviadas por esta alianza periodística sobre su rol en el trámite de los proyectos de ley de inteligencia artificial, ni sobre el video que publicó con Nieto.

Nieto, gerente de políticas públicas de ALAI para la región Andina, tiene una presencia permanente en el Congreso de Colombia. Aparece en consultas públicas y escribe conceptos jurídicos sobre proyectos de ley, pero también organiza eventos abiertos o cerrados con los legisladores y ha cultivado relaciones cercanas con Caicedo y con otros congresistas colombianos, según pudo constatar esta alianza periodística en eventos públicos y contenidos de redes sociales. Entre octubre de 2023 (cuando comenzó a trabajar en ALAI) y diciembre de 2024, Nieto acumuló 22 visitas a congresistas, según se consigna en una petición de información hecha por Cuestión Pública.

En Ecuador, Nieto también ha hecho incidencia a favor de las tecnológicas en el proceso de reglamentación posterior a la Ley de Protección de Datos, de 2021. Un primer reglamento, que se aprobó en 2023, fue construido con participación de los gremios de la industria, pero con una intervención casi nula de otros sectores, según encontró el medio Primicias, parte de esta alianza periodística. En 2024, Nieto se reunió con Fabrizio Peralta Díaz, superintendente de Protección de Datos Personales de Ecuador, para discutir regulaciones sobre aspectos puntuales de la ley, según consta en registros públicos; y en abril de 2025, Peralta Díaz viajó a México a Digiecon, donde de nuevo se encontró con Nieto y con Raúl Echeberría, director ejecutivo de ALAI.

Sobre su relación con ALAI, Peralta Díaz afirmó a Primicias que no ha recibido presiones de ese ni de ningún otro actor. “Con Pablo (Nieto) nunca yo he recibido ninguna petición particular o especial, más allá de la posibilidad de ser escuchados”, dijo. En una comunicación, ALAI dijo que “las comunicaciones con oficiales de gobiernos y parlamentarios son realizadas a través de los canales formales de comunicación habituales para cada país”.

La huella de ALAI

ALAI nació en 2015 en Montevideo, Uruguay, como una alianza entre cinco empresas tecnológicas: las latinoamericanas Despegar.com, de viajes, y Mercado Libre, de ventas online; y las estadounidenses Yahoo, Facebook y Google. Su primer director ejecutivo, Gonzalo Navarro, dijo en una entrevista de la época que la Asociación buscaba “contribuir a engrandecer el ecosistema de Internet, tendiendo puentes entre los distintos actores que lo componen y desarrollando políticas públicas dentro de nuestra competencia”.

Hoy, entre las 14 empresas tecnológicas que hacen parte de su directorio están Amazon, AirBnb y TikTok, igual que la latinoamericana de reparto domiciliario, Rappi. Como consta en sus estados financieros de 2023, radicados ante el gobierno uruguayo, cada una de estas empresas paga por su membresía anual una suma que puede ir hasta los 50.000 dólares, y algunas además aportan montos adicionales para proyectos específicos. Ese año, ALAI reportó ingresos por más de un millón de dólares, en su totalidad provenientes de contribución de empresas tecnológicas; y gastos de administración por 711 mil dólares.

ALAI defiende con ahínco los intereses comerciales de sus empresas socias ante congresos, cortes y entidades regulatorias de la región. La Asociación, por ejemplo, se puso en contra de regulaciones del turismo en Colombia que buscaban limitar los alquileres de corto plazo que promociona AirBnb. En México impulsó un “marco regulatorio equilibrado” en el debate sobre los derechos laborales de los trabajadores de empresas como Rappi: una forma elegante de oponerse a que las plataformas tengan la obligación de darles un contrato laboral a quienes trabajan con ellas.

ALAI dice que “no representa los intereses de empresas específicas ni hace actividades de lobby para empresas específicas, sino que, al igual que cualquier otra cámara empresarial sectorial, representa los intereses del sector en general”.

En Brasil también ha criticado propuestas similares, y sus posiciones han encontrado oídos atentos en algunos de los congresistas que asistieron al mencionado Digiecon 2025. Any Ortiz, la diputada federal brasileña, anunció en su Instagram que estaba allí hablando de un proyecto de ley de regulación del mercado digital del que es relatora. “Ese ecosistema puede impulsar a empresas pequeñas, medianas y grandes, generando más innovación, competitividad y oportunidades”, dijo en su publicación.

