Fiscalía no menciona supuesta vinculación de dos detenidos en Otavalo al Tren de Aragua, que asegura el Gobierno

Por tratarse de un supuesto delito de terrorismo, la audiencia de calificación de flagrancia contra los detenidos en Otavalo durante el paro nacional de 2025 se realizó ante Karol Zambrano, jueza de la Unidad Especializada en corrupción y crimen organizado.

La tarde del 22 de septiembre de 2025, durante el primer día de las protestas convocadas por la Conaie contra la eliminación del subsidio al diésel, un grupo de manifestantes -según las versiones del Gobierno, la Policía y la Fiscalía- atacaron el cuartel de la Policía Nacional, provocando el incendio de vehículos policiales y civiles.

Tras la captura de los sospechosos por ese ataque, el presidente Daniel Noboa y John Reimberg, ministro del Interior, revelaron que dos de los detenidos eran extranjeros y estarían vinculados al Tren de Aragua, banda criminal venezolana. Se trata de Berny Jonathan A. A. y William Andrés R. L., sobre quienes el Gobierno informó que entraron ilegalmente al país.

Al día siguiente de esas detenciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a la justicia la realización de una audiencia para calificar la flagrancia y formular cargos por supuesto terrorismo contra 13 personas. En la lista aparecieron los dos extranjeros, así como varios miembros de comunidades indígenas.

Además, en la lista de investigados también están Gina Betel C. T. y Washinton Jeremy L. P., quienes -según organizaciones sociales- estaban desaparecidos tras sus detenciones en el contexto del paro nacional. Sin embargo, ambos fueron representados por abogados privados en la diligencia.

En la audiencia, Galiano Balcázar, fue el fiscal a cargo del caso. El agente basó la presentación de su caso en el parte 2025-09-23-0426541809, firmado por siete agentes de la Policía Nacional, en el que se relató el ataque al cuartel policial y otras agresiones que los uniformados habrían recibido durante la jornada de protestas del 22 de septiembre de 2025.

Sin embargo, ni en ese parte policial ni en las intervenciones del Ministerio Público -para la calificación de la flagrancia y la formulación de cargos- se hizo mención de la supuesta vinculación de dos de los detenidos y a los presuntos desmanes en la protesta al Tren de Aragua, por lo que este anuncio público del Gobierno no fue judicializado.

Más bien uno de los abogados de la defensa, durante la primera parte de la audiencia, manifestó que la Fiscalía no había señalado cuáles eran los elementos para que el Gobierno hable de esa vinculación criminal. Pero, la jueza Zambrano lo interrumpió y le manifestó que estaba incluyendo información que no había sido considerada por la Fiscalía, por lo que ella no lo tomaría en cuenta.

Tras escuchar las alegaciones del Ministerio Público y de los abogados de los 13 detenidos, la Magistrada inicialmente declaró la legalidad de la detención y dio paso a la formulación de cargos.

Balcázar dijo que los 13 detenidos habrían participado de manera directa en el presunto delito de terrorismo, durante el ataque al Comando de la Policía Nacional y la Policía Judicial de Otavalo. Además, de la destrucción e incineración de vehículos en ambos predios.

Según la Fiscalía, los detenidos usaron bombas molotov para atacar a estas dependencias policiales, que fueron lanzadas con “bazucas artesanales”. Además, los manifestantes se habrían robado una alimentadora de un arma policial y un chaleco antibalas. Estos señalamientos se basaron, sobre todo, en versiones rendidas por uniformados.

Sobre medidas cautelares, en cambio, la Fiscalía solicitó prisión preventiva en contra de las personas investigadas. La pena que podrían afrontar los ahora procesados va desde los 19 hasta los 22 años de cárcel.

Ahora es el turno para que las defensas de los 13 sindicados se pronuncien sobre la solicitud de las medidas. Y, finalmente, la jueza Zambrano deberá pronunciarse sobre esos pedidos y declarar abierta la instrucción fiscal del caso.

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