Prisión preventiva para la cúpula de la ANT: Nueve funcionarios tras las rejas por delincuencia organizada

La justicia ecuatoriana tomó la primera decisión tras la audiencia de formulación de cargos del caso Jaque, con el que se dio un golpe contra la corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). 

Este 31 de enero de 2026, un juez  Anticorrupción ordenó prisión preventiva para nueve de los diez procesados, incluido el director ejecutivo nacional de la entidad, Pedro Javier Abril Alegría, señalando la gravedad de una presunta estructura de delincuencia organizada que operaba desde dentro del organismo rector del transporte.

La Fiscalía General del Estado expuso una investigación que se remonta a julio de 2025, iniciada tras una denuncia al 1800-Delito. Según los elementos de convicción presentados, esta red cobraba tarifas ilícitas que oscilaban entre USD 150 y USD 250 por trámite. 

El esquema permitía a los usuarios obtener matrículas, licencias y permisos de operación saltándose el sistema regular de turnos y revisiones, una práctica que operaba en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La lista de procesados revela una infiltración en los mandos medios y operativos de la ANT. Además del Director Nacional, la medida de prisión preventiva recayó sobre Ximena Carrera y Gustavo Costta, ambos Jefes de Oficina de Atención al Usuario. 

Así como sobre personal técnico y asistentes como Oswaldo Huertas, Edwin Sanguano, Dora Sierra y Manuel Palacios. La red también tenía ramificaciones externas y políticas, evidenciadas en la detención de Enrique Castillo Aveiga, teniente político de la parroquia Cascol en Manabí. 

La única excepción a la medida privativa de libertad fue Emma Aguayo Escobar, directora de Pichincha de la ANT, quien recibió medidas alternativas como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó evidencias recabadas en 23 allanamientos, incluyendo cientos de licencias, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que corroborarían el modus operandi de la organización.

 Con el inicio de la instrucción fiscal, que tendrá una duración de 90 días, los implicados enfrentan un proceso bajo el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, delito que conlleva una pena de hasta diez años de cárcel, mientras la institución permanece intervenida administrativamente para sanear sus bases de datos.