En VIVO | Juicio político a Mario Godoy: Exvocal de la Judicatura habla de "actos irregulares" en el organismo

La exvocal de la Judicatura, Solanda Goyes, dijo que llegaba a la Comisión de Fiscalización para hablar de ciertos actos del CJ que considera irregulares, durante la administración de Mario Godoy.

Aseguró que anualmente ingresan al sistema judicial unas 700.000 causas, pero que en ninguna de ellas cabe que un funcionario Judicial contacte al juez que lleva el caso para pedirle que falle de una u otra manera.

"Asambleístas de ADN me han llamado y me han pedido información de cómo funciona el Consejo de la Judicatura y que debe hacer en estos casos", dijo. Según Goyes, esa sería muestra de que existe interés de todas las bancadas por enfrentar este tema.

La exfuncionaria relató una serie de eventos que se habrían producido en la entidad desde noviembre de 2024, coincidiendo con el llamado a juicio de Srdan por un caso de lavado de activo.

Por ejemplo, la no resolución de sanción para tres jueces de la Unidad Anticorrupción que fueron investigados en el denominado caso Fachada, por supuesto tráfico de influencias.

Una de las investigadas era la jueza Gabriela Lara que, al no ser sancionada por la Judicatura, se pudo reintegrar al tribunal que estaba juzgando al serbio Jezdimir Srdan.

Lara fue la única que no falló en contra del narcotraficante de origen europeo, explicó Solanda Goyes.

La exfuncionaria reconoció que votó a favor de la designación de Henry Gaibor como director de la Judicatura en Pichincha, pero que dejó por escritos varios cuestionamientos y las dudas que le generaba.

Fue Mario Godoy quien propuso el nombre de Gaibor, quien sería el funcionario que se contactó con el juez Serrano con el objetivo que "le ponga atención" a lo que planteaba la defensa del serbio Srdan. A eso agregó, que Godoy habría votado a favor de la suspensión del juez Christian Fierro, que también había votado por condenar a Srdan, por lo que al quedar si dos de sus integrantes, el tribunal no podía emitir la sentencia por escrito

El inicio de la sesión estuvo marcado por el reclamo correísta por la presencia del abogado Stalin Raza y la supuesta intención del jurista de convertir un proceso político en una suerte de juicio penal

Viviana Veloz le recordó que, de acuerdo a la ley, el juicio político tiene un carácter subjetivo y no objetivo como si lo tienen los procesos penales.El correísmo también acusó a ADN de querer proteger a Godoy al darle varios "privilegios" desde que inició la fase de sustanciación del juicio político el lunes 3 de febrero.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, negó que el oficialismo intente blindar a Godoy y pidió que se pare con ese "relato". Su coidearia, Ana Belén Tapia, dijo que lo que el correísmo llama "proteger a Godoy" en realidad es respetar el debido proceso para que luego no se aleguen vicios de nulidad del enjuiciamiento.

El exPachakutik, Luis Nango, dijo que al parecer el correísmo tiene una "bola mágica" para saber lo que pasará en la Comisión de Fiscalización. Ante los reclamos de los interpelantes le dijo a Ferdinan Álvarez que "si tiene que suspender la sesión 10.000 veces", lo haga.

Los cerca de 20 testimonios que se recibirán en esta fase del enjuiciamiento, fueron solicitados por los cinco asambleístas interpelantes: Viviana Veloz, Liliana Durán, Raúl Chávez, Xavier Lasso y Franklin Samaniego, de Revolución Ciudadana (RC).

En tanto que el titular de la Judicatura, Mario Godoy anunció el lunes 4 de febrero de 2026 que su prueba se basará únicamente en una serie de documentos escritos y no en testimonios.

Carlos Serrano, quien es uno de los convocados a rendir su versión el 4 de febrero de 2026, es el juez sobre quien se habría ejercido una supuesta presión por parte de un funcionario del CJ para que falle a favor del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, en un juicio por lavado de activos.

En tanto que José Suing, para entonces presidente de la CNJ, propuso el nombre de Godoy dentro de la terna enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para la designación, pese a una serie de alertas en torno al funcionario.