Contraloría determina indicios de responsabilidad penal en la compra del blindado para uso del alcalde de Cuenca

La Contraloría General del Estado aprobó el informe correspondiente a un examen especial que analizó varios procesos de contratación realizados por el Municipio de Cuenca, incluyendo la compra de un vehículo blindado para uso del alcalde Cristian Zamora. 

"Como resultado de esta acción de control se sugieren sanciones administrativas por USD 63.550 y se determinaron informes con indicios de responsabilidad penal, que fueron remitidos a la Fiscalía para el trámite pertinente", indica la Contraloría en un comunicado difundido el viernes 5 de diciembre de 2025.

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Irregularidades en la compra del vehículo blindado

En 2024, el Municipio de Cuenca adquirió un vehículo blindado para la movilización de su alcalde, quien aseguró que la compra se debía a recomendaciones de seguridad. 

El vehículo tuvo un costo de USD 176.800 más IVA. Además, el contrato incluyó el servicio de los primeros 10 mantenimientos, por USD 4.699 adicionales.

Uno de los hallazgos de la Contraloría es que el Informe de Necesidad y Especificaciones Técnicas del para la adquisición del vehículo blindado "no tuvo sustento técnico y estudios previos, lo que ocasionó que se limite la participación de otros oferentes", dice un comunicado de la entidad de control.

• El costoso carro de la Alcaldía de Cuenca quedó con varios daños, a menos de un año de su compra 

Esta situación afectó los principios de igualdad y transparencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, añade la Contraloría.

Según el informe de la Contraloría, "la selección del vehículo con las características requeridas generó el incremento de gastos de mantenimientos repetitivos y prematuros".

Además, el vehículo blindado operó hasta los 3.581 kilómetros sin el título habilitante, fue conducido por un servidor que no tenía licencia y no se observó la depreciación aplicada en el primer periodo, considerando el monto del vehículo sin el valor agregado del blindaje, de acuerdo con el informe.

La Contraloría también encontró inconsistencias en otros procesos de contratación ejecutados en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.