Un mes después, el 7 de mayo de este año, Ortiz pidió una audiencia pública para debatir el estudio que había publicado la Asociación Latinoamericana de Internet en septiembre de 2024, relacionado con ese proyecto de ley. El estudio concluye que el proyecto de regulación propuesto es perjudicial para la economía brasileña y podría traer un costo adicional a los usuarios por más de R$2.000 millones (equivalente a $365 millones de dólares).

Trece días después, Sérgio Garcia Alves, gerente de ALAI en Brasil, dijo —sentado al lado de Ortiz— que la iniciativa podría causar “costos en cadena”, pues contempla un impuesto del 2 por ciento a los ingresos operacionales de las plataformas, y que la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea (DMA, por su sigla en inglés), de donde toma inspiración el proyecto brasileño, es “un modelo regulatorio experimental, cuyos beneficios aún no son evidentes”.

A su turno, Ortiz dijo que tenía dudas sobre la conveniencia del proyecto: no solo afirmó que algunas de las reglas del DMA no aplican en Brasil, por lo que “sería necesario desarrollarlas mejor”, sino también que la medida “podría impactar el costo al consumidor que usa los servicios digitales”. Las mismas cuestiones planteadas por ALAI.

En respuesta a esta alianza periodística, Ortiz afirmó que las posturas que expresó en la audiencia “no provienen de una entidad específica, sino de un amplio proceso de reflexión y análisis”, y que invitó a representantes del gobierno a participar en el evento, pero que “decidieron no asistir”.

La congresista afirmó que ha buscado “escuchar a todos los actores” en la regulación del mercado de las empresas tecnológicas y que ha “participado regularmente en eventos nacionales e internacionales organizados por diversas entidades”. También afirmó que la solicitud de la audiencia que analizó el estudio de ALAI “no tuvo relación” con su participación en Digiecon, ya que se presentó inicialmente en 2024. La congresista no respondió a la pregunta de quién financió su viaje a Digiecon, pero afirmó que no generó ningún costo para la Cámara de Diputados.

ALAI también estuvo presente en las discusiones brasileñas sobre el proyecto de ley conocido como de las Fake News (2630 de 2020), que buscaba regular las plataformas digitales y fue enterrado por el lobby de las plataformas, como revela otra historia de esta investigación periodística. Entre marzo y mayo de 2023, cuando el proyecto estaba a punto de ser votado en la Cámara de Diputados, la asociación publicó tres comunicados (1, 2, 3) oponiéndose a que fuera aprobado. Argumentó, por ejemplo, que el texto promovía un riesgo de control estatal de la información, una afirmación que, según, Artur Romeu, director de la oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, no tiene sustento.

“La regulación no es censura”, dijo a Agência Pública. “El Proyecto de Ley 2630 ha sido ampliamente debatido durante años y se basa en modelos democráticos”.

El 28 de marzo de este año, Garcia Alves, el gerente de ALAI en Brasil, firmó un texto en el que defendía la permanencia del artículo 19 del Marco Civil de Internet, que establece que las plataformas digitales solo pueden ser responsabilizadas por contenidos de terceros si éstas no los eliminan luego de que un juez lo haya ordenado. Mientras el Tribunal decidía, ALAI también hizo un almuerzo dirigido a autoridades brasileñas en el marco de un foro organizado por Gilmar Mendes, uno de los ministros (magistrados) del STF que votaron en el proceso.

Sin embargo, la asociación no logró su objetivo, porque en junio el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que las empresas eran responsables por los contenidos que generaran daños aún cuando no hubiera órdenes judiciales. Google, Meta, Tiktok y X estuvieron involucradas en este proceso legal.

En Colombia, ALAI fue parte de una coalición de organizaciones que logró que el Congreso modificara una norma que buscaba regular contenidos digitales que puedan ser nocivos para la salud mental de los menores de edad. Aunque la sociedad civil también criticó la iniciativa por considerar que le daba poderes excesivos al regulador, los argumentos que resonaron en la Plenaria del Senado fueron los del lobby de las tecnológicas, que dijeron que la norma podría amenazar la libertad de expresión en Colombia y “derivar en la eliminación arbitraria de información, limitando la diversidad de opiniones y voces en espacios digitales”.

