Ley urgente sobre fundaciones tiene primeras comparecencias en Comisión de la Asamblea

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea recibió este martes, 5 de agosto de 2025, las primeras comparecencias como parte del trámite del proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, que incluye el control a las fundaciones. La mesa le cambió de nombre a Ley de Transparencia Social.

A una semana de que el proyecto fuera presentado por el presidente Daniel Noboa, con el carácter de económico urgente -el cuarto en lo que va de su segundo mandato-, la mesa legislativa recibió las comparecencias de Julio Neira, director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe); y Freddy Monge, intendente general técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Durante su intervención, Julio Neira enfatizó la necesidad de garantizar transparencia en el manejo de recursos por parte de fundaciones, especialmente aquellas que reciben fondos del exterior o canalizan recursos a través de terceros. 

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Neira destacó que el proyecto incluye elementos esenciales como el registro financiero, la obligación de reportar operaciones inusuales o sospechosas y la articulación efectiva con autoridades de control, como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y el Ministerio de Gobierno.

“Desde la UAFE respaldamos firmemente este marco normativo, porque permitirá un control más eficiente sin criminalizar la labor de cientos de fundaciones que trabajan por el desarrollo del país. Una regulación clara no implica persecución, sino integridad institucional y confianza en nuestro sistema financiero”, subrayó.

Sin embargo, la asambleísta del correísmo Liliana Durán expresó sus temores, aunque sin aludir a que en el 2013, durante el Gobierno de Rafael Correa, se expidió un Decreto Ejecutivo para el control a las organizaciones sociales. 

"No es solo una reforma técnica lo que se está planteando. Es un intento de imponer control político sobre las organizaciones sociales, criminalizar la participación ciudadana y darle al Gobierno herramientas para perseguir a quienes disienten".

Liliana Durán, asambleísta de RC

Por su parte, Freddy Monge, intendente general técnico de la Superintendencia, indicó que, actualmente, muchas fundaciones operan sin un marco homogéneo de supervisión, lo que genera vacíos que afectan la transparencia y la confianza pública.

En este sentido, sostuvo que esta normativa permitirá definir competencias claras entre las entidades de control, establecer obligaciones mínimas de gobernanza y rendición de cuentas, y brindar estabilidad jurídica a las fundaciones.

El funcionario subrayó que las exigencias serán diferenciadas: mientras las fundaciones pequeñas, de alcance local o comunitario, podrían tener requisitos menos rigurosos, aquellas que manejan mayores recursos o fondos internacionales deberán cumplir con mayores estándares. Este enfoque escalonado, afirmó, evitará imponer cargas innecesarias.

Sin embargo, la aplicación de esta ley podría desbordar a la Superintendencia, ya que actualmente vigila a 400 entidades financieras y 17.000 organizaciones de la economía popular y solidaria. 

"Con estas nuevas competencias que establece el proyecto de ley se sumarían un poco más de 60.000 fundaciones y organizaciones de la sociedad civil y más de 1.000 cajas de ahorro, que estamos trabajando en un proceso de depuración", señaló Monge.

La presidenta de la Comisión, asambleísta Valentina Centeno, consideró que, con el uso de la inteligencia artificial y voluntad política, es posible identificar flujos de capital irregulares que utilizan estas organizaciones como fachada para delitos como el financiamiento del crimen organizado y la minería ilegal.