Caso Triple A | Fiscalía solicita prisión preventiva para el alcalde Aquiles Alvarez por incumplir con citación
La Fiscalía apunta a que se revisen medidas alternativas a la prisión tanto al alcalde de Guayaquil como a un exgerente de una empresa involucrada. Tribunal suspendió la audiencia hasta la tarde.

Complejo Judicial Norte de Quito, donde este 29 de septiembre de 2025 se instaló audiencia de revisión de medidas cautelares al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
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Fiscalía
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La Fiscalía General del Estado pidió este lunes 29 de septiembre de 2025 la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y contra el exgerente de una de las empresas vinculadas al proceso, en el marco del Caso Triple A, que investiga una presunta red de comercialización ilegal de combustibles subsidiados en Ecuador.
La solicitud se presentó durante la audiencia de revisión de medidas cautelares instalada esta mañana en el Complejo Judicial Norte de Quito. Según el fiscal del caso, ambos procesados incumplieron con la medida de presentación periódica que les fue impuesta.
Alvarez aclaró el pasado 17 de septiembre que no acudió a su citación de la Fiscalía del 1 de septiembre pasado porque ese día viajó a Quito para asistir a una reunión de seguridad convocada por la Cancillería y el Ministerio del Interior, debido a la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Señaló que si lo quieren encarcelar que lo hagan y calificó el proceso como una persecución.
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Caso Triple A
El Caso Triple A involucra a seis empresas y 16 personas naturales, entre ellas al alcalde de Guayaquil. La investigación se centra en el presunto desvío de combustibles subsidiados, lo que habría ocasionado un perjuicio millonario al Estado ecuatoriano según la Fiscalía.
La investigación arrancó en 2023. En julio de 2025, un juez aceptó el llamamiento a juicio tras considerar que existían indicios suficientes para continuar con el proceso penal. Se ordenó el uso de grillete electrónico para Alvarez, quien ha denunciado una supuesta persecución política.
Además de Alvarez, la Fiscalía también apunta a que se revise la medida cautelar a José C., exgerente y contador de una de las compañías investigadas, quien habría tenido un rol clave en la administración financiera de la red empresarial involucrada. La acusación del caso sostiene que, a través de estas estructuras, se desviaban combustibles regulados hacia supuestos canales ilegales de distribución.
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