La ALAI también está detrás de otra iniciativa de influencia en la región: la Alianza por una Internet Abierta (AIA). Esta alianza se opone a la aplicación de la llamada “tasa de red”, es decir, la propuesta que las Big Tech contribuyan a la operación de la infraestructura de telecomunicaciones. La alianza comenzó en Brasil en 2023 y su primer director ejecutivo fue el exdiputado federal brasileño Alessandro Molon (PSB - RJ). En 2025, con ALAI y varias de sus empresas socias como miembros fundadores, la iniciativa se expandió al resto de Latinoamérica. Su directora para el resto de la región es la exdirectora de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación de Uruguay, Mercedes Aramendía, un caso que refleja bien el mecanismo de ‘revolving door', o puerta giratoria, por el cual las empresas buscan influencia en el poder público al contratar exfuncionarios gubernamentales.

Preguntada por esta alianza periodística sobre la elección de exfuncionarios públicos para ocupar cargos directivos y sobre el motivo de su expansión por América Latina, la AIA no respondió. La entidad afirmó que representa a “más de 14 mil empresas en Brasil” y que “sigue de cerca las discusiones sobre la tarifa de red y defiende la neutralidad de la red como un principio esencial para el internet brasileño”. ALAI no respondió a preguntas sobre su relación con la AIA.

Lobby desde Washington en Brasil

Además de la actuación de ALAI, las Big Tech también han invertido en actividades de influencia regional a través de otras asociaciones internacionales, como el Information Technology Industry Council (ITI) y el Center for Information Policy Leadership (CIPL), ambos basados en Washington, y la Access Partnership, de Londres. Las organizaciones han actuado, en los últimos años, con foco en las discusiones sobre regulaciones de empresas de tecnología, IA y la tasa de red.

El ITI tiene entre sus miembros a Amazon, Apple, Google, Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle, Lenovo y NVIDIA. Según su sitio web, el grupo busca que “todos los gobiernos del mundo desarrollen políticas, normas y reglamentos que promuevan la innovación y el crecimiento de la industria tecnológica”. Fue fundado en 1916 y ha cambiado sus miembros con la evolución de las tecnologías.

Entre 2023 y 2024, representantes del ITI realizaron al menos 11 reuniones con miembros del Ejecutivo brasileño, según estableció La Mano Invisible de las Big Tech, con datos de la Agenda Transparente. Visitaron agencias reguladoras, así como ministerios y la Casa Civil de la Presidencia de la República. En varias de estas reuniones, el ITI llevó consigo representantes de empresas, como Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Mastercard, HP, IBM e Intel.

Según una persona funcionaria brasileña visitada por el grupo, que habló bajo reserva, el ITI es “muy activo” en el país desde 2016. Al ser preguntada sobre cómo ocurren los diálogos con los representantes sectoriales, afirmó: “Las empresas y asociaciones suelen llegar, a veces preparan una presentación o no, se presentan y luego pasan a un tema más específico para ‘mostrar el absurdo que está ocurriendo’ en determinada cuestión. Tocan todas las puertas para buscar el oído más receptivo”.

Agência Pública solicitó vía Ley de Acceso a la Información las actas, notas o grabaciones de las 11 reuniones entre el ITI y las autoridades brasileñas. La Casa Civil dijo que la reunión sirvió para que el ITI presentara “puntos de atención” respecto al proyecto de ley 2.338/2023, el cual propone regular la IA. El Ministerio de Comunicaciones informó que se discutió la implementación de infraestructura de comunicaciones y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) reportó que la discusión trató sobre requisitos de seguridad cibernética y buenas prácticas regulatorias.

En la mayoría de las reuniones realizadas con autoridades en Brasil estuvo presente el lobista brasileño Husani Durans de Jesus, quien fue funcionario de la Cancillería de ese país y ahora es director para las Américas del ITI, desde su sede en Washington. Según los registros de visitas en el Congreso de Brasil, y sus propias publicaciones en redes sociales, Durans de Jesus viajó a Brasil al menos tres veces en los últimos años: en marzo de 2023, marzo de 2024 y septiembre de 2024, a veces acompañado por otros miembros del grupo.

Además, el grupo promovió el seminario “Regulación del Uso de las Redes de Telecomunicaciones”, en Brasilia, en asociación con la Editora Globo, para debatir acerca de la cobranza de la tasa de red. La asociación también firmó cuatro artículos de “contenido de marca” en el sitio web de noticias financieras Valor Econômico , según se indica en los textos mismos.

En septiembre, cuando el proyecto de IA se debatía con intensidad en el Senado, Husani viajó a Brasil acompañado de Courtney Lang, otra vicepresidenta sénior de ITI, quien lidera el trabajo global de regulación de IA en esa organización. Ambos se reunieron con funcionarios del equipo del senador Eduardo Gomes (PL-TO), autor del proyecto de ley. “La reunión fue fantástica”, afirmó Durans en una publicación en redes sociales.

