Militares apresaron ilegalmente, torturaron y administraron 'suero de la verdad' a miembros Alfaro Vive Carajo, según la Fiscalía

En esta primera jornada, la Fiscalía presentó como testigos a Susana Cajas y Francisco Jarrín, exintegrantes del grupo subversivo, quienes relataron las torturas que sufrieron por parte de militares y policías.

El Tribunal compuesto por los jueces Javier de la Cadena, Manuel Cabrera y Katty Muñoz suspendió la audiencia de juicio contra los seis procesados y convocó para su reinstalación para este jueves, a las 09:15.

Tras la reinstalación de la audiencia fue el turno Nelson Bolívar Enríquez Gómez, quien según la Fiscalía fue jefe de la Unidad de Contrainteligencia Quito (CIQ). 

Su abogado, Emilio Donoso, explicó que Enríquez nunca fue parte de esa instancia militar y también señaló que el Ministerio Público no pudo establecer como su defendido cometió el delito por el que lo acusan. “El capitán Nelson Enríquez nunca perteneció al CIQ”, dijo el abogado.

Agregó que Enríquez se involucró en el caso porque, por orden de Apolo, estuvo a cargo de devolver la libertad de Vaca y dejarlo en su casa en 1988.

Finalmente, fue el turno de Fernando Ignacio Ron Villamarín, quien trabajaba como médico de la Escuela de Inteligencia. Su defensa manifestó que el único nexo de Ron con el caso es un certificado médico, desde el que la Fiscalía “construyó un relato de un medico torturador”.

Explicó que Ron era el médico de la unidad militar y atendía uniformados y a sus familiares. Pero, agregó el abogado, ninguna de las víctimas puede decir que él les haya inyectado algo.

 Tras escuchar los alegatos de apertura de la parte acusatoria, el Tribunal dio paso a la exposición de la defensa de los seis acusados. 

La defensa de Luis Eduardo Piñeiros Rivera, exministro de Defensa, aseguró que no existe prueba que demuestre que haya tenido control sobre unidades operativas que cometieron los delitos juzgados en el caso, ya que su rol era únicamente administrativo y político como ministro de Defensa. Por lo que adelantó que no habrá forma de desmontar el estado de inocencia de Piñeiros.

El representante Manuel Marcelo Delgado Alvear, exoficial de Inteligencia del Ejército, por su parte, dijo que probará en el juicio que Delgado no tuvo ninguna participación en el delito de lesa humanidad, en caso de que se compruebe la existencia de esta infracción.

Según su abogado, en la época de los hechos, Delgado no trabajo en la Escuela de Inteligencia, ya que en esa época se desempeñó como jefe de la Casa Militar de la Presidencia. Por lo que no tuvo conocimiento de la presencia de Luis Vaca en esa dependencia militar. Y cuándo se enteró, ordenó que se le brinde protección hasta que abandone ese predio.

En el turno Juan Raúl Viteri Vivanco, excomandante de la Escuela de Inteligencia, su abogado manifestó que este caso se basa en el informe de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, aseguró que ese documento “no tiene ni pies ni cabeza” y que fue dirección, ya que los mismos miembros de AVC fueron coautores.

Agregó que la delegada de Galo Chiriboga, fiscal General cuando se inició este caso, habría aceptado que el informe que determinó la existencia de delitos de lesa humanidad se hizo por orden político. Y que incluso, desde el Ministerio Público se buscó a Viteri Vivanco para negociar su testimonio.

La defensa de Mario Ricardo Apolo Williams, comandante de la Escuela de Inteligencia, en cambio, expuso que en la época de los hechos Apolo estaba prestando sus servicios en la Academia de Guerra, es decir, no tuvo conocimiento del supuesto apresamiento.

Y fue trasladado a la Escuela a finales de diciembre de 1987, se enteró de que Luis Vaca estaba en ese lugar. Pero la información que recibió era que esta persona estaba entregando información sobre AVC y le estaban brindando seguridad y protección.

Antes del mediodía, el Tribunal suspendió la audiencia. Todavía falta la exposición de apertura de Nelson Bolívar Enríquez Gómez y Fernando Ignacio Ron Villamarín. Posteriormente, la Fiscalía y las víctimas empezarán la exposición de sus pruebas. La audiencia se reanudará a las 14:00.

