Jueza del caso Fernando Villavicencio es suspendida durante tres meses sin sueldo
Según el Consejo de la Judicatura, la jueza del caso Fernando Villavicencio incurrió en la falta gravísima de dolo, por lo que fue suspendida durante tres meses.
Imagen referencial del Complejo Judicial Norte, en Quito, el 23 de febrero de 2026.
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Fiscalía
Autor:
Redacción Primicias
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El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió en sus funciones, durante tres meses y sin sueldo, a la jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Pichincha, María Daniela Ayala, quien lleva el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio.
Según el organismo, la magistrada incurrió en la falta gravísima de dolo al emitir medidas alternativas a la prisión preventiva a favor de dos personas señaladas por el crimen del exasambleísta y excandidato presidencial.
La resolución llegó este lunes, 2 de marzo de 2026, aunque se trata de una nueva suspensión para la jueza que tuvo en su despacho el caso por el magnicidio de Fernando Villavicencio en su audiencia inicial.
"Un órgano jurisdiccional ha declarado la existencia de dolo en la actuación de la jueza (Ayala) dentro de un proceso por asesinato con presuntos vínculos a estructuras de delincuencia organizada".
Damián Larco, presidente encargado de la Judicatura
La suspensión no es una sanción, sino una medida preventiva que estará vigente mientras se desarrolle el sumario administrativo en su contra, aclaró el organismo.
Ayala es jueza de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, en el norte de Quito. Fue asignada con el caso Magnicidio FV, que es en el que la Fiscalía busca a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.
El 3 de septiembre de 2025, Ayala dirigió la audiencia de formulación de cargos contra José Serrano, Xavier Jordán, Daniel Salcedo y Ronny Aleaga. La Magistrada negó el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía en contra de Serrano y Jordán.
Además, tuvo varios encontrones con Ana Hidalgo, la agente fiscal a cargo del caso. Llegó a decirle que "la Fiscalía no puede ser el brazo ejecutor del político de turno". Por esta razón, Wilson Toainga, exfiscal General, denunció a Ayala ante la Judicatura.
El 12 de septiembre de 2025, el CJ suspendió provisionalmente a Ayala durante 90 días, hasta que se complete el sumario administrativo. Y el 8 de diciembre de 2025, el Director del organismo le impuso una sanción definitiva de 30 días sin sueldo.
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