Una semana antes de llegar al país, Lang hizo recomendaciones muy específicas por videollamada, en una audiencia pública sobre el proyecto de ley que buscaba regular esta tecnología. Una de ellas fue eliminar dos artículos que enumeran los derechos de los usuarios de estas tecnologías, pues “asumen que habrá riesgos significativos para los derechos humanos a lo largo del ciclo de vida de la inteligencia artificial, lo que, a mi modo de ver, no siempre ocurre”.

ITI también organizó recepciones a congresistas brasileños en Washington, como pasó en marzo de 2024, según se describe en publicaciones en LinkedIn y en al menos tres informes de viaje elaborados por los legisladores. Entre los presentes se encontraba el senador Marcos Pontes, quien era el vicepresidente de una comisión temporal del Senado que analizó el proyecto de ley sobre IA. En esa comisión, Pontes presionó para que la ley se ajustara más a los intereses de las grandes tecnológicas. Fue el mismo senador que, meses antes, había invitado a Lang a una audiencia pública sobre esa misma ley.

En una declaración enviada a esta alianza, ITI dice que interactúa con servidores públicos en todo el mundo “en representación del sector tecnológico, con la misión de promover políticas públicas y estándares de la industria que beneficien la competencia y la innovación”. Sus interacciones con actores políticos en Brasil, dice, buscan “permitirles a más ciudadanos, negocios y comunidades beneficiarse de una mayor conectividad e inclusión”.

Pontes no respondió a preguntas enviadas por Agência Pública sobre si consideraba que había algún conflicto de interés con respecto a su rol en el comité.

En ese mismo viaje a Estados Unidos, los legisladores brasileños también visitaron el Centro para el Liderazgo en Políticas de Información (CIPL, por sus siglas en inglés). Según afirma su sitio web, se trata de un think tank que ofrece a sus socios “oportunidades para trabajar en importantes cuestiones relacionadas con la privacidad y las políticas de información con expertos clave en privacidad y partes interesadas de organismos reguladores, gobiernos y el mundo académico”. Estos socios son empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, entre las que se incluyen Amazon, Google, Microsoft, Tools for Humanity (Worldcoin), Telefónica y Mercado Libre. CIPL fue fundado en 2001 por algunas empresas y un bufete de abogados, Hunton Andrews Kurth LLP (antes Hunton & Williams).

El viaje tuvo como objetivo “orientar la toma de decisiones y la elaboración de legislaciones relacionadas con la IA en Brasil”, de acuerdo con el briefing del evento, al que accedió Agência Pública. El viaje fue organizado por el Movimiento Brasil Competitivo, una organización que busca generar cercanía entre el sector público y el privado.

En su informe de gestión de 2024, el CIPL celebra que los legisladores brasileños adoptaran, en su proyecto de ley, varias recomendaciones de un informe que publicó sobre regulación global de IA.

CIPL no respondió a un cuestionario enviado por esta alianza periodística.

Otras empresas de lobby internacional también están trabajando para influir en la legislación de Brasil, uno de los mayores mercados de las principales plataformas tecnológicas. Paula Corte Real , una lobista brasileña de la firma británica llamada Access Partnership —que se autoproclama “la consultora tecnológica más destacada del mundo”, ha visitado la Cámara de Diputados en al menos cinco ocasiones en 2025, según consta en un pedido de información hecho por Agencia Pública. En el último año, Corte Real ha visitado a los diputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Helio Lopes (PL-RJ) y Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), quien es el presidente del Frente Parlamentario Mixto de la Economía y Ciudadanía Digitales (Frente Digital).

En las cortes y en Congreso

En otras ocasiones, el lobby de estas asociaciones se entrelaza con los pleitos jurídicos que las tecnológicas llevan contra los reguladores estatales. En Brasil, el bufete Bialer Falsetti Associados (BFA), que defiende a Meta en casos de protección de datos contra la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD ), tiene a la abogada Ana Paula Bialer como una de sus socias. Varios representantes de BFA participaron de seis reuniones entre ITI y las autoridades brasileñas, tres de ellas en la oficina de ANPD.

La abogada no divulga en sus redes sociales su relación con el ITI, pero en agendas públicas de autoridades brasileñas y en registros obtenidos por Agência Pública a través de peticiones de acceso a la información es señalada como consultora de la asociación.

