Paro | Pueblo Kichwa Karanki pide veeduría de la ONU y la UE en diálogos con el Gobierno

El Tribunal instalado en el Complejo Judicial Norte, que trata la apelación a la prisión preventiva de manifestantes de comunidades indígenas detenidos en Otavalo, por la quema de un cuartel policial, suspendió la audiencia.
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​Posteriormente se informará la fecha y hora en la que la audiencia será reinstalada.

En un comunicado, el Pueblo Kichwa Karanki afirmó que el Gobierno "no ha demostrado voluntad" para dialogar, a la vez que propuso "instalar una mesa de diálogo nacional con el gobierno con acompañamiento internacional en un lugar neutral".

Se hizo una invitación a que la Unión Europea y la ONU sea veedores de ese posible diálogo, además de embajadas, iglesias y otras organizaciones sociales.
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​La organización también señaló que, a su consideración, las declaraciones de Reimberg de "a partir de ahora, cualquier que cosa que pase será responsabilidad de ellos", constituirían una "afrenta" a sus vidas.

Con mesas y sillas dispuestas en círculo dentro de una de las salas del Complejo Judicial Norte, en Quito, se buscó tener un diálogo "de igual a igual" entre jueces y líderes comunitarios provenientes de nueve comunidades indígenas de Otavalo.

Custodiados por guías penitenciarios, los detenidos -en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas- se sentaron detrás de los líderes comunitarios y los abogados defensores, siguiendo un protocolo diseñado para generar un acto de confianza entre las partes.

La intención del tribunal fue conocer a fondo las condiciones sociales, económicas y culturales de los detenidos, quienes enfrentan cargos por terrorismo y pertenecen a comunidades indígenas de la provincia de Imbabura, que concentra las protestas contra el Gobierno.

"Se ha dispuesto una mesa de diálogo de igualdad para poder afianzar elementos de entendimiento de la justicia ordinaria y la justicia indígena", explicó el tribunal.

Entre los asistentes estuvo Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE, quien demandó que los jueces "resuelvan en justicia" y hagan respetar los derechos de los pueblos indígenas.

Los líderes comunitarios tomaron la palabra uno por uno.

Coincidieron en que este caso debe ser tratado como un yaki, término kichwa que se refiere a "un suceso catastrófico que afecta a toda la comunidad y que, por tanto, debe resolverse de manera colectiva, con la participación activa de taitas, mamás y abuelos sabios", indicaron.

Castañeda, mientras tanto, responsabilizó al Gobierno de represión en Imbabura y de haber excluido a la dirigencia de la CONAIE de los diálogos.

En la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea, el delegado del Ministerio de Defensa informó que "se han empleado 5.000 militares para defender Quito; 5.000 para combatir los actos violentos en Imbabura, y 1.000 para los convoy humanitarios", lo que en total suma 11.000 soldados desplegados en distintos puntos del país.

Un tribunal penal avanza con el diálogo intercultural que busca conocer en primera instancia la realidad social, económica y cultural de los 12 detenidos de Otavalo.

Cada uno, con camiseta naranja y pantalón gris, se presentó ante el tribunal para identificar a los líderes de las comunidades.

"Yo le conozco, tiene dos hijos. Trabaja de albañil y es el único que aporta al sustento de la familia. En mi comunidad nos conocemos todos. Somos quichuas de Otavalo", fue el relato de una dirigente de la comunidad de Cachicuyá sobre uno de los detenidos.

Los detenidos y líderes comunitarios intentaron hablar en su idioma materno, el quichua, pero los jueces pidieron que lo hagan en idioma español.

La intención de la defensa de los detenidos es que el Tribunal conceda medidas alternativas a la prisión preventiva y disponga que ellos pasen a custodia de las comunidades indígenas a las que pertenecen.

Antes de reinstalar la audiencia, los jueces revocaron la orden para que se realice una pericia intercultural, que fue dispuesta el viernes 17, cuando se instaló esta diligencia.

Acogieron así los argumentos de los defensores, quienes señalaron que una pericia de este tipo hubiese costado unos USD 4.500 por cada detenido porque abarca temas como visitas insitu.

Los jueces también negaron el pedido de la Fiscalía para que se difiera la audiencia.

Con la presencia de 10 de los 12 detenidos por los disturbios ocurridos hace un mes en el cuartel policial de Otavalo, la tarde de este martes 21 de octubre de 2025 se reinstaló en el Complejo Judicial Norte de Quito la audiencia de apelación a la prisión preventiva.

A esta diligencia también acuden representantes de nueve comunidades de este cantón de Imbabura, además de los abogados defensores y representantes de la Fiscalía.

Los detenidos fueron trasladados vía área desde Otavalo.