Estos son los nombres y supuestos roles de los acusados en el caso:

Juan Raúl Viteri Vivanco, comandante de la Escuela de Inteligencia, quien habría sido quien dirigió las detenciones, interrogatorios y afectaciones físicas y psicológicas de las víctimas. 

Manuel Marcelo Delgado Alvear, director de Inteligencia del Ejército, supuestamente responsable de la administración de la información de inteligencia. Recibía información de los detenidos y sostenía su aislamiento ilegal.

Nelson Bolívar Enríquez Gómez, jefe de la Unidad de Contrainteligencia Quito (CIQ), quien estaba a cargo de la logística relacionada con los detenidos ilegalmente, incluyendo los traslados y liberaciones.

Fernando Ignacio Ron Villamarín, médico de la Escuela de Inteligencia, habría sido quien administró el llamado ‘suero de la verdad’ a las víctimas durante los interrogatorios.

Mario Ricardo Apolo Williams, comandante de la Escuela de Inteligencia, quien habría decidido la continuidad de la detención y desaparición forzada de Luis Vaca, tras la liberación de Jarrín y Cajas.

Luis Eduardo Piñeiros Rivera, ministro de Defensa, quien fue el responsable de la política de defensa nacional durante el conflicto con AVC.

 En el arranque de la audiencia de juicio, Carlos Alarcón, en su calidad de fiscal General subrogante, expuso la teoría acusatoria del caso. El agente indicó que hubo una acción coordinada entre estructuras estatales en contra de personas que fueron tratadas como objetivos internos. Agregó que se cometió una serie de violaciones de derechos humanos, que en su conjunto componen delitos de lesa humanidad. 

Recordó que en los años 70 y 80, en América Latina varios Estados adoptaron medidas de seguridad para garantizar la supervivencia de los Estados sobre la garantías de los ciudadanos. Para lo que se establecieron aparatos de inteligencia, detenciones clandestinas y técnicas de interrogatorios físicos y psicológicos.

En el caso específico de Ecuador, según Alarcón, se articuló un aparato estatal comprendido por instancias militares y policiales que actuaban de manera clandestina, y que era ordenada desde el más alto nivel jerárquico del Estado.

Durante el juicio, la Fiscalía intentará probar que el 10 de noviembre de 1985, Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Francisco Javier Jarrín Sánchez fueron detenidos sin orden judicial en Esmeraldas y, posteriormente, trasladados a la Escuela de Inteligencia Militar, en Conocoto, donde fueron sometidos a interrogatorios con torturas y malos tratos.

Además, recalcó que Vaca permaneció desaparecido dos años, bajo custodia de personal militar, hasta que fue liberado en Ibarra.

También, Alarcón dijo que en las dependencias militares, durante esta época, funcionaron dispensarios médicos en los que se administró pentotal sódico a los presos. Esta sustancia se conoció como ‘el suero de la verdad’, y era usado en los interrogatorios.

Antes de la instalación del juicio, la defensa de Luis Eduardo Piñeiros Rivera, exministro de Defensa de Febres Cordero, solicitó que no se instale la audiencia hasta que su representado sea sometido a pericias psicológica y psiquiátrica. Según el abogado, el procesado presenta una demencia que le impide atender esta audiencia. 

La Fiscalía y la defensa de las víctimas se opusieron a esta pretensión. Albán, por ejemplo, recordó que en las últimas semanas Piñeiros ha firmado dos escritos. Incluso, la defensa de parte de los procesados también solicitaron que no se dé paso al diferimiento.

Luego de cerca de 30 minutos de deliberación, el Tribunal descartó el pedido de Piñeiros, ya que la pericia no fue solicitada con el tiempo necesario. Por lo que declaró instalada la audiencia de juicio.

Debido a que Luis Vaca Jácome, una de las víctimas en esta causa, ya falleció, Juan Pablo Albán, abogado de su familia, solicitó al Tribunal que sus hijas y su esposa -en calidad de herederas- sean reconocidas como acusadoras particulares en el proceso. 

Parte de la defensa de los procesados se opusieron a esto. Sin embargo, el juez De la Cadena -tras una breve deliberación- dio paso a que las familiares de Vaca asuman la acusación particular.

Pasadas las 08:30 del 5 de noviembre de 2025, los jueces Javier de la Cadena, Manuel Cabrera y Katty Muñoz empezaron la tramitación de la audiencia de juicio contra seis oficiales militares en servicio pasivo, por un presunto delito de lesa humanidad.