Bialer también es una lobista activa en el Congreso Nacional. Visitó la Cámara de Diputados al menos 12 veces entre 2023 y 2025, incluso en fechas de votación de proyectos importantes. En tres de esas ocasiones, declaró como destino la oficina de la diputada Luísa Canziani, primera presidenta del Frente Digital y actualmente presidenta de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Cámara de Diputados, quien enfrenta preguntas por un posible conflicto de interés relacionado con Google, según otro reportaje de esta investigación. En 2021, la abogada y la diputada firmaron juntas un artículo en el que defendía una regulación de inteligencia artificial más favorable al sector privado, como reveló Núcleo Jornalismo, parte de esta alianza periodística.

Sobre su rol dual como abogada y lobista de empresas tecnológicas, Bialer dijo que “es una profesional con reconocida experiencia en temas de tecnología, privacidad y protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial, y participa regularmente como ponente en audiencias públicas, seminarios y mesas de debate sobre los temas mencionados”.

Bialer también afirmó que el bufete BFA asesora al ITI en Brasil “desde hace muchos años” y presta “servicios de consultoría jurídica y regulatoria, así como apoyo técnico en las interlocuciones del ITI con los responsables de formular políticas públicas en el país”, pero no ofreció más detalles y dijo que las actividades están “sujetas a la obligación de confidencialidad profesional”.

El despacho no respondió si ya representaba a Meta cuando se reunió con la ANPD en nombre del ITI, ni si ve algún tipo de conflicto de interés en el hecho de que sus abogados participen en reuniones como consultores de la asociación internacional y, al mismo tiempo, defiendan a Meta en otros procesos.

Otro caso en el que el ‘lobby’ en el Congreso se entrelazó con el litigio judicial es el de Lorenzo Villegas Carrasquilla, un abogado colombiano que actúa desde 2020 como apoderado de Google en un pleito contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En 2024, Villegas intervino en una audiencia pública sobre un proyecto de ley que tocaba el punto central para la tecnológica y lo hizo repitiendo los mismos argumentos que esgrimió la empresa en las cortes colombianas.

En resoluciones oficiales entre 2019 y 2022, la SIC les exigió a Google, Meta y TikTok que cumplieran la regulación colombiana de protección de datos de menores de edad, pues consideró que no lo estaban haciendo a cabalidad. Pero las empresas demandaron al regulador ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que el fallo violaba sus derechos porque el procesamiento de esos datos no ocurre en Colombia, por lo que —aseguran— la ley del país no aplica para ellos.

El principio de que las empresas cumplan las leyes de los países donde están sus usuarios, sin importar en qué otro territorio tengan su sede central, se llama extraterritorialidad. “Esto es decirles a las empresas, ‘así usted no esté ubicado en nuestro territorio, si usted recoge datos de nuestros ciudadanos, usted tiene que cumplir nuestra legislación’”, explicó a esta alianza Heidy Balanta, abogada experta en datos personales.

Juristas colombianos consultados para esta investigación expresaron opiniones diversas sobre si el regulador colombiano puede aplicar este principio; pero en todo caso, dos proyectos de ley habrían resuelto el problema de no haber sido archivados: el 156 de 2023 y el 152 de 2024. Ambos proponían que el tratamiento de datos recogidos en Colombia por un actor responsable o por su encargado con domicilio en territorio colombiano cumplan la ley nacional de protección, sin importar si estos datos son procesados en Colombia o en el exterior.

En la audiencia pública, el abogado Villegas dijo que el proyecto de ley podría afectar la libertad de expresión de los periodistas —un argumento que compartieron varios representantes de la sociedad civil— y la libertad de empresa, pero luego expresó otra preocupación: el proyecto es “un desincentivo al tratamiento de datos particularmente en el mundo digital, desde el exterior hacia Colombia”. Además, añadió que la iniciativa “va en contravía de la Constitución Política, que establece que las leyes colombianas se aplican en el territorio colombiano, para las personas que se encuentran en el territorio colombiano”. Villegas no mencionó en el Congreso su rol en el equipo jurídico de la tecnológica californiana.

Preguntado sobre por qué no lo hizo, Villegas no ofreció respuesta. Dijo a esta alianza que fue invitado a participar de esa audiencia pública en su calidad de abogado experto en derecho de tecnología, y que aceptó porque considera “fundamental aportar elementos técnicos y jurídicos que contribuyan a enriquecer la discusión legislativa”.

