Paro nacional en Ecuador | Marlon Vargas, presidente de la Conaie, desmiente el fin de las movilizaciones y su detención

El presidente de la Conaie, Marlos Vargas, desmintió rumores de una supuesta detención en la parroquia San Rafael.

"Me encuentro bien", dijo desde Imbabura, en una rueda de prensa difundida en las redes sociales compartida en las redes sociales la noche de este viernes.

Aquí desmintió que se dé fin a las movilizaciones y, al contrario, señaló que estas continuarán. "Estamos en pie de lucha".

Agregó que pueblos de la Sierra norte resolvieron:

- Exigir la libertad inmediata de todos los detenidos en el contexto del paro nacional

- Derogatoria del Decreto Ejecutivo 126 que elimina el subsidio al diésel

- Rechazo a la consulta popular y el referendo

- Continuidad del paro nacional

- Derogatoria del estado de excepción y toque de queda en los territorios ancestrales

En medio de las protestas que se concentran en la Sierra norte de Ecuador, militares dieron seguridad a un convoy de vehículos que transportaba combustible hacia la provincia del Carchi este 26 de septiembre.

El operativo tuvo como objetivo garantizar el abastecimiento de combustible y asegurar la movilidad de los ciudadanos, así como el desarrollo normal de sus actividades diarias, informó el Ejército en un comunicado.

El personal militar escoltó el convoy y ejecutó operaciones de seguridad en los principales ejes viales de la zona, añadió. El desabastecimiento del combustible es mayor en Imbabura, vecina de Carchi, en donde se concentran las protestas.

El movimiento indígena alertó este 26 de septiembre sobre una investigación previa de la Fiscalía General del Estado en contra de dirigentes y activistas por supuesto enriquecimiento privado no justificado. 

En el listado constan medio centenar de personas, incluyendo a Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros líderes como Apauki Castro y Nayra Chalán. 

Asimismo, José Esach Puenchir, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) y Gary Espinoza, presidente de la Federación de Indígenas y Negros (Fenocin).

También, Belén Páez, directora de Fundación Pachamama; David Fajardo, de Yasunidos Cuenca, así como dirigentes de las Juntas de Agua en Azuay. A ellos la Fiscalía les pidió correo electrónico para las notificaciones, según el documento divulgado por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

"Se trata de un mecanismo más de criminalización y persecución política y judicial del gobierno de Daniel Noboa en complicidad con la Fiscalía, para frenar el paro nacional y deslegitimar nuestras demandas con falsas acusaciones", señaló la Conaie.

La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutere Quinche, quien también consta en el listado, acusó al Gobierno de ejecutar una campaña de persecución judicial, política y bloqueo bancario contra dirigentes del movimiento indígena nacional.

Las autoridades todavía no se han referido a este caso y se desconoce si la Fiscalía actuó de oficio o si recibió una denuncia, pues se trata de una investigación reservada.

Gary Espinoza también enfrenta otra investigación previa por tentativa de paralización, junto a dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE).

Mientras, Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, mantuvo contacto directo con las organizaciones del Pueblo Kayambi y Kichwa Otavalo este viernes, informó la organización en redes sociales.

El Ministerio del Interior informó este 26 de septiembre que tres personas detenidas durante los disturbios ocurridos el pasado lunes 22 en Otavalo fueron excarceladas tras la audiencia de formulación de cargos.

Se trata de dos menores de edad —Dereck Zaid M. Q. y Alberto Einstein F. F.— y la ciudadana Gina C. T., quienes habían sido aprehendidos por su presunta participación en actos de terrorismo, al incinerar y destruir bienes del Distrito Valle del Amanecer.

Los menores fueron liberados conforme a su régimen penal especial, mientras que Gina C. T. recibió medidas sustitutivas, como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades, indicó esta cartera de Estado en un comunicado.

Mientras tanto, otras 12 personas enfrentan prisión preventiva por el mismo presunto delito de terrorismo, un delito que se sanciona hasta con 40 años de cárcel en Ecuador. Una de ellas fue trasladada a la cárcel de Esmeraldas y los demás a celdas de 'El Rodeo', en Portoviejo, Manabí.

Según el Ministerio, los detenidos fueron calificados en flagrancia y se respetaron los protocolos legales, incluyendo la notificación a familiares y representación diplomática, en los casos correspondientes.

Vestidos con camisetas blancas y portando banderas del Ecuador decenas de personas se concentraron en el parque central de Ibarra, en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas del movimiento indígena en contra de la eliminación del subsidio al diésel y otras acciones del Gobierno.

La intención es llamar al diálogo a las autoridades y a los dirigentes para una salida al paro, que en sus primeros cinco días ha causado pérdidas millonarias al sector productivo de esta provincia.

