Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia enfrenta primeras acciones de inconstitucionalidad

Tal como ocurrió con otros proyectos urgentes en materia económica del Gobierno de Daniel Noboa, la flamante Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que abarca reformas a la Seguridad Social, también deberá sortear demandas ante la Corte Constitucional.

Hasta este lunes 6 de octubre de 2025, al menos dos acciones de inconstitucionalidad han sido presentadas ante el máximo tribunal en contra de esta norma, a menos de una semana de que fuera publicada en el Registro Oficial.

Una de las principales implicaciones de la ley es que otorga al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) la facultad de vender los créditos en mora —hipotecarios, quirografarios o prendarios— que no han sido pagados a tiempo por afiliados o jubilados.

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Además de la venta de la cartera vencida a entidades privadas, esta norma permite la designación del vocal del Consejo Directivo del IESS directamente desde el poder Ejecutivo y plantea que el costo operativo de la elección de los vocales restantes se realice con cargo al presupuesto del IESS.

La primera acción de inconstitucionalidad fue presentada por la abogada Patricia Borja "por la forma" en la que fue aprobada esta norma por la mayoría oficialista que controla la Asamblea Nacional.

Mientras que la demanda de la Fundación Inredh se centra en algunas disposiciones reformatorias. Según la organización, al habilitar la prenda del portafolio de inversiones y la venta de la cartera vencida, se compromete el patrimonio del sistema de seguridad social. 

Además, considera que el hecho de que el Ejecutivo designe directamente al vocal del Consejo Directivo del IESS, sin la intervención de la Asamblea Nacional como órgano de representación popular, contradice los principios de transparencia y participación en la administración pública. Esta medida, señala, elimina la participación ciudadana y suprime un mecanismo de control que garantizaba pluralidad, deliberación y transparencia en la toma de decisiones.

Hace menos de un mes, la Corte dejó sin efecto por vicios de procedimiento la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, los primeros proyectos que fueron presentados con el carácter de económico urgente por el Ejecutivo.

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