ALAI, y otros aliados de las tecnológicas, han seguido esa misma línea. Un comentario al proyecto de ley de 2023 firmado por Nieto, el lobista de ALAI, dice que “en un mundo globalizado, en el que es posible ofrecer servicios a cualquier parte del mundo, pretender que todos aquellos [servicios] que se ofrecen en Colombia deban cumplir con estas disposiciones es un desincentivo para que efectivamente estén disponibles en Colombia una diversidad de servicios digitales”. Y María Fernanda Quiñones, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, dijo en la audiencia pública citada arriba que “una norma con aplicación extraterritorial compromete o desincentiva la competitividad del país”.

A las tecnológicas les preocupa que regulaciones como esta les generen problemas para administrar y distribuir sus productos internacionalmente. “La extraterritorialidad no les gusta a las Big Tech porque les hace exigibles muchas leyes, y al tener presencia en tantos países, les representa una carga de cumplimiento alta”, explicó a esta alianza periodística Viviana López, abogada de la línea de Transparencia y Derechos Digitales en Dejusticia, un centro de estudios sociales que promueve el Estado de Derecho en el Sur Global. “Sin embargo, se puede decir que la solución sería fácil: aplicar el estándar de protección más alto en todos los países”. La Unión Europea es la que hoy tiene el estándar más alto de protección de datos para sus ciudadanos, y obliga a las tecnológicas a cumplirlo.

Para Balanta, la abogada especialista en privacidad, la consecuencia de que países como Colombia no puedan aplicar sus leyes de protección de datos es que las Big Tech terminan tratando a sus usuarios colombianos “como ciudadanos de segunda clase”. Según ella, las empresas diseñan sus productos para proteger solo a quienes viven en los países que tienen reglas estrictas de privacidad, mientras que en los demás “los ciudadanos, en muchas ocasiones, se quedan sin herramientas porque el diseño de la plataforma no les facilita ejercer sus derechos”.

En Colombia, los proyectos de ley que podrían resolver esto naufragan en el Congreso; y en las cortes, la decisión sobre si la SIC se extralimitó o no al exigirles a las empresas cumplir con la ley colombiana podría demorarse varios años más. “Ese litigio es eterno”, dijo López.

En Brasil, la negativa de las plataformas sociales a cumplir con las leyes nacionales fue uno de los argumentos usados por la administración Trump en julio pasado para imponer aranceles del 50 por ciento a los productos brasileños exportados a Estados Unidos. En su carta sobre estos aranceles, el gobierno Trump mencionó decisiones en las que la Suprema Corte le había pedido a plataformas, como X y Facebook, suspender cuentas de personas investigadas, quienes las utilizaron para incitar a un golpe de Estado, amenazar jueces y distribuir desinformación. El Representante de Comercio de Estados Unidos también inició una investigación “debido a los continuos ataques de Brasil en contra de las actividades comerciales digitales de las empresas estadounidenses”. La decisión de Trump fue aplaudida por el gremio Industria de Computación y Comunicaciones (CCIA en su sigla en inglés), financiada por empresas como Google, Meta y Amazon, según reveló Agência Pública.

Puertas giratorias

Las Big Tech también han recurrido a otra estrategia para acercarse a las autoridades: la contratación de personas que ocupaban cargos públicos, lo que se conoce como puerta giratoria. Esta alianza periodística identificó al menos 59 casos que encajan en ese perfil, en Brasil, Canadá, Colombia, Chile y México.

En Brasil, el caso más notorio involucra al expresidente Michel Temer, quien fue contratado por Google a mediados de junio de 2023 para reforzar la presión de la empresa al Congreso Nacional y hacer la “mediación” con los parlamentarios, como él mismo confirmó al diario Folha de S. Paulo. En ese momento, el proyecto legislativo 2630/2020, conocido como “la ley de las fake news”, seguía en discusión entre los congresistas y había expectativa de que fuera votado, lo que no ocurrió. 

En total, se identifcaron al menos 54 casos de lobistas de empresas tecnológicas que anteriormente pasaron por organismos públicos en Brasil —68% de la lista total de lobistas identificada—, como revela esta investigación. Por ejemplo, Sérgio Garcia Alves, de ALAI, trabajó en Anatel, en la Casa Civil y en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación antes de convertirse en gerente de políticas públicas en la asociación.

En Chile, la abogada Aisén Etcheverry fue reprendida por la Contraloría de su país por haber sido parte, en 2019, de un comité que tomó una decisión a favor de Amazon Web Services, la empresa en la que había trabajado meses antes. A pesar de eso, su carrera siguió en ascenso: fue Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación entre marzo de 2023 y julio de 2025; y en paralelo, fue la ministra vocera de Gobierno entre diciembre de 2024 y julio de 2025. Su caso muestra cómo la cercanía de algunos funcionarios con las tecnológicas les ha sido útil a estas multinacionales para hacer negocios.