Previo a una resolución, los tres jueces que integran el Tribunal Anabel Tapia, Esteban Coronel y Fernando Sánchez, optaron por celebrar un diálogo intercultural, al tratarse de personas de comunidades indígenas quichua.

Para facilitar ese diálogo se presentó un académico de la Universidad Politécnica Salesiana, quien dijo que se trata de un diálogo sin jerarquía, de comprensión mutua y de confianza para establecer acuerdos.

Luis Yépez, abogado de los detenidos, mencionó que entre los pedidos constan que se revoque la prisión preventiva y se dicten medidas alternativas como que los detenidos pasen a custodia de las autoridades comunitarias.

Yépez explicó que uno de los detenidos no presentó a tiempo el pedido para que se revoque la prisión preventiva y otro se encuentra en otra cárcel

Los alcaldes de Cotacachi y Antonio Ante, cantones ubicados en Imbabura, enviaron una carta al cardenal Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en la que le piden que interceda como mediador "para que se retome el diálogo entre el Gobierno nacional y las organizaciones indígenas de Imbabura", dice el documento.

"Este pedido lo formulamos, con el único afán de evitar más pérdidas humanas y buscar la paz y la unidad para continuar dialogando y encontrando puntos en común por el bienestar de todos los ecuatorianos", añade la carta firmada por los dos alcaldes.

El pasado 1 de octubre, la Conferencia Episcopal ya se había pronunciado haciendo un llamado al diálogo tanto al Gobierno como a las organizaciones indígenas.

Diez de las 12 personas que fueron detenidas por los disturbios en el Cuartel de la Policía en Otavalo, provincia de Imbabura, el 22 de septiembre, fueron trasladados a Quito, a casi un mes de lo ocurrido.

Según indicó a PRIMICIAS Wilson Iza, abogado defensor de los detenidos, esta medida responde a una orden judicial para la realización de una audiencia de diálogo intercultural en el Complejo Judicial Norte de la capital.

Los detenidos y sus defensores deberán comparecer a las 14:00 a una sala de este Complejo, en donde se reinstalará la audiencia por la apelación de la prisión preventiva y cambio de medidas cautelares solicitada por la defensa.

"Tenemos el diálogo intercultural. Por esa razón es que se requiere la comparecencia personal de los comuneros para que reconozcan a sus miembros de las comunidades, así como también para tener un mayor acercamiento para confirmarlo", dijo Iza.

El abogado explicó que "dentro de los temas en donde están involucradas las etnias indígenas es común el diálogo intercultural porque existe un protocolo emitido por el Consejo de la Judicatura".

El traslado de los procesados por el presunto delito de terrorismo se lo realiza vía aérea, mediante un helicóptero del Ejército.

Dos de los detenidos no participarán de la diligencia, debido a que uno permanece en una cárcel de Manabí y otro no apeló la prisión preventiva.

La Universidad Técnica del Norte, a través de un comunicado, exhortó al Gobierno y las organizaciones indígenas y sociales de Imbabura "a retomar, con urgencia y buena fe, el comino de diálogo".

"Imbabura merece días de tranquilidad, trabajo y esperanza; merece ver florecer sus campos, su educación, su cultura, la salud de su pueblo y su economía en un ambiente de armonía social", señaló el comunicado suscrito por el rector de este centro de estudios, Miguel Naranjo.

Un pedido similar formularon esta víspera varios municipios de Imbabura incluido el de Otavalo, en donde se concentran las protestas, mientras el Gobierno y el movimiento indígena se acusaron mutuamente de cerrar las puertas al diálogo.

En una entrevista para Teleamazonas, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, ratificó la ruptura del diálogo con el movimiento indígena.

“Los espacios de diálogo los hemos agotado desde el Gobierno Nacional. Me he sentado con el pueblo indígena de Imbabura en dos ocasiones. Hemos estado en las mesas de diálogo. El Movimiento Indígena está aprovechando para ganar tiempo”, sostuvo.

Además, confirmó que Fausto Jarrín, exasambleísta de las filas del correísmo y exabogado personal del expresidente Rafael Correa, es asesor de la Presidencia de la República, “como es público y notorio”, según dijo.

La sala de la Corte de Pichincha convocó para este martes 21 de octubre, a las 14:00, a la reinstalación de la audiencia sobre la apelación a la prisión preventiva planteada por la defensa de 11 de los 12 detenidos por el ataque a un cuartel policial en Otavalo.

La diligencia fue suspendida el 17 de octubre, cuando el tribunal dispuso que se realice una pericia intercultural antes de adoptar una resolución.

Con este recurso, la defensa de los detenidos busca medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Ellos son procesados por el presunto delito de terrorismo.