Bajo la consigna "por la paz y el trabajo" también se realizan marchas y concentraciones en Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante, cantones de Imbabura que dependen en gran medida del turismo y la producción agrícola.

Las protestas del movimiento indígena y comuneros tomaron fuerza este día en el ingreso norte de Ibarra, en el sector de La Y de Salinas.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) aseguró este 26 de septiembre que se refuerzan acciones para garantizar el servicio de agua, a propósito del paro nacional convocado por la Conaie.

En un comunicado, la cartera de Estado advirtió que "la interrupción injustificada del servicio de agua potable o riego constituye una infracción grave y quien atente contra este derecho será catalogado como terrorista, con penas de hasta 40 años de cárcel".

El MAE exhortó a los municipios a adoptar medidas de mantenimiento, coordinar con las comunidades y reportar cualquier novedad. Además, invitó a la ciudadanía a denunciar la falta del servicio llamando al 1800 SIN AGUA.

A través de sus Direcciones Zonales, el Ministerio dijo que supervisa a las Juntas de Agua y prohíbe suspensiones sin justificación técnica ni autorización previa. 

El mismo día en que se registró una masacre en la cárcel de varones de Esmeraldas -donde fueron asesinados 17 presos-, uno de los detenidos en las protestas de Otavalo, provincia de Imbabura, fue trasladado a ese centro penitenciario.

Así consta en un oficio remitido por el Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) a una jueza de Imbabura, donde se señala que el traslado fue "por seguridad" el 25 de septiembre.

El detenido fue identificado como William Andrés R.J.

Otros 11 detenidos en medio de las manifestaciones fueron trasladado a la cárcel número 4 de Manabí o más conocida como 'El Rodeo' de Portoviejo.

Según el Ministerio del Interior, estas 12 personas enfrentarán cargos por terrorismo, un delito que se sanciona hasta con 40 años de cárcel en Ecuador.

El procedimiento ha ocasionado reclamos de organizaciones indígenas y defensores de los Derechos Humanos, que la tarde de este 26 de septiembre se concentraron a las afueras de la sede de la Fiscalía General del Estado, en Quito..

"No tienen antecedentes penales, pero fueron enviados a cárceles de máxima seguridad en Esmeraldas y Portoviejo, poniendo en riesgo sus vidas", publicó la Fundación Inredh en redes sociales.

Un comunicado divulgado por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, señala que, a raíz de la respuesta policial frente a un plantón en el Parque Calderón, en la noche del 25 de septiembre, surgieron "denuncias de personas heridas y presuntamente desaparecidas".
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​El consejo añadió que "de confirmarse plenamente", estos hechos "representan una grave vulneración de derechos y requiere atención urgente por parte de las autoridades competentes".
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​"Reiteramos que la protesta social es un derecho constitucional y que debe ser protegida", indicó el organismo, a la vez que instó a la ciudadanía a que las demostraciones se mantengan de forma pacífica.

En un fragmento de una entrevista a Ecuavisa, publicada este 26 de septiembre, el presidente Daniel Noboa rechazó que le corresponda negociar sobre el fin de un paro, más allá de las  compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel.
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​Noboa sostuvo su postura al decir que "en ese momento estamos nosotros mismo atentando contra la democracia".
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​El mandatario señaló que el Gobierno 'resistirá' en Imbabura "de la misma forma" en que las organizaciones indígenas lo han hecho en la provincia.

Mientras las organizaciones indígenas indican que el paro nacional, en contra el fin del subsidio al diésel, señalan que las manifestaciones continuarán, en dos cantones de Imbabura hay protestas en contra de la convocatoria. 
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​En Otavalo, imágenes de medios locales muestran a una mujer que se enfrentó a los  manifestantes que salieron a cerrar las vías, y estos le arrebataron el celular en medio de empujones. 
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​Y en Antonio Ante, mientras se realizaba una marcha, los comerciantes gritaban consignas en contra del paro y pedían que 'los dejen trabajar'. 
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​"Efectivamente, las personas que se encuentran paralizando las vías en la provincia de Imbabura, en su mayoría han causado varios daños materiales a vehículos de las Carteras de Estado", dijo la gobernadora de Imbabura, Elsy Landeta, a los medios en la provincia. 

En la cuenta de X de la Conaie, la organización indígena reportó la presencia de militares y policías en la parroquia de La Esperanza, provincia de Imbabura.
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​El ingreso se dio "generando intimidación y represión contra las familias", afirmó la Conaie, quien denunció que la represión militar y policial fue violenta. 

Un video adjunto a la publicación muestra a un grupo de manifestantes reclamar a gritos a los militares.