La decisión que motivó el fallo en su contra “fue el resultado de un proceso abierto, donde se recibieron distintas propuestas”, dijo Etcheverry a esta alianza periodística.

De vigilar a aplaudir en Colombia

El 30 de mayo de 2024, Worldcoin se lanzó en Colombia. Es un servicio que escanea los iris de las personas que accedan a él a cambio de dinero, y dice que con ese procedimiento puede “verificar la humanidad” de sus usuarios, es decir, darles una credencial con la que algunos servicios digitales van a poder saber que se trata de seres humanos y no de ‘bots’. Tools for Humanity (TfH), la empresa matriz de Worldcoin, fue fundada por Sam Altman, quien también fundó Open AI y es uno de los ejecutivos más influyentes de esa industria. TfH está prohibida en Brasil.

Al día siguiente, la SIC publicó un escueto comunicado de prensa en su página web. Decía ese anuncio: “Invitamos a los ciudadanos a informarse diligentemente sobre las eventuales consecuencias de otorgar acceso a su iris a esta compañía, pues la empresa referida no ha demostrado… que esta práctica no implica la recolección de datos personales sensibles”. La entidad reguladora también anunció una investigación contra TfH para verificar si esta cumplía con las leyes de protección de datos. (La investigación continúa en proceso en septiembre de 2025).

Entre febrero y diciembre de 2024, el abogado Grenfieth Sierra era el superintendente delegado de datos personales de la SIC. Su oficina estaba a cargo de esa investigación, Pero el 2 de abril de 2025, ya afuera de la SIC y como profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario,Sierra dijo: “Mantener privacidad estricta no es un buen negocio. Se necesita romper lógicas de privacidad, porque esas lógicas de privacidad es lo que se denomina monetización”.

Estaba en un evento académico abierto en esa universidad. También insistió en que los ciudadanos son quienes deberían decidir qué tanto de su privacidad deciden entregarles a las empresas.

Antes de Sierra, habló Lorena Buzón, directora de asuntos públicos de TfH. Primero le agradeció al profesor Sierra “por llevar a cabo estas discusiones”, y luego afirmó que su producto es en realidad una “tecnología de mejora de la privacidad”.

En una publicación en su Linkedin, Buzón dice que Sierra organizó la conferencia. No hubo menciones a los anuncios del pasado: ni el Sierra anfitrión, ni nadie más, habló de la investigación que su oficina había abierto contra Worldcoin. Tampoco se discutió el hecho de que Worldcoin hubiera tenido líos con los reguladores de varios países justamente por las preocupaciones sobre la forma como maneja los datos personales de sus usuarios.

Sierra respondió a esta alianza que la investigación de la SIC estaba a cargo de la directora de investigaciones de datos personales, y no de él. A pesar de que esa directora era su subalterna directa, asegura que nunca asumió “competencia para investigar a TfH”. Además dijo que el evento fue organizado por la Universidad y que su rol fue cumplir “tareas de coordinación”, y que ni él ni la institución recibieron alguna contraprestación por el encuentro.

Los que no cuentan

Para los usuarios de esta región son imprescindibles la mensajería de WhatsApp, las redes sociales de TikTok y Meta, YouTube, la búsqueda de Google, o las nubes de Google Cloud o de Amazon. Las usan para conversar, informarse, archivar sus fotos y documentos y expresar sus visiones del mundo. Por ello, cuando algo sale mal y —por ejemplo— una niña cae en manos de un pervertido sexual que la enganchó en un grupo de una red social, la gente querría saber a dónde quejarse, a dónde advertir de esa cuenta peligrosa.

Muchos usuarios no saben cómo hacer para que una plataforma los escuche, ni cómo poner una queja, o cuándo tienen derecho a hacerlo. Ni siquiera es fácil para organizaciones reconocidas de la sociedad civil, como la colombiana Red Papaz, que ha intentado en varias ocasiones sentarse a hablar con las Big Tech de cómo evitar daños a los menores. “Es como hablarle a una pared que te dice, de antemano, que no va a hacer absolutamente nada”, contó al CLIP y a Cuestión Pública Alejandro Castañeda, jefe del Centro de Internet Seguro de esa ONG .

