Comisión Cívica en Quito critica demoras en la designación del nuevo Fiscal General de Ecuador

Con un llamado a la transparencia y con criticas al Consejo de Participación, se presentó la Comisión Cívica de Seguimiento del Concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado, en Quito, este 3 de junio. 

La iniciativa, integrada por representantes de la academia, gremios de abogados, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, busca fiscalizar de manera independiente el proceso de selección del reemplazo de Diana Salazar, quien renunció al cargo en mayo de 2025. 

“La intención es acompañar el concurso desde afuera, levantar alertas y permitir el debate público”, explicó Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, durante la presentación de la comisión. 

En la comisión participan universidades como la PUCE, SEK, la Universidad de los Hemisferios, la Universidad Espíritu Santo, el Colegio de Abogados de Pichincha, la Unión Nacional de Periodistas, y se cuenta, además, con el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos.

Uno de los principales cuestionamientos se dirige al reglamento que rige el proceso de elección del nuevo fiscal en Ecuador. 

Según Ocaña, dicho documento excluye a abogados litigantes que hayan defendido en los últimos 10 años casos relacionados con 36 tipos penales, lo que limitaría injustificadamente la participación de profesionales penalistas.

“¿Qué abogado penalista no ha defendido algún delito dentro de ese listado? Esto puede estar direccionado para beneficiar a fiscales, jueces, defensores públicos, o alguien por ahí”, advirtió Ocaña.

Un proceso demorado

Por su parte, Marcelo Espinel, representante de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, criticó los tiempos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). 

Recordó que el mandato de Diana Salazar culminó el 8 de abril de 2025, pero el Consejo no tuvo lista una nueva autoridad para esa fecha.

“El Consejo empezó tarde, acumula más de un año de retraso y ni siquiera ha conformado la Comisión Ciudadana de Selección”. 

Marcelo Espinel, comisión cívica

Ocaña también cuestionó que el reglamento vigente fue elaborado por un exvocal del Consejo de Participación, actualmente procesado por el caso Ligados, lo que comprometería aún más la legitimidad del proceso.

Mientras que Espinel alertó que el proceso de designación podría extenderse hasta por nueve meses, lo que mantendría a Wilson Toainga en funciones subrogantes durante al menos un año más, salvo que surjan nuevas acciones legales.

La Comisión Cívica no participará directamente como parte del Comité de Selección, pero sí realizará un monitoreo independiente de cada fase del concurso.

Entre sus acciones están evaluar a los postulantes de forma paralela al Consejo de Participación, y comparará resultados. 

“Queremos ver si coinciden nuestras calificaciones con las del Consejo. Esa será una forma de medir la transparencia”.

Paúl Ocaña, comisión cívica

Aún hay posibilidad de que el reglamento sea reformado. El Consejo de Participación ha anunciado que convocará mesas técnicas, aunque no ha fijado un cronograma claro. Las organizaciones presentes temen que nuevos cambios respondan a presiones políticas antes que a criterios técnicos.