En otra publicación en Facebook, se observó, mediante un video, el uso de bombas lacrimógenas en la zona.
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​De acuerdo con la Conaie, varias personas resultaron heridas por la intervención de militares y policías en zonas donde se asienta el Pueblo Karanki. 
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​Además, se publicaron fotografías con cartuchos de munición con la etiqueta "LESS LETHAL DEFENSE", defensa menos letal, en inglés.

La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) afirmó en una publicación que algunas fincas ubicadas en la provincia de Imbabura han reportado que fueron agredidos y obligados a unirse al paro.
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​"Esto es premeditado, esto es terrorismo", expresó Expoflores en X, a la vez que se pronunció en exigencia en respeto al derecho al trabajo y a la libre movilización.
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​De acuerdo con la asociación, los manifestantes "robaron" los celulares al personal de las fincas "para no dejar evidencia".

En un comunicado, la Universidad de Cuenca tildó como una 'desproprocionada represión policial' las detenciones ejecutadas por la Policía en la noche del 25 de septiembre en la capital azuaya. 
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​En la noche del jueves, varios estudiantes universitarios y ciudadanos realizaban un plantón pacífico afuera de la Gobernación de Azuay, en el centro de Cuenca, pero fueron desalojados por la Policía. 
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​En videos, divulgados en redes sociales, se observa a uniformados usar la fuerza y sus motocicletas para dispersar a los manifestantes.
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​"Los registros audiovisuales evidencian con claridad estos actos injustificables de la violencia", añadió la Universidad en su comunidad, y pidió a la Gobernación sanciones para los uniformados involucrados en la presunta represión. 
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​A la Universidad se sumó el repudio de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos en Ecuador (Cedhu), que denunció un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. 
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​También urgió a las autoridades, en el caso de los detenidos, que los estudiantes tengan acceso a un abogado público particular. 

"Es fundamental que en todo momento sus familiares o abogados conozcan sus paraderos, ya que las primeras horas de detención son extremadamente sensibles para garantizar los derechos de las personas", indicó la Cedhu.

A través de videos y fotos, colgados en la cuenta X de la Conaie, la organización denunció este 26 de septiembre que policías ingresaron a la comunidad de Huaycopungo en Otavalo, cantón de Imbabura donde se han desarrollado las protestas contra el fin del subsidio al diésel. 

Según asegura la Conaie, los policías irrumpieron de forma violenta en la comunidad, y presuntamente lanzaron gas lacrimógeno a pobladores del lugar, algunos detenidos. 

Esta denuncia llega un día después de que la organización pidió la liberación de 12 manifestantes, detenidos en el contexto del paro nacional, y que luego fueron llevados hasta cárceles de Esmeraldas y Portoviejo. 

Decenas de pobladores de la nacionalidad Kichwa y otras comunidades indígenas se concentran en la Amazonía para decidir acciones de cara al paro convocado por la Conaie. 
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​En la noche del 25 de septiembre, la nacionalidad Kichwa difundió fotografías de habitantes bloqueando una vía de la Troncal Amazónica. 
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​"El paro continúa, recorremos los pueblos de la Sierra y llamamos a todas los pueblos y nacionalidades y sectores sociales a sumarse", dijo el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, en un video divulgado por la Conaie en la red social X. 

Cerca de un centenar de personas han sido detenidas durante las manifestaciones en el marco del paro de la Conaie, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otros reclamos.

Hasta el momento, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la Policía ha detenido a entre "95 y 96" personas, unos 10 más que el día anterior. 

El pasado miércoles, se ordenó prisión preventiva para 12 de los 13 procesados por el delito de presunto terrorismo debido a los ataques en un destacamento policial Otavalo, cantón de Imbabura y donde se han concentrado las manifestaciones. 
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​Por otra parte, PRIMICIAS comprobó que del total de detenidos en el contexto del paro en Ecuador, unas 48 personas son investigadas, hasta el 25 de septiembre, por delitos como terrorismo, paralización de servicio público, ataque o resistencia y lesiones a la fuerza pública.

Tras la convocatoria de la Conaie para protestar en las calles, el Gobierno ha reiterado que las manifestaciones ya no son por el alza del costo del diésel sino que tienen fines políticos con ánimos de presuntamente desestabilizar la administración de Daniel Noboa. 

"No vamos a permitir que generen esta violencia y utilicen al pueblo para que salgan a hacer actos de violencia", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con el canal RTS este 26 de septiembre. 

Como ejemplo, comentó sobre el decomiso de 18.000 galones de diésel, que, según el Ministro, "estaban previstos para ser utilizados en delitos de narcotráfico".