Tampoco los mecanismos de protección de las plataformas son tan efectivos. En Colombia, un estudio de la Comisión Reguladora de Comunicaciones, publicado en 2025, concluyó que solo el 48% de los padres o madres de menores de edad usan las herramientas de protección diseñadas para filtrar contenidos audiovisuales en plataformas como YouTube; y solo el 34% las utilizan en redes sociales. En México, un reporte de 2022 del Instituto Federal de Telecomunicaciones encontró que apenas el 26,2% de los usuarios de internet domiciliario utilizan alguna herramienta de control parental. Y en Estados Unidos, plataformas como Discord y Snapchat le dijeron al Congreso en 2024 que menos del 1% de los padres de niños y niñas usan esas herramientas.

Incluso cuando se conocen estos mecanismos, no hay garantía de que funcionen. Iniciativas como Circuito, de la organización Linterna Verde, han documentado estas injusticias. Por ejemplo, un caricaturista colombiano falsamente señalado de diseminar contenido de odio y perdió por 10 años su cuenta de TikTok. Otro caso es el de un popular creador de contenido mexicano que fue suspendido de YouTube por un video en el que hablaba de formas legales de emigrar a Canadá. Algunas veces los usuarios con contactos, o con cuentas muy populares, logran revertir esos fallos, pero muchos no lo consiguen.

Muchos países ni siquiera tienen oficinas locales de Meta, Google o TikTok. Hay matices y excepciones, pero lo usual es que los asuntos de Ecuador y Perú se traten desde las oficinas en Colombia; los de Uruguay, Chile y Paraguay, desde Argentina; y los de Centroamérica, desde México. X, la antigua Twitter, cerró todas sus oficinas en América Latina y atiende sólo desde sus cuarteles estadounidenses. Por el tamaño de su mercado, y la manera como las autoridades han intentado ponerles límites a las Big Tech, Brasil es la excepción.

De otra parte, a la hora de reportar sus estados financieros a las autoridades, varias de estas plataformas ni siquiera separan los ingresos, gastos y pagos de impuestos relacionados con América Latina, sino que van agrupados con las de otras regiones del mundo.

Como dice Castañeda, de Red Papaz, nuestro uso de plataformas digitales es “inequitativo con el consumo que están teniendo otros usuarios en otros países”. Y esa inequidad también se ve en la regulación que las autoridades han logrado erigir allá, y las tecnológicas han podido frenar aquí.

En Europa, en cambio, la Ley General de Protección de Datos les permitió a ciudadanos de 11 países europeos demandar a Meta para que su información no sea usada para alimentar modelos de inteligencia artificial de esa compañía. La empresa tuvo que parar de hacerlo y decidió no lanzar algunos productos de IA en ese continente.

En contraste, la mayor parte de los usuarios latinoamericanos de Meta no pueden impedir que la empresa use sus datos para alimentar sus modelos de IA, como denunció la organización Access Now. 

“En la mayor parte los países de la región no existen leyes de protección de datos personales y en otros donde sí hay, se encuentran desactualizadas”.

Access Now

De nuevo, una excepción es Brasil, donde la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) prohibió en junio pasado que Meta utilizara datos de usuarios del país para entrenar la IA. Después de cumplir con las medidas impuestas por la ANPD — que incluyen no utilizar información de niños y permitir que los usuarios nieguen el acceso a sus datos — la empresa retomó la práctica, con algunas restricciones. En diciembre, la autoridad también le impidió a X utilizar cuentas de niños, niñas y adolescentes para alimentar su IA.

Esto, a pesar de que una mayoría apoya que se regule a estos gigantes. Un estudio realizado por Ipsos encontró que “el 55% de las personas en Argentina, Brasil, Colombia y México apoyan la regulación de la IA, y la proporción aumenta al 65% entre quienes declaran tener un buen conocimiento de la herramienta”.

La falta de reglas sobre uso de datos les conviene a las Big Tech. Como dice Alphabet, la casa matriz de Google, en su informe anual de 2024 a la Security and Exchange Commission, “cumplir con esas leyes y regulaciones puede ser oneroso para nosotros, y, de forma individual o conjunta, aumentar nuestros costos operativos, reducir la utilidad de nuestros productos y servicios, limitar nuestra capacidad para llevar a cabo determinadas prácticas comerciales u ofrecer determinados productos y servicios”.

Así las cosas, gobiernos y reguladores, con marcos legales débiles, pocos recursos y —muchas veces— una comprensión limitada de tecnologías complejas, deben hacer frente a estas compañías. El resultado son empresas fuertes, regulaciones débiles y usuarios desprotegidos. Es, como dice Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia, “una cancha completamente desbalanceada”.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.