Ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, no irá a juicio político por caso Progen
El Consejo de Administración Legislativa negó el pedido de juicio político impulsado por la revolución ciudadana, en contra de la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, por el caso Progen.

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, durante su participación en un foro el 3 de septiembre de 2025.
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Ministerio de Energía
Autor:
Redacción Primicias
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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) inadmitió la solicitud de correísmo para llevar a juicio político a la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, por supuesto incumplimiento de funciones.
En un documento del 29 de septiembre de 2024, el CAL, encabezado por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, desestimó el pedido de los asambleístas Juan Andrés González, Lenin Barreto y Blasco Luna al explicar que "no cumple con los requisitos determinados en el artículo 131 de la Constitución".
Según el CAL, la solicitud fue negada porque "37 firmas presentadas, se verificó la duplicidad en dos pertenecientes a los asambleístas Ana Belén Yela Duarte y Juan Kleiner Guzmán Cruz, por lo que la solicitud cuenta únicamente con 35 firmas válidas. En consecuencia, al no alcanzar el mínimo de una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional, el pedido resulta improcedente".
El pedido de llevar a juicio político a Manzano llegó al CAL en septiembre de 2025 debido a un supuesto incumplimiento de funciones en el caso Progen. Pese a la negativa, el asambleísta Luna adelanta que "volveremos a presentar el pedido de juicio político porque no puede quedar en la impunidad el desfalco de los contratos mal elaborados. que perjudican al Estado".
Este caso nace luego de que Ecuador sufrió cortes de luz de hasta 14 horas diarias a finales de 2024, debido a la fuerte sequía que golpeó al país.
Para intentar mitigar la crisis, el Gobierno firmó un contrato con Progen para instalar dos centrales eléctricas de 150 megavatios en El Salitral y Quevedo, algo que finalmente no ocurrió. Es por eso que la Contraloría General del Estado realizó en examen especial, en el que determinó indicios de responsabilidad penal por supuestas pérdidas millonarias para el Estado.
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