17 de los 48 detenidos durante el paro 2025 en Ecuador son investigados por terrorismo

Terrorismo, paralización de servicio público, ataque o resistencia y lesiones. Esos son los cuatro delitos por los que 48 personas son investigadas -hasta el 25 de septiembre de 2025- tras ser detenidas en el marco del paro nacional 2025 convocado por la eliminación del subsidio al diésel.

El 12 de septiembre de 2025, la administración del presidente Daniel Noboa anunció esa medida económica y tres días después empezaron las detenciones por las manifestaciones contra su administración.

Entre el lunes 15 y el miércoles 17 de septiembre, en Tulcán y Montúfar (Carchi) 11 personas vinculadas al sector del transporte pesado fueron detenidas y procesadas por paralización de servicio público, delito que se castiga con penas de uno a tres años de cárcel.

Ese día, el Gobierno logró negociar con ese sector y las manifestaciones cesaron. Además, la justicia otorgó medidas alternativas a los 11 procesados, que fueron liberados y actualmente aguardan por su juicio.

Sin embargo, al día siguiente -en Riobamba (Chimborazo)- la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) convocó a una paralización nacional. En el marco de esa medida, las autoridades han detenido a 37 personas más en cinco provincias.

En total, la Fiscalía ha abierto 18 casos por paralización de servicio público, tres por ataque o resistencia, dos por terrorismo y uno por lesiones. El 23 y 24 de septiembre -con 33 personas- fueron los días con más casos.

Dos casos por terrorismo contra extranjeros

17 de los 48 personas investigadas en el marco del paro son procesadas por terrorismo. Los casos se abrieron en Otavalo, provincia de Imbabura; y Riobamba, provincia de Chimborazo.

En Otavalo, 13 personas fueron vinculadas a una investigación por los ataques al Comando de Policía y al edificio de la Policía Judicial, durante los que se destruyeron e incineraron varios vehículos policiales y civiles.

Dentro de esa lista de procesados están Berny Jonathan A. A. y William Andrés R. L., quienes son venezolanos y -según el Gobierno- ingresaron irregularmente a Ecuador. El presidente Daniel Noboa y John Reimberg, ministro del Interior, revelaron que dos de los detenidos estarían vinculados al Tren de Aragua, banda criminal venezolana.

Aunque esa teoría no fue incluida por la Fiscalía en el caso penal.

En Riobamba, en cambio, fueron arrestados otro cuatro venezolanos y procesados por robo, secuestro, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y terrorismo, en concurso real de infracciones. La Fiscalía los señaló por el robo de un camión con 50 tanques de gas.

En este caso, también a través de redes sociales, Reimberg dijo que "el gas, presumiblemente iba a ser utilizado para realizar atentados explosivos, en el contexto de las protestas". Aunque esa teoría tampoco fue usada por el Ministerio Público.

¿Abusos policiales?

Otro tipo penal usado por la Fiscalía en este caso es ataque o resistencia. Esa fue la figura para abrir dos casos contra cuatro personas detenidas en Quito, la noche del 23 de septiembre de 2025.

Pero esos casos tuvieron una particularidad. La Fiscalía declaró ante la justicia que no tenía los indicios suficientes como para sospechar que los detenidos habían atacado a los policías que controlaban la manifestación. Por lo que los casos se mantienen en investigación previa y las personas fueron liberadas.

Pero, además, en uno de los casos -contra tres personas- el Ministerio Público solicitó a la Justicia que envíe el expediente del caso a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional para que investigue a los agentes que estuvieron en las aprehensiones por supuestos excesos.

Esto ante la circulación de un video en el que se ve que uno de los uniformados rocía gas pimienta directamente en la boca abierta de un manifestante, quien buscaba declarar su nombre y número cédula tras su captura, en Quito.