Gobierno de Ecuador reclama competencia del aeropuerto de Guayaquil y de USD 400 millones que administra la ciudad
El Ministerio de Infraestructura y Transporte ordenó a la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil reformar sus estatutos en cinco días para ceder la mitad del directorio al Estado central, con voto dirimente. En el Partido Social Cristiano advierten de un atentado a la autonomía municipal.
Vista de parte de la pista y una fachada del Aeropuerto de Guayaquil, a cargo de la Autoridad Aeroportuaria (AAG), fundación municipal cuya conformación pretende cambiar el Gobierno Nacional.
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Dirección General de Aviación Civil
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Un oficio del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), enviado el 4 de marzo de 2026, encendió un nuevo frente político y jurídico entre el Gobierno central y el Municipio de Guayaquil. La cartera de Estado solicitó a la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) iniciar una reforma integral de sus estatutos para garantizar la participación directa del Ejecutivo en la dirección estratégica del organismo que administra el aeropuerto de la ciudad.
PRIMICIAS tuvo acceso al oficio, firmado por el subsecretario de Transporte Aéreo encargado del MIT, Carlos Mora Estrella. El documento se le remitió a la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, y al gerente de la Autoridad Aeroportuaria, Carlos Baquerizo, y concede un plazo de cinco días para remitir una propuesta de reforma estatutaria que será validada jurídicamente por el ministerio.
La disposición se sustenta en la interpretación del Gobierno sobre el marco constitucional que regula la actividad aeroportuaria. Según el oficio, la Constitución establece que el Estado central tiene competencia exclusiva sobre puertos y aeropuertos, lo que incluye la rectoría, regulación, control y supervisión del sector.
"La intervención del Ministerio constituye un ejercicio legítimo de una competencia constitucional exclusiva, orientada a garantizar la correcta administración de recursos públicos, la coherencia de la gestión aeroportuaria con la política pública nacional y la sujeción plena al ordenamiento jurídico”.
Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).
Desde el Partido Social Cristiano (PSC) advirtieron sobre una amenaza a la autonomía municipal. La AAG cuenta con un fideicomiso de cerca de USD 400 millones acumulados para la construcción del nuevo aeropuerto de Daular, en un sector de la vía a la Costa, en el oeste de la ciudad.
Pero en septiembre de 2025, el presidente de la República, Daniel Noboa expresó su intención de construir el nuevo aeropuerto en Taura (Naranjal), al sureste de Guayaquil.
La propuesta abrió un frente de tensión con el Municipio: el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, denunció que el Gobierno buscaba disolver o liquidar la AAG, presuntamente con el objetico tomar control de los millonarios recursos municipales destinados al proyecto aeroportuario.
El Gobierno reclama rectoría sobre gestión y recursos
- En el documento, el ministerio señala que la actividad aeroportuaria constituye un servicio de interés público cuya titularidad corresponde al Estado central, conforme al artículo 261 numeral 10 y al artículo 314 de la Constitución.
- También cita jurisprudencia de la Corte Constitucional -la sentencia Nº.003-09-SIN-CC-, que sostienen que las competencias exclusivas del Estado no pueden ser desplazadas por normas infraconstitucionales ni por estructuras administrativas descentralizadas.
- Según el ministerio, aunque la gestión de los aeropuertos puede delegarse, esa delegación no implica la transferencia de la titularidad de la competencia ni limita la capacidad del Estado para dirigir y supervisar la actividad.
- Bajo ese argumento, el oficio sostiene que los recursos generados por la explotación y administración de infraestructura aeroportuaria -incluidos los manejados mediante fundaciones municipales o fideicomisos- mantienen naturaleza pública. "La naturaleza pública de dichos recursos no se altera por el mecanismo de administración adoptado", reza el documento.
- Por ello, la cartera de Estado considera necesario adecuar los estatutos de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil al marco constitucional vigente. Se cita también un pronunciamiento de la Procuraduría respecto que se deben "adecuar los actos y contratos -suscritos con anterioridad a la Constitución de 2008- al marco constitucional vigente"
- Entre los cambios planteados se incluye una reconfiguración del directorio de la AAG. El ministerio propone que el organismo esté integrado por 10 miembros: cinco representantes del Estado central y cinco designados por la organización que actualmente administra el aeropuerto.
- El planteamiento también contempla que la presidencia del directorio sea ejercida por el propio Ministerio de Infraestructura y Transporte o su delegado -como ente rector del sector- con voto dirimente, "en atención a la competencia exclusiva del Estado central sobre la materia".
- Asimismo se propone que decisiones clave, como la aprobación del presupuesto, reformas presupuestarias, planes operativos o el control financiero, deban contar con la aprobación del directorio y no puedan ser adoptadas unilateralmente. El gerente general de la fundación, además, pasaría a ser elegido directamente por el directorio bajo este nuevo esquema.
PSC denuncia intromisión en la autonomía de Guayaquil
La concejala Ana Choez, del Partido Social Cristiano (PSC), calificó la medida como una intromisión y un atentado contra la autonomía administrativa de Guayaquil.
La funcionaria sostuvo que la gestión del aeropuerto fue delegada al municipio hace cerca de dos décadas -en 2006- y que, a partir de esa delegación, se creó la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, entidad que ha administrado la terminal bajo un modelo de concesión transparente y eficiente.
"Hay que recalcar una posible extralimitación administrativa. Una cosa es que se quiera hacer un llamado de atención con relación al control o a la regulación, que tiene el Gobierno central con relación al aeropuerto. Y otra cosa es que quiera entrometerse en la parte administrativa que no le corresponde, porque es de competencia del Municipio de Guayaquil", dijo Choez.
Choez cuestionó además el plazo de cinco días fijado en el oficio para reformar los estatutos, al considerar que los cambios requieren procesos internos y decisiones institucionales que no pueden resolverse de manera inmediata.
Señaló frente al citado fallo de la Corte Constitucional que lo que cabría en última instancia es que la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil pase de ser una Fundación a una empresa pública. "La Constitución permite la gestión delegada", dijo.
“Estamos frente a una nueva afrenta de los recursos de los guayaquileños, de una fundación que ha venido trabajando de forma eficiente (...) Quitarle el manejo que por delegación tiene el Municipio de Guayaquil es inadmisible".
Ana Choez, concejal de Guayaquil.
El PSC emitió un comunicado en el que señaló que se pretende "arrebatar" al competencia que se obtuvo como resultado de una lucha por la autonomía de la ciudad. "En la practica esto es control total y fin de la competencia sobre el aeropuerto y el dinero que produce", anotó el partido.
Según el pronunciamiento, el aeropuerto estuvo bajo competencia del Gobierno central hasta mediados de la década de 2000, cuando la administración municipal del exalcalde socialcristiano Jaime Nebot asumió su gestión mediante un modelo de concesión.
El PSC sostiene que, desde entonces, la terminal aérea ha sido transformada en una infraestructura reconocida internacionalmente y que genera más de USD 30 millones anuales para la ciudad, "sin que le haya costado un centavo al Gobierno Central".
El Partido Social Cristiano considera que el planteamiento del ministerio podría sentar un precedente que permita al Gobierno central retomar otras competencias municipales, como las relacionadas con tránsito, agua potable y otros servicios. "Ningún mal alcalde justifica este atropello", sostiene.
¿Con un alcalde detenido falta liderazgo?
En PSC señaló que sería inaceptable -y generaría rechazo ciudadano- que el Municipio de Guayaquil permita que se de paso a una reforma que termine perjudicando los intereses de la ciudad. (El alcalde Alvarez, que guarda prisión preventiva por los casos Triple A y Goleada, era quien había liderado la oposición a la pretensión del Gobierno central de "liquidar o disolver la AAG" desde finales de 2025).
"El hecho de que haya un alcalde con prisión preventiva y una alcaldesa que no tiene el liderazgo suficiente puede provocar que confunda la competencia del Estado con la gestión del servicio. Y es lo que nos preocupa frente a un plazo arbitrario de solo cinco días", resumió Chóez.
Consultado por PRIMICIAS, el Municipio de Guayaquil informó que prepara una rueda de prensa para los próximos días para fijar su posición sobre el tema. En tanto, desde el Ministerio de Infraestructura y Transporte señalaron que aún analizan si emitirán un pronunciamiento oficial al respecto
La discusión abre un nuevo debate sobre los límites entre la titularidad de competencias del Estado y la gestión delegada de servicios públicos por parte de los gobiernos autónomos descentralizados.
Clave económica del conflicto
En el eje de la disputa estaría un fideicomiso aeroportuario, según alertó en su momento el alcalde, considerado uno de los mayores fondos de infraestructura municipal del país:
- La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil cuenta con casi USD 400 millones acumulados en el fideicomiso para el proyecto del nuevo aeropuerto (eran USD 345,6 millones hasta finales del año pasado, más al menos USD 35 millones que debía aportar Tagsa al fideicomiso en enero de 2026).
- Estos recursos están destinados a financiar el Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil en Daular, cuya inauguración está proyectada para 2031, tras más de 25 años de planificación y USD 49 millones en estudios técnicos.
- La AAG tiene USD 115 millones invertidos en bonos, de los cuales 15 millones son bonos del Estado, de acuerdo a información municipal. La entidad ha generado USD 43 millones generados en intereses, según informó al final de 2025 la Municipalidad.
- Unos USD 35 millones anuales es lo que aporta la concesionaria TAGSA al fideicomiso. La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil contaba hasta finales de 2025 con alrededor de USD 10 millones en sus cuentas, además del dinero del fideicomiso del nuevo aeropuerto.
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