Caso Triple A: Fiscalía apunta al alcalde Aquiles Alvarez, contadores y empresarios de gasolineras

Después de 69 días de instrucción fiscal, la Fiscalía General del Estado (FGE) decidió vincular a 10 personas más en el caso Triple A. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, será uno de los nuevos procesados en la causa por presunto almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en provincias fronterizas.

El 21 de febrero de 2025, a las 21:17, el fiscal Carlos Alarcón —que está a cargo del caso Triple A— solicitó que se fije hora y fecha para esa vinculación. 

Luego de este pedido, Jairo García, juez de la Unidad Anticorrupción, dio al Ministerio Público un plazo de 48 horas para aclarar si en la nueva lista de personas a vincular había alguna con algún tipo de fuero. Es decir, si son autoridades cuyos casos penales deben ser tratados directamente ante Corte Nacional o Provincial.

Según el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), los alcaldes, como es el caso de Aquiles Alvarez, deben ser procesados ante la Corte Provincial, que sería la del Guayas. Sin embargo, para que esto suceda, el supuesto delito debe relacionarse con sus funciones, lo cual no sucede en el caso Triple A

El alcalde Alvarez no es investigado por nada relacionado con su cargo, sino por su rol como gerente de Copedesa y presidente de CorpAlubri y Ternape Petroleum, antes de ser electo. Estas con las compañías indagadas. Lo que indica que su caso se mantendrá ante la Unidad Judicial Anticorrupción de primer nivel.

El alcalde Alvarez aseguró que no hay elementos para vincularlo, "esto es persecución pura y está demostrado en el proceso", dijo.

Fiscalía apunta a las gasolineras

En la nueva lista de las 10 personas que serán procesadas, además del alcalde Aquiles Alvarez, hay cuatro contadores. Cuando el caso empezó, ya habían sido sindicadas otras tres personas con esta profesión. Presuntamente, trabajaban para las empresas involucradas y conocían de las supuestas irregularidades.

Además, hay cinco empresarios que, según los datos de la Superintendencia de Compañías, son dueños de empresas dedicadas a la comercialización de combustibles (gasolineras).

La Fiscalía argumenta que ha rastreado que Copedesa, una de las empresas relacionadas con el alcalde Alvarez, vendió combustible a varias gasolineras, supuestamente, de manera irregular. Uno de los casos es el de Raúl Arnaldo Zambrano Orellana.

Según el Ministerio Público, este empresario tiene una gasolinera en Zamora Chinchipe, a la que Copedesa habría vendido más de 7 millones de galones de combustible, cuando su capacidad de almacenamiento era para unos 10.000 galones.

También está el caso de Édgar Moisés Flores Torres, quien tiene una gasolinera en Santa Rosa (El Oro). A esta distribuidora, Copedesa le habría entregado 153.400 galones de diese prémium con una factura de USD 326.400 entre enero y septiembre de 2024. Sin embargo, la UAFE solo registra pagos por USD 106.920.

El caso Triple A

El caso Triple A empezó con una denuncia de Nicole Bermúdez, coordinadora de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARC), en Guayas, en julio de 2024.

La funcionaria señaló posibles diferencias en el volumen de combustible despachado por Petroecuador y el facturado por varias estaciones de servicio. Esto se habría evidenciado en un informe del SRI de junio de 2024.

Con base en esa denuncia, la Fiscalía investigó y recabó indicios que apuntan a la existencia de una relación comercial por la venta de diésel entre varias empresas con otras distribuidoras de combustible. La mayoría de estas estaciones se encuentra en zonas fronterizas y con alta actividad minera.  

"El diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio", es una de las hipótesis que maneja el Ministerio Público en su investigación.

Por esta razón, inicialmente, cinco personas y cinco empresas fueron procesadas por el presunto delito de almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en zonas fronterizas.

Ahora, el alcalde Aquiles Alvarez se sumará a los procesados, junto a nueve personas más. Aunque, en su primera comparecencia oficial en el caso, a través de su defensa, el político insistió en que es objeto de una persecución.