La Fiscalía en números rojos: faltan 632 agentes para investigar más de un millón de casos

La justicia en Ecuador está en crisis. Y eso no se refleja únicamente en los múltiples escándalos de supuesta corrupción, sino, en el desequilibrio entre la demanda de justicia y la capacidad operativa del Estado para responder en esta área.

PRIMICIAS reveló que, entre 2020 y 2025, a la Fiscalía ingresaron 1,9 millones de noticias del delito y apenas el 2,4 % obtuvo sentencia. Entonces, la pregunta que nace es: ¿qué pasa en el Ministerio Público para esta deficiente operatividad?

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La realidad se resume en los números: para atender a una población de 18,1 millones de habitantes y una criminalidad desbordada, la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta, a diciembre de 2025, con apenas 870 agentes fiscales a escala nacional.

El déficit de personal no es una percepción, es un dato técnico reconocido por la propia institución. Según la FGE, Ecuador debería contar con un nivel óptimo de 1.501 fiscales para brindar un servicio adecuado.

Sin embargo, la realidad muestra un hueco de 632 plazas vacantes, lo que significa que el Ministerio Público opera con un déficit del 42 % de su capacidad ideal. 

El fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, admite que esta carencia no es nueva, sino un "antecedente histórico" que resta productividad y contundencia a la respuesta estatal, pues no solo faltan fiscales, sino también equipos de apoyo, como secretarios y asistentes, indispensables para mover la maquinaria procesal.

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El déficit por provincias

Al poner la lupa sobre las cifras por provincia, la distribución revela que las más violentas son las más desatendidas. La situación de Guayas es crítica: cuenta con 178 fiscales, pero su nivel óptimo es de 374; es decir, le faltan 196 agentes, operando con menos de la mitad del personal requerido. 

Manabí tiene un cuadro similar: con apenas 50 fiscales activos enfrenta un déficit de 81 funcionarios, lo que explica, en gran medida, la saturación de casos en una de las rutas claves del narcotráfico. Pichincha, aunque tiene el mayor número de fiscales con 196, aún necesita 85 más para alcanzar su nivel óptimo.

En provincias como Esmeraldas, golpeada por la violencia fronteriza, faltan 23 fiscales que son casi la mitad de lo necesario.

Pero, contratar más personal parece una utopía cuando se revisa los recursos que maneja la institución. Alarcón asegura que el presupuesto asignado para 2026 asciende a USD 138,3 millones. La cifra, aunque parece abultada, es insuficiente: el 92 % de ese dinero se va en el pago de la nómina actual. 

Esto deja apenas un 8 % —unos USD 11 millones— para cubrir todas las necesidades operativas a escala nacional, desde insumos básicos hasta peritajes y protección.

Menos fiscales, más casos

Para los expertos, el dinero no es el único problema. El abogado penalista Pablo Encalada advierte que, si bien la falta de recursos es una verdad innegable, también existe una saturación provocada por el "populismo penal" de los políticos, que han enseñado a la ciudadanía a llevar cualquier conflicto a la Fiscalía, inflando las estadísticas con casos que podrían resolverse por otras vías. 

Richard Villagómez, exjuez nacional, coincide en que el problema es estructural y va más allá del número de fiscales: apunta a una "alta burocratización", la falta de laboratorios y procesos que no son idóneos. Además, recuerda que el sistema funciona como un engranaje y de nada sirve tener más fiscales si los jueces, que también sufren suspensiones y destituciones, están trabajando al 60 % de su capacidad.

La consecuencia de esta falta de manos y recursos es un represamiento que se mide en millones. Según Alarcón, la carga no se limita a las denuncias nuevas de cada año; al 31 de diciembre de 2025, existen 1.461.325 expedientes fiscales activos en el país, sumando investigaciones previas, instrucciones fiscales y etapas de juicio acumuladas de años anteriores.

La solución definitiva, que implica concursos de méritos y oposición para llenar las vacantes, depende del Consejo de la Judicatura, una entidad que también alega falta de presupuesto para organizar dichos procesos y que actualmente atraviesa una crisis de legitimidad, con su presidente, Mario Godoy, enfrentando un juicio político por supuestos nexos con el crimen organizado.

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Así, mientras la Función Judicial no logra operar al 100 %, en los despachos fiscales de provincias como Los Ríos o El Oro, donde el déficit de fiscales es de 41 y 14 respectivamente, la impunidad gana terreno. 

La ciudadanía, por su parte, como señala Villagómez, percibe esta inoperancia y siente "desazón", optando muchas veces por no denunciar al ver que el sistema está colapsado.