Caso Triple A: Las restricciones de la cárcel del Ecuentro impidieron que se instale la audiencia

La audiencia de juicio del caso Triple A no pudo instalarse la mañana de este 22 de marzo de 2026. El día previo, en una decisión controvertida, el Tribunal ordenó que los abogados se viajen a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, para que acompañen a sus defendidos desde el centro penitenciario. En lugar de trasladarlos a ellos al Complejo Judicial Norte en Quito.

Pero este pedido de los jueces solo consiguió demorar el proceso. Debido a los problemas técnicos ya conocidos y denunciados de esa prisión, los acusados y sus defensas no pudieron conectarse, por lo que la audiencia se postergó de las 08:30 a las 15:00.

Además, el Tribunal responsabilizó a las autoridades del Servicio de Atención Integral (SNAI) por la "falta administrativa" que impidió que existan las condiciones necesarias para que los acusados ejerzan su derecho a la defensa. Esto pese a que el día anterior, los jueces habían ordenado que el SNAI brinde "facilidades para el ingreso de abogados y materiales".

Por ejemplo, la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció graves fallas técnicas desde el centro de privación de libertad, debido a una conexión deficiente que genera interrupciones, eco y una calidad de audio que impide escuchar con claridad a los abogados. 

Asimismo, contó que se restringió el ingreso de herramientas indispensables, como una tablet que contenía el expediente digital, limitando el ejercicio de la defensa y vulnerando el debido proceso.

Por todo ello, el Tribunal se vio obligado a ordenar finalmente el traslado de Alvarez y César Emilio B. I. hacia la Unidad Judicial Penal del cantón La Libertad, para que tengan el contacto directo necesario con sus abogados y una conexión estable para el desarrollo de la diligencia.

El caso Triple A tiene como figura central al alcalde Alvarez, quien encabeza una lista de 16 personas naturales llamadas a juicio por el supuesto delito de comercialización ilegal de combustible en la frontera norte.

Junto a ellos, seis empresas vinculadas al sector de los combustibles, también enfrentan la indagación de la Fiscalía, que sostiene la existencia de una red estructurada para el desvío de combustibles subsidiado.