Atentados en Guayas reviven tensa relación de la Asamblea con la Corte Constitucional por la Ley de Inteligencia

Los atentados con explosivos que se produjeron el 14 y 15 de octubre en Guayas reactivaron la tensión entre la bancada de gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), y la Corte Constitucional (CC) por la Ley de Inteligencia.

Según los legisladores oficialistas, si la normativa hubiese estado vigente se podría haber evitado que el ataque de la noche del martes —que dejó un fallecido y algunos heridos cerca de un centro comercial de Guayaquil— se concretera.

ADN reclama que —casi dos meses después de quedar suspendida, por supuestas inconstitucionalidades, y cerca de un mes desde que se hizo la audiencia por dichos reclamos— los jueces no hayan emitido un dictamen. 

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Caso distinto a las leyes urgentes de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública que ya tuvieron sentencia y fueron declaradas inconstitucionales, el 26 de septiembre, pese a ser analizadas al mismo tiempo que la Ley de Inteligencia.

Por eso, el legislador de ADN, Andrés Castillo, adelantó que desde la Asamblea insistirán "con todos los escritos que sean necesarios a la Corte, para que tenga la bondad de pronunciarse sobre el fondo y no se queden con el cuento de que hay inconstitucionalidades de forma", dijo.

Artículos suspendidos

A inicios de agosto, la Corte Constitucional admitió a trámite cerca de una veintena de demandas por supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Inteligencia, aprobada por la mayoría oficialista y sus aliados, el 10 de junio de 2025. 

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A la par, frenó la aplicación de artículos como el de gastos especiales y la incineración de sus respaldos, la doble identidad de los agentes, los requerimientos de información a las operadoras telefónicas sin orden de juez y la interceptación de documentos o comunicaciones sin orden judicial.

Según el oficialismo, esta última norma pudo ser clave para interceptar las llamadas telefónicas de los posibles autores materiales y intelectuales y que las autoridades se adelanten y detengan la planificación de los atentados.

"Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden adelantarse a estos crímenes, simple y llanamente, porque a la Corte Constitucional le parece más importante garantizar el derecho a la intimidad a quienes nos pretenden someter"

Andrés Castillo, asambleísta de ADN

La CC argumentó que la medida cautelar de suspensión de 12 artículos se concedió ante el "riesgo de afectación inminente y posiblemente irreversible a los derechos a la intimidad, protección de datos personales, inviolabilidad de la correspondencia, acceso a la información pública y debido proceso".

Tanto los argumentos de defensa del gobierno y la Asamblea, así como las acusaciones de los demandantes fueron escuchadas por los jueces constitucionales el 1 de septiembre, sin que hasta el momento se emita una